El Consejo General de la Abogac\u00eda Espa\u00f1ola manifest\u00f3 una serie de observaciones y cr\u00edticas al anteproyecto de Ley de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales y de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo que se est\u00e1 discutiendo actualmente para adaptar al pa\u00eds ib\u00e9rico a las normas establecidas en la Tercera Directiva antilavado de Europa.<\/P>
En un comunicado de 44 p\u00e1ginas, los juristas emitieron fuertes cr\u00edticas al anteproyecto, al afirmar que \u201ces un paso atr\u00e1s en el sistema de protecci\u00f3n de los Derechos Fundamentales, mermando de forma dif\u00edcilmente justificable la funci\u00f3n de quien tiene encomendada por la Constituci\u00f3n la defensa de los derechos e intereses leg\u00edtimos de los ciudadanos mediante el ejercicio de las funciones \u201cpropias\u201d de la Abogac\u00eda. El texto que se analiza trata al Abogado como si fuera un agente del sector financiero o mercantil y no como un profesional que tiene encomendada la funci\u00f3n del asesoramiento jur\u00eddico y defensa en los procedimientos administrativos y judiciales\u201d.<\/P>
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Al igual que lo han hecho los abogados de otras naciones, los espa\u00f1oles rechazan las obligaciones antilavado y contra el financiamiento del terrorismo establecidas en la Tercera Directiva europea para algunas profesiones, como la del Derecho.<\/P>
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El Consejo General afirma que en la nueva ley \u201cSe establecen obligaciones imposibles de cumplir para un Abogado que ejerza la profesi\u00f3n en solitario (\u2026) se piensa que los Abogados estamos especializados y que una de nuestras especialidades es el ejercicio de las actividades que nos configuran como sujetos obligados. Es verdad que algunos bufetes se dedican principalmente a realizar esas funciones pero, en la inmensa mayor\u00eda de los casos, se trata de actividades que los Abogados realizamos espor\u00e1dicamente o, en todo caso, como una m\u00e1s de las propias de la profesi\u00f3n\u201d.<\/P>
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El comunicado tambi\u00e9n critica que las obligaciones ALD sean impuestas de forma similar para todos los abogados; \u201cesta no-distinci\u00f3n por sectores de actividad entre los diferentes sujetos obligados es, desde luego, incorrecta jur\u00eddicamente, dogm\u00e1ticamente y dificulta de gran manera su correcta inteligencia\u201d.<\/P>
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El anteproyecto contempla en los art\u00edculos 18 y 21 que los abogados deber\u00e1n \u201ccomunicar, por iniciativa propia al Servicio Ejecutivo de la Comisi\u00f3n cualquier hecho u operaci\u00f3n, a\u00fan meramente intentado, respecto al que, tras el examen especial\u2026exista indicio o certeza de que est\u00e1 relacionado con el blanqueo de capitales o la financiaci\u00f3n del terrorismo\u201d, facilitando la relaci\u00f3n e identificaci\u00f3n de las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que participan en la operaci\u00f3n\u2026y las gestiones realizadas por el sujeto obligado para investigar la operaci\u00f3n comunicada.<\/P>
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