Por el Departamento Editorial.<\/p>\n
El 01 de diciembre el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) emiti\u00f3 el reporte de la Evaluaci\u00f3n mutua realizada a Estados Unidos entre el 18 de enero y el 5 de febrero de 2016. A continuaci\u00f3n presentamos un resumen de los aspectos clave que encontraron los t\u00e9cnicos del ente multilateral sobre el nivel de cumplimiento de EE.UU. de las 40 Recomendaciones:<\/p>\n
– El marco legal ALD \/ CFT en Estados Unidos est\u00e1 bien desarrollado y es robusto. La coordinaci\u00f3n interna y la cooperaci\u00f3n en temas de ALD \/ CFT es sofisticada y ha madurado desde la evaluaci\u00f3n anterior en 2006. La comprensi\u00f3n de los riesgos de lavado de dinero (LD) y de financiaci\u00f3n del terrorismo (FT) est\u00e1 bien apoyada por una variedad de procesos de evaluaci\u00f3n de riesgos continuos y complementarios, Incluida la Evaluaci\u00f3n Nacional del Riesgo de Lavado de Activos de 2015 (ENRLA) y la Evaluaci\u00f3n Nacional del Riesgo de Financiamiento del Terrorismo (ENRFT), ambas publicadas. Las estrategias nacionales de ALD \/ CFT, las prioridades clave y los esfuerzos de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y otros entes parecen estar impulsados por estos procesos, y est\u00e1n coordinados a nivel federal en un amplio espectro de agencias en una serie de \u00e1reas.<\/p>\n
– El sector financiero asume la mayor parte de la carga con respecto a las medidas requeridas bajo la Ley de Secreto Bancario (LSB). Las instituciones financieras (IF), en general, tienen un conocimiento avanzado de los riesgos y obligaciones de LD \/ FT, y tienen sistemas y procesos para implementar medidas preventivas, incluyendo medidas para los nuevos clientes, el monitoreo de transacciones y la presentaci\u00f3n de reportes de transacciones sospechosas.<\/p>\n
– Sin embargo, el marco regulatorio tiene algunas brechas significativas, incluyendo las m\u00ednimas obligaciones de cumplimiento de ciertas instituciones y negocios (asesores de inversiones, abogados, contadores, agentes de bienes ra\u00edces, fideicomisos y proveedores de servicios empresariales, que no sean sociedades fiduciarias). Pocas medidas han sido impuestas para las Actividades y Profesiones Designadas No Financieras (APDNF) -distintas de los casinos y comerciantes de metales preciosos y piedras preciosas-, y esas medidas consisten en las obligaciones generales que se aplican a todas las empresas y comercios , que deben notificar transacciones (o una serie de transacciones) que supongan m\u00e1s de US$ 10.000 en efectivo, y requisitos de sanciones financieras espec\u00edficas. Otras obligaciones m\u00e1s amplias de ALD \/ CFT no aplican para estos sectores. En el contexto de Estados Unidos, la vulnerabilidad de estos sectores m\u00ednimamente obligados es significativa, considerando los muchos ejemplos identificados en la evaluaci\u00f3n nacional de riesgo.<\/p>\n
. Los esfuerzos de aplicaci\u00f3n de la ley descansan sobre un entorno de fuerza de trabajo bien establecido, que permite reunir la experiencia de una amplia gama de agencias de aplicaci\u00f3n de la ley, incluidos los fiscales, para respaldar los resultados de investigaciones y enjuiciamiento de LD\/FT. En general, las agencias de aplicaci\u00f3n de la ley tienen acceso a una amplia gama de inteligencia financiera, capacidades y experiencia que les permite rastrear activos, identificar objetivos y realizar investigaciones financieras de LD\/FT. Hay un fuerte enfoque en seguir el dinero en las investigaciones de delitos precedentes a nivel federal. Se aplica un enfoque similar en la identificaci\u00f3n de financiadores en investigaciones relacionadas con el terrorismo. Los Estados Unidos investigan y procesan agresivamente las redes de FT de acuerdo con su perfil de riesgo. La cooperaci\u00f3n internacional en estos \u00e1mbitos es generalmente eficaz, aunque se est\u00e1n realizando mejoras para optimizar a\u00fan m\u00e1s el manejo oportuno de (un gran volumen) de asistencia legal mutua (ALM) y solicitudes de extradici\u00f3n.<\/p>\n
– La falta de acceso oportuno a informaci\u00f3n adecuada, precisa y actual sobre el beneficiario final sigue siendo una de las brechas fundamentales en el contexto de Estados Unidos. La ENRLA identifica ejemplos de personas jur\u00eddicas que han sido usadas para LD, en particular, mediante el uso de estructuras complejas para ocultar al beneficiario final. Si bien las autoridades proporcionaron ejemplos de casos de investigaciones exitosas en estas \u00e1reas, los retos para asegurar el acceso oportuno y la disponibilidad de la informaci\u00f3n de beneficiarios finales causan preocupaciones significativas, teniendo en cuenta el riesgo y el contexto.<\/p>\n
– A nivel federal, Estados Unidos logra m\u00e1s de 1 200 condenas al a\u00f1o por lavado de dinero. Muchos de estos casos son grandes y complejos casos de delitos de cuello blanco, en concordancia con el perfil de riesgo del pa\u00eds. Las autoridades federales tienen el papel principal en todas las investigaciones grandes y\/o internacionales. Sin embargo, no existe un enfoque uniforme de los esfuerzos de lucha contra el blanqueo de capitales a nivel estatal y no est\u00e1 muy claro que todos los Estados le den prioridad al LD. El sistema de ALD se beneficiar\u00eda si se garantizara que una serie de delitos fiscales fuesen delitos precedentes del LD.<\/p>\n
– Las autoridades federales persiguen agresivamente el decomiso de alto valor en casos grandes y complejos con respecto a activos localizados, tanto en el pa\u00eds como en el extranjero. Las autoridades recurren efectivamente a instrumentos penales, civiles y administrativos para confiscar activos. A nivel estatal y local, la informaci\u00f3n disponible es escasa, aunque parece que algunos Estados se ocupan activamente de la confiscaci\u00f3n civil.<\/p>\n
– Las autoridades de Estados Unidos aplican efectivamente sanciones financieras espec\u00edficas, tanto para el terrorismo como para la financiaci\u00f3n de la proliferaci\u00f3n, aunque no todas las designaciones de las Naciones Unidas han resultado en designaciones nacionales (sobre todo bas\u00e1ndose en insuficientes identificadores). La mayor\u00eda de las designaciones tienen lugar sin demora y son comunicadas eficazmente al sector privado. La Lista de Nacionales Especialmente Designados (Lista SDN) y la Lista de Personas Bloqueadas son utilizadas por miles de instituciones financieras a trav\u00e9s de Estados Unidos y m\u00e1s all\u00e1, lo que le da al r\u00e9gimen de sanciones de Estados Unidos un efecto global acorde con el tama\u00f1o, la complejidad y el alcance internacional del sistema financiero estadounidense. Estados Unidos ha tenido un \u00e9xito significativo en la identificaci\u00f3n de los fondos y otros activos de las personas \/ entidades designadas, y les impiden operar o ejecutar transacciones financieras relacionadas con el terrorismo y la proliferaci\u00f3n. S\u00f3lo se necesitan mejoras menores en esta \u00e1rea.<\/p>\n
– La supervisi\u00f3n ALD \/ CFT de los sectores bancario y de valores parece ser robusta en su conjunto, y est\u00e1 evolucionando para los negocios de servicios monetarios (NSM), mediante una mayor coordinaci\u00f3n a nivel estatal. Estados Unidos tiene una serie de sanciones que pueden imponer e imponen a las instituciones financieras, as\u00ed como una serie de medidas correctivas disuasorias, incluidas las de supervisi\u00f3n informal. Estas medidas parecen tener el impacto deseado en el logro de los objetivos de supervisi\u00f3n. La brecha de supervisi\u00f3n m\u00e1s significativa es la falta de procesos profundos de supervisi\u00f3n ALD \/ CFT para las APNFD, aparte de los casinos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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