La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) de Argentina increment\u00f3 los controles para la detecci\u00f3n de operaciones sospechosas de lavado de activos y posible financiamiento del terrorismo, al implementar a finales de junio las nuevas directivas que deben cumplir los Registros Nacionales y Seccionales de la Propiedad del Automotor y de Cr\u00e9ditos Prendarios.<\/p>\n
Mediante la Resoluci\u00f3n 89\/2010<\/a>, la UIF modific\u00f3 la reglamentaci\u00f3n del Art\u00edculo 21 de la Ley 25.246, sobre prevenci\u00f3n y castigo del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo, y estableci\u00f3 nuevas modalidades para el reporte de operaciones sospechosas vinculadas con la inscripci\u00f3n, transferencia y cancelaci\u00f3n anticipada de prendas. <\/p>\n Puntualmente, los responsables de los Registros, que para la legislaci\u00f3n son sujetos obligados de comunicar a la UIF toda transacci\u00f3n inusual susceptible de enmascarar el blanqueo de fondos, deben ahora requerir a las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas que justifiquen, mediante una declaraci\u00f3n jurada, la procedencia del dinero toda vez que realicen tr\u00e1mites por montos mayores a los 50.000 pesos (US$12.700 Aprox.). Si las operaciones superan los 200.000 pesos (US$50.800 Aprox.), se exige respaldar los datos declarados con documentaci\u00f3n, es decir, presentando un acta notarial autenticada, la certificaci\u00f3n de un contador p\u00fablico, registros bancarios, etc.<\/p>\n La Resoluci\u00f3n 89\/2010 se\u00f1ala que \u201cSin perjuicio de las disposiciones legales y reglamentarias espec\u00edficas, se deber\u00e1 conformar un Registro General de Transacciones u Operaciones (Base de Datos), con todas las transacciones por importes iguales o superiores a $ 50.000 (US$12.700 Aprox.).<\/p>\n La resoluci\u00f3n, ya publicada en el Bolet\u00edn Oficial, establece que \u201clos sujetos obligados deber\u00e1n prestar especial atenci\u00f3n para evitar que las personas f\u00edsicas utilicen a las personas jur\u00eddicas como empresas pantalla en los tr\u00e1mites que realicen. Los sujetos obligados, en ese caso, deber\u00e1n adoptar procedimientos que posibiliten conocer la estructura de la sociedad, determinar el origen de sus fondos e identificar a los propietarios, beneficiarios y aquellos que ejercen el control real de la persona jur\u00eddica\u201d. Se han dispuesto tambi\u00e9n mecanismos especiales de control a fideicomisos y la implementaci\u00f3n de \u201cmedidas reforzadas\u201d a funcionarios p\u00fablicos.<\/p>\n En los casos en que existan indicios para reportar a la UIF una operaci\u00f3n sospechosa, debe cursarse la informaci\u00f3n a la Unidad en un plazo perentorio de 48 horas, anexando la documentaci\u00f3n que justifique el tr\u00e1mite. Asimismo, la Direcci\u00f3n Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Cr\u00e9ditos Prendarios, deber\u00e1 adoptar \u201cuna pol\u00edtica por escrito, en acatamiento de las leyes, regulaciones y normas para prevenir e impedir el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo, que difundir\u00e1 con car\u00e1cter de cumplimiento obligatorio a todos los registros bajo su jurisdicci\u00f3n\u201d.<\/p>\n En su resoluci\u00f3n, la UIF record\u00f3 que en materia de prevenci\u00f3n del lavado de activos, existe un principio internacional definido mediante la recomendaci\u00f3n \u201cconozca a su cliente\u201d, seg\u00fan el cual resulta clave identificar de manera precisa a quienes operan con las instituciones legalmente obligadas a reportar transacciones sospechosas. Adem\u00e1s de los datos filiatorios, los documentos para acreditar identidad y los c\u00f3digos de identificaci\u00f3n laboral o tributaria, a las personas f\u00edsicas se les exige que declaren si cumplen funciones p\u00fablicas en cualquier jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n La medida tambi\u00e9n establece que la Direcci\u00f3n Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Cr\u00e9ditos Prendarios deber\u00e1 adoptar formalmente un programa antilavado (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT), un oficial de cumplimiento, un programa de auditor\u00edas y un plan de capacitaci\u00f3n.<\/p>\n Adicionalmente, la UIF emiti\u00f3 la Resoluci\u00f3n 90\/2010<\/a> mediante la cual establece las medidas simplificadas de identificaci\u00f3n de cliente a seguir en caso de operaciones relacionadas a instituciones locales y extranjeras. <\/p>\n La medida establece: \u201c En el supuesto de tratarse de fondos provenientes de una entidad financiera de plaza, los sujetos obligados podr\u00e1n presumir que dicha entidad verific\u00f3 el principio de “conozca a su cliente. En el caso de fondos provenientes de otra instituci\u00f3n financiera del exterior -excepto cuando se trate de desde pa\u00edses calificados como de baja o nula tributaci\u00f3n o de aquellos pa\u00edses o territorios considerados por el GAFI (Grupo de Acci\u00f3n Financiera) como no cooperativos-, se presume que dicha entidad verific\u00f3 el principio de conozca a su cliente.<\/p>\n Sin embargo, tambi\u00e9n precisa que \u201cDichas presunciones no relevan al sujeto obligado de analizar la posible discordancia entre el perfil del cliente receptor de los fondos y el monto y\/o modalidad de la transacci\u00f3n proveniente de otra instituci\u00f3n financiera.\u201d<\/p>\n Medidas adicionales contra PEPs<\/strong><\/p>\n El presidente de la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera (UIF), Jos\u00e9 Sbattella, y el Procurador General de la Naci\u00f3n, Esteban Righi, firmaron hoy un acuerdo de cooperaci\u00f3n interinstitucional destinado al desarrollo conjunto de acciones de lucha contra la corrupci\u00f3n y, en especial, de detecci\u00f3n de delitos cometidos por \u201cpersonas pol\u00edticamente expuestas\u201d (PEPs).<\/p>\n Mediante el convenio, el Ministerio P\u00fablico y la UIF acordaron establecer \u201cv\u00ednculos de asistencia, complementaci\u00f3n y cooperaci\u00f3n t\u00e9cnica\u201d en materia jur\u00eddica y desarrollar en forma conjunta un sistema inform\u00e1tico que garantice seguridad y confidencialidad en el intercambio de informaci\u00f3n.<\/p>\n \u201cLas partes convienen fortalecer su accionar en la lucha contra la corrupci\u00f3n, especialmente en todo lo relacionado con las PEPs, intercambiando la correspondiente informaci\u00f3n con la Oficina de Coordinaci\u00f3n y Seguimiento en materia de delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica\u201d, se\u00f1ala el texto del acuerdo.<\/p>\n Bajo la categor\u00eda de PEP, la legislaci\u00f3n internacional agrupa a funcionarios p\u00fablicos nacionales y extranjeros de todas las jurisdicciones y a sus familiares hasta el segundo grado de afinidad. A\u00fan hasta dos a\u00f1os despu\u00e9s de haber cesado en el cargo p\u00fablico ejercido, los funcionarios contin\u00faan calificados como PEPs y, consecuentemente, sus transacciones se encuentran sometidas a medidas especiales de control.<\/p>\n ——————————————————<\/p>\n –Pulse aqu\u00ed para ver la Resoluci\u00f3n 89\/2010<\/a><\/p>\n