Por Ricardo Sabella*<\/p>\n
Si bien fue foco de discusi\u00f3n desde hace m\u00e1s de 5 a\u00f1os en Uruguay, la Ley Integral Antilavado Nro 19.574 del 20 de diciembre de 2017 sell\u00f3 el matrimonio entre el lavado de activos y la defraudaci\u00f3n tributaria. Por tanto, este \u00faltimo delito previsto en el art\u00edculo 110 del C\u00f3digo Tributario, forma parte del elenco de delitos precedentes de lavado. Esto significa que puede imputarse lavado de activos con sus penalidades a las personas que conviertan, transfieran, adquieran, posean, utilicen, realicen cualquier tipo de transacci\u00f3n u oculten bienes, productos o instrumentos que provengan del delito de defraudaci\u00f3n tributaria. M\u00e1s espec\u00edficamente, cuando el monto del o los tributos defraudados en cualquier ejercicio fiscal sea superior a 1.000.000 UI (un mill\u00f3n de unidades indexadas) para los ejercicios iniciados a partir del 1\u00b0 de enero de nuestro joven 2019.<\/p>\n
Frente a las disposiciones de la mencionada Ley, los \u201csujetos obligados\u201d (as\u00ed se los denomina a las personas designadas a llevar a cabo tareas de detecci\u00f3n y reporte de operaciones sospechosas a las autoridades), tanto del \u00e1mbito financiero como no financiero, tienen que definir procedimientos que permitan conocer a sus clientes (llamadas tareas de Debida Diligencia) y establecer controles para detectar operaciones inusuales. Tambi\u00e9n las obligaciones de reporte recaen sobre autoridades y funcionarios p\u00fablicos, aunque espec\u00edficamente esto no ha sido reglamentado a\u00fan por el ejecutivo.<\/p>\n
En el caso de los sujetos obligados \u201cno financieros\u201d (casinos, escribanos, abogados, contadores, asociaciones civiles, zonas francas, inmobiliarias, entre otros) las obligaciones de debida diligencia se encuentran reglamentadas en el Decreto 379 del 12 de noviembre de 2018. En tanto para el sector financiero, las normas ajustadas a la nueva Ley se han dispuesto por el Banco Central del Uruguay en sus Circulares 2311 para instituciones financieras, 2312 para el mercado de valores, 2313 para empresas aseguradoras y 2314 para administradoras de fondos previsionales. Todas estas normas publicadas el 10 de diciembre de 2018.<\/p>\n
Estas regulaciones determinan la necesidad de aplicar criterios de riesgo para el conocimiento del cliente, que dan por resultado una clasificaci\u00f3n de la Debida Diligencia en \u201csimple\u201d, \u201cnormal\u201d e \u201cintensificada\u201d. Estas diferencias son b\u00e1sicamente de intensidad y cantidad de informaci\u00f3n y\/o documentaci\u00f3n para cumplir con los procesos regulados. As\u00ed entonces, para una relaci\u00f3n comercial de riesgo menor se aplica una debida diligencia simple, mientras que a mayor riesgo se aplica la intensificada.<\/p>\n
Ahora bien, dentro de la n\u00f3mina de requerimientos normados para aplicar Debida Diligencia intensificada por parte de los sujetos obligados, se encuentra la de obtener una declaraci\u00f3n de regularidad fiscal, que puede acreditarse con la presentaci\u00f3n de declaraciones juradas impositivas, documento que resulta obligatorio recabar en estos casos, para la mayor\u00eda de los sujetos obligados del sector financiero, conforme las referidas normas \u201cbancocentralistas\u201d. Este requerimiento es independiente a la necesidad de documentar el verdadero origen de los fondos vinculados a las operaciones, lo que claramente demuestra el \u00e9nfasis en utilizar el sistema de prevenci\u00f3n de lavado de activos para el control de cumplimiento fiscal.<\/p>\n
Declaraci\u00f3n Vs Secreto<\/strong><\/p>\n Las obligaciones mencionadas no detallan el alcance del control que los sujetos obligados deben realizar con respecto a los requerimientos de cumplimiento fiscal, ni siquiera a qu\u00e9 impuestos se refieren. En Uruguay, como en los pa\u00edses de la regi\u00f3n, no hay solo un tipo de impuesto y, adem\u00e1s, en algunos pa\u00edses existen impuestos provinciales, estaduales y departamentales no alcanzados por las declaraciones tributarias presentadas a los recaudadores centrales.<\/p>\n Por otro lado, en pa\u00edses como Argentina se restringe la posibilidad de que sujetos obligados requieran declaraciones juradas impositivas por estar amparadas bajo normas de secreto tributario. Es m\u00e1s, la tendencia sobre presentaciones de declaraciones al fisco, anima a que los contribuyentes incorporen los datos a trav\u00e9s de un formulario web, emitiendo el sistema solo una constancia de presentaci\u00f3n que no contiene los datos incorporados. Por estos motivos, la obligaci\u00f3n del requerimiento en estas condiciones, limita el an\u00e1lisis que pueda realizar un sujeto obligado, incluyendo la falta de conocimiento de las condiciones tributarias aplicadas en el pa\u00eds del cliente, dejando al obligado al filo del incumplimiento, salvo que el requerimiento obedezca solamente a la obtenci\u00f3n del documento, cosa poco eficiente de aplicaci\u00f3n del control por el solo control. Sin perjuicio de esto, el Banco Central public\u00f3 recientemente ( Com. 2018\/294) una gu\u00eda de operaciones y se\u00f1ales de riesgo relacionada con la defraudaci\u00f3n tributaria que contribuye a la detecci\u00f3n y an\u00e1lisis de anomal\u00edas.<\/p>\n Otro cap\u00edtulo del romance es qu\u00e9 sucede ante el divorcio. En el caso de que las acciones judiciales por lavado de activos determinen el decomiso de bienes eventualmente relacionados con el delito de defraudaci\u00f3n fiscal, \u00bfa d\u00f3nde van los fondos? Mientras la Direcci\u00f3n General Impositiva (DGI) estar\u00eda gritando a viva voz \u201cShow me the money\u201d, los bienes o productos del decomiso tendr\u00e1n el destino definido por la Junta Nacional de Drogas. Esta tendr\u00e1 la titularidad y disponibilidad de los mismos, conforme las opciones que brinda la propia ley (Art. 59 Ley 19.574) y esto, amigos, salvo acuerdo contrario, no incluye a la DGI.<\/p>\n Por \u00faltimo, vale la pena hacer una menci\u00f3n acerca de la investigaci\u00f3n de estos casos. En la medida que se inicien a trav\u00e9s de un reporte de operaci\u00f3n sospechosa enviado a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera, \u00e9sta al no ser experta en tema tributario, puede dar intervenci\u00f3n de an\u00e1lisis a la DGI. Por ahora, no hay elementos (al menos conocidos) que impidan a dicho organismo utilizar esta informaci\u00f3n para realizar actuaciones inspectivas. De ocurrir esta situaci\u00f3n, es posible que se intente el cobro del supuesto adeudo defraudado, antes de echar mano a la figura de Lavado de Activos.<\/p>\n Como todo matrimonio recientemente constituido legalmente, por ahora se est\u00e1n conociendo en la convivencia. A medida que la relaci\u00f3n vaya madurando se ver\u00e1 en la implementaci\u00f3n operativa si comienzan o no los problemas, y sin analizar por ahora el rol de la Direcci\u00f3n General Impositiva como sujeto obligado. Lo cierto es que debemos seguir muy de cerca la convivencia de esta famosa pareja, con la paciencia obsesiva de un paparazzi. Por ahora, solo podemos decir como en todo ritual casamentero: \u00a1Qu\u00e9 vivan los novios!<\/p>\n ——————————————————<\/p>\n * Socio director de BST Global Consulting<\/b>. Experto y consultor en materia de gesti\u00f3n de riesgos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otros delitos fiscales. Director del certificado de prevenci\u00f3n del lavado de activos en la Universidad Cat\u00f3lica del Uruguay.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Si bien fue foco de discusi\u00f3n desde hace m\u00e1s de 5 a\u00f1os en Uruguay, la Ley Integral Antilavado Nro 19.574 del 20 de diciembre de 2017 sell\u00f3 el matrimonio entre el lavado de activos y la defraudaci\u00f3n tributaria. Por tanto, este \u00faltimo delito previsto en el art\u00edculo 110 del C\u00f3digo Tributario, forma parte del elenco de delitos precedentes de lavado. Esto significa que puede imputarse lavado de activos con sus penalidades a las personas que conviertan, transfieran, adquieran, posean, utilicen, realicen cualquier tipo de transacci\u00f3n u oculten bienes, productos o instrumentos que provengan del delito de defraudaci\u00f3n tributaria. M\u00e1s espec\u00edficamente, cuando el monto del o los tributos defraudados en cualquier ejercicio fiscal sea superior a 1.000.000 UI (un mill\u00f3n de unidades indexadas) para los ejercicios iniciados a partir del 1\u00b0 de enero de nuestro joven 2019.<\/p>\n","protected":false},"author":277,"featured_media":3583,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[276],"tags":[269,384,270],"featured_image_src":"https:\/\/pluscomply.com\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lavado-Evasion.jpg","blog_images":{"medium":"https:\/\/pluscomply.com\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lavado-Evasion-300x196.jpg","large":"https:\/\/pluscomply.com\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Lavado-Evasion.jpg"},"ams_acf":[],"yoast_head":"\n