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<\/p>\nPor el Departamento Editorial.<\/p>\n
El Comit\u00e9 de Expertos en Evaluaci\u00f3n de Medidas Antilavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (MONEYVAL) del Consejo de Europa ha acogido con satisfacci\u00f3n las reformas emprendidas recientemente por las autoridades de Andorra para abordar los riesgos identificados, pero ha pedido una serie de mejoras.<\/p>\n
En un informe publicado el 14 de noviembre, MONEYVAL dice que las autoridades andorranas han adquirido una comprensi\u00f3n bastante amplia de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que enfrenta el pa\u00eds. Sin embargo, exige una pol\u00edtica clara para supervisar la implementaci\u00f3n de los planes de acci\u00f3n adoptados para mitigar esos riesgos. <\/p>\n
MONEYVAL subraya que es evidente que ha existido un compromiso pol\u00edtico en Andorra para realizar cambios radicales en la legislaci\u00f3n relativa tanto al blanqueo de capitales como a la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n
Andorra adopt\u00f3 su Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos (ENR) y planes de acci\u00f3n para abordar los riesgos en diciembre de 2016. Es su primer ejercicio mayor para considerar el lavado de dinero, la financiaci\u00f3n del terrorismo y los riesgos que enfrenta.<\/p>\n
No obstante, el informe indica que las amenazas de lavado de dinero que enfrenta el pa\u00eds, la actual carga de trabajo judicial y de cumplimiento de la ley a la que se est\u00e1 expuesto, la complejidad de los casos, ciertas deficiencias en el marco legal y los procedimientos judiciales que parecen ser excepcionalmente largos, son preocupaciones clave que requieren m\u00e1s reformas por parte de las autoridades.<\/p>\n
Mientras que las autoridades utilizan sistem\u00e1ticamente la informaci\u00f3n financiera proporcionada por la Unitat d’Intellig\u00e8ncia Financera d’Andorra (UIFAND, por sus iniciales) en el desarrollo de investigaciones de casos de blanqueo de dinero, la relaci\u00f3n entre investigaciones, enjuiciamientos y las condenas posteriores obtenidas parece ser modesta.<\/p>\n
Sin embargo, el reporte remarca que la cooperaci\u00f3n y comunicaci\u00f3n entre la UIFAND y las autoridades de cumplimiento de la ley parece ser intensa y fruct\u00edfera. Entre otras cosas, incluye reuniones cara a cara que permiten a los interlocutores discutir todos los aspectos de los casos y preservar la confidencialidad de la informaci\u00f3n.<\/p>\n
Por su parte, las sanciones de encarcelamiento impuestas por los tribunales a personas f\u00edsicas son proporcionadas, disuasorias y se acumulan con multas que pueden ascender hasta 3 veces el valor de los fondos blanqueados.<\/p>\n
Las autoridades parecen aplicar un enfoque razonablemente proactivo para perseguir la confiscaci\u00f3n de activos. Esto significa que los activos obtenidos o lavados se persiguen incluso en los casos en que el principio de doble incriminaci\u00f3n podr\u00eda evitarlo, seg\u00fan indica el documento.<\/p>\n
En ese sentido, la b\u00fasqueda de propiedad obtenida criminalmente es un proceso bastante complejo. Si bien las investigaciones financieras paralelas se llevan a cabo sistem\u00e1ticamente, la falta de recursos humanos y el acceso limitado a las bases de datos por parte de algunas autoridades de cumplimiento de la ley arrojan dudas sobre la efectividad para identificar los ingresos.<\/p>\n
El informe tambi\u00e9n se\u00f1ala que Andorra ha promulgado un robusto marco legal para penalizar el financiamiento del terrorismo y la ausencia de enjuiciamientos por este delito parece estar en l\u00edneas generales con el perfil de riesgo del pa\u00eds.<\/p>\n
Del mismo modo, un r\u00e9gimen regulatorio limitado para el registro y la supervisi\u00f3n de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) no se enfoca completamente, y no parece ser proporcional al riesgo de abuso de las OSFL para fines de financiamiento del terrorismo.<\/p>\n
Existe un sistema para congelar las propiedades y los bienes de las personas identificadas en las listas de Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU, por sus iniciales en ingl\u00e9s) para la financiaci\u00f3n de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva. Sin embargo, Andorra no est\u00e1 tomando medidas suficientes para abordar todos los problemas relacionados con la proliferaci\u00f3n.<\/p>\n
En otro sentido, el informe concluye que, si bien las grandes instituciones financieras en Andorra eval\u00faan y comprenden ampliamente sus riesgos de lavado de dinero y financiaci\u00f3n del terrorismo, parece que estos riesgos pueden ser minimizados en cierta medida. Tambi\u00e9n se\u00f1ala que las instituciones financieras m\u00e1s peque\u00f1as y las Empresas y Profesiones no Financieras Designadas (como abogados y contadores) parecen ser menos conscientes de los riesgos.<\/p>\n
El informe se\u00f1ala que los limitados recursos disponibles para la unidad de inteligencia financiera del pa\u00eds han obstaculizado su papel de supervisi\u00f3n. Adem\u00e1s, enfatiza la necesidad de un mejor compromiso estrat\u00e9gico y coordinaci\u00f3n de actividades entre la unidad de inteligencia financiera y otras autoridades de supervisi\u00f3n.<\/p>\n
Por otra parte, el informe expresa que la ENR incluye una evaluaci\u00f3n bastante completa de los riesgos de lavado de dinero implicados en el uso de compa\u00f1\u00edas fantasmas creadas en Andorra. Tambi\u00e9n considera los riesgos de financiamiento del terrorismo presentados por las OSFL.<\/p>\n
Se han tomado medidas para evitar el mal uso de las empresas andorranas. Una combinaci\u00f3n de: (i) controles ejercidos sobre la inversi\u00f3n extranjera por el Ministerio de Turismo y Comercio; (ii) uso de notarios (que est\u00e1n sujetos a la Ley ALD\/CFT); y (iii) el requisito de que las empresas con propiedad extranjera posean una cuenta bancaria (casi siempre en Andorra) son los elementos clave de un proceso integral para mitigar el riesgo de uso indebido.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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