La oficina del Procurador Federal de Estados Unidos en Jackson, Mississippi, finaliz\u00f3 uno de los m\u00e1s importantes casos de lavado de dinero de los \u00faltimos tiempos con temas de la Ley de Secreto Bancario .<\/P>
A trav\u00e9s de una petici\u00f3n de la fiscal Cindy Eldridge, el juez Tomas S. Lee orden\u00f3 la desestimaci\u00f3n de los cargos contra AmSouth Bank que hab\u00edan sido impuesto al enorme banco regional a trav\u00e9s de un llamado \u201cDeferred Prosecution Agreement\u201d (DPA), Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido.<\/P>
\n
El caso contra el banco con sede en Alabama llev\u00f3 a la mayor multa jam\u00e1s impuesta contra una instituci\u00f3n financiera en Estados Unidos, US$50 millones. Cuarenta millones de d\u00f3lares representaron una \u201cprenda\u201d a pagar al Departamento de Justicia. Otros US$10 millones fueron una multa por incumplimiento de la Ley de Secreto Bancario por parte de la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN por sus siglas en ingles). Estos pagos fueron parte de las condiciones impuestas por el DPA, que expiraba el 13 de octubre de 2005.<\/P> El caso comenz\u00f3 con obstrucci\u00f3n de la justicia<\/STRONG><\/P> \u201cEste caso comenz\u00f3 como un caso de obstrucci\u00f3n de la Justicia, y por acuerdo de todas las partes fue resuelto como un caso relacionado con el incumplimiento de las obligaciones de reportaje de transacciones sospechosas\u201d, dijo la fiscal Eldridge. \u201cLa obligaci\u00f3n de presentar informes de actividad sospechosa fue impuesta a los bancos en 1996, pero fue una obligaci\u00f3n obviada hasta la promulgaci\u00f3n de la Ley USA Patriot de 2001\u201d, a\u00f1adi\u00f3.<\/P> Eldridge dijo que AmSouth ignor\u00f3 ocho notificaciones de comparendo de un gran jurado entre 2002 y 2003. La investigaci\u00f3n es el resultado de una investigaci\u00f3n de un enorme fraude por parte de dos clientes de AmSouth, Louis Hamric y Victor Nance, quienes organizaron un esquema \u201cPonzi\u201d a trav\u00e9s del cual obtuvieron dinero de inversionistas a cambio de la promesa del pago de un inter\u00e9s del 25% anual sobre la inversi\u00f3n. Muchos de los inversionistas hab\u00edan invertido sus ahorros de toda la vida en Nance, se\u00f1alan documentos de la corte.<\/P> AmSouth no entreg\u00f3 los documentos hasta que se convirti\u00f3 en blanco de la investigaci\u00f3n criminal. Tampoco present\u00f3 informes de actividad sospechosa, seg\u00fan el documento.<\/P> Ni el banco ni su abogado devolvieron llamadas realizadas por Lavadodinero.com.<\/P> Philip Hull, agente especial de la divisi\u00f3n de investigaciones criminals de la Agencia de Rentas (IRS por sus siglas en ingles), lider\u00f3 la investigaci\u00f3n y viaj\u00f3 muchos kil\u00f3metros a trav\u00e9s de cuatro estados donde se descubrieron pistas de los delincuentes.<\/P> Debido a la queja de los banqueros y similares comentarios de algunos funcionarios del sector regulatorio sobre el trato de AmSouth y la \u201ccriminalizaci\u00f3n\u201d del proceso regulatorio de la Ley de Secreto Bancario por parte del Departamento de Justicia, el manual est\u00e1ndar del Departamento de Justica que gobierna lo que los fiscales federales en Estados Unidos pueden y no pueden hacer sin la aprobaci\u00f3n de Washington fue modificado en julio de 2005.<\/P> El manual le ajust\u00f3 las riendas a las 93 oficinas de la Procuradur\u00eda de EE.UU.; ahora les obliga a obtener la aprobaci\u00f3n del Departamento de Justicia antes de emitir un DPA con un banco o presentar una acusaci\u00f3n criminal contra un banco por violaci\u00f3n de la Ley de Secreto Bancario.<\/P> En los c\u00edrculos legales federales a esa regla se le ha dado el nombre \u201cLa Regla Cindy\u201d.<\/P> Acuerdo DPA previo con Banco Popular<\/STRONG><\/P> El caso de AmSouth no fue el primero en el que Estados Unidos utiliz\u00f3 un \u201cAcuerdo de Enjuiciamiento Diferido\u201d contra una instituci\u00f3n. El 16 de enero de 2003, el Departamento de Justicia impuso el nuevo DPA sobre el banco m\u00e1s grande de Puerto Rico, Banco Popular de Puerto Rico, obligando a la instituci\u00f3n a pagar la suma de US$21,6 millones en confiscaciones.<\/P> Con esta arma legal, novedosa en el campo del lavado de dinero, el gobierno pudo imponer medidas severas sobre una instituci\u00f3n a la vez que manten\u00eda la amenaza de un proceso criminal durante un per\u00edodo determinado si las medidas no eran obedecidas.<\/P> El gobierno, en el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico, acus\u00f3 a Banco Popular de omitir la presentaci\u00f3n de informes de actividad sospechosa de una forma oportuna y completa, violando la Ley de Secreto Bancario (T\u00edtulo 31, USC Secciones 5318(g)(1) & (5322(b) y 31 CFR 103.18). No present\u00f3 cargos por violaciones de lavado de dinero.<\/P> Bajo el DPA, Banco Popular tuvo que reconocer su responsabilidad por sus acciones, cooperar con los investigadores de EE.UU., demostrar su buena conducta y total cumplimiento con la Ley de Secreto Bancario, pagar la confiscaci\u00f3n y acordar el pago de la sanci\u00f3n civil monetaria por la suma de US$20 millones. El gobierno retir\u00f3 los cargos luego de un a\u00f1o.<\/P> La oficina del Procurador Federal de Estados Unidos en Jackson, Mississippi, finaliz\u00f3 uno de los m\u00e1s importantes casos de lavado […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4966","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
US$50 millones y un DPA<\/STRONG><\/P>
\n
\n
La desestimaci\u00f3n fue justificada, dijo la fiscal Eldridge, porque AmSouth cumpli\u00f3 con las condiciones del DPA, incluyendo el reconocimiento de la responsabilidad de sus acciones, haber demostrado su futura buena conducta y total cumplimiento con la Ley de Secreto Bancario y todas las regulaciones, y haber demostrado total cumplimiento con las notificaciones de comparecencia de un gran jurado.<\/P>
\n
A pesar de que el caso fue pintado por la industria bancaria de Estados Unidos como una representaci\u00f3n de la \u201ccriminalizaci\u00f3n\u201d y \u201csecuestro\u201d del proceso regulatorio antilavado, en realidad comenz\u00f3 con simples cargos de obstrucci\u00f3n de justicia que fueron contemplados contra el banco, sus ejecutivos y abogados en las primeras etapas de la investigaci\u00f3n. Documentos de la corte se\u00f1alan que el banco no cumpli\u00f3 con numerosas notificaciones de comparecencia enviadas por el gran jurado solicitando documentos que el gobierno finalmente encontr\u00f3 y obtuvo a trav\u00e9s de otras fuentes. Los documentos, luego se supo, estaban en los archivos del banco y los abogados.<\/P>
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"