Por Fernando Martínez.
A escasos días de terminar su periodo constitucional, el presidente peruano Alan García decretó la creación de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que contribuirá a las acciones de las entidades públicas y privadas para prevenir y combatir este tipo de delitos.
Esta comisión tendrá como norte específico dar seguimiento y actualización al Plan Nacional contra el Lavado y Financiamiento del Terrorismo, el cual también es aprobado en el mismo Decreto Supremo 057 – 2011-PCM, por el ejecutivo peruano.
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones advirtió sobre la necesidad de “fortalecer la coordinación interinstitucional entre las entidades encargadas de la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, a través de esta comisión.
Detalles del nuevo ente
De acuerdo con el decreto, la Comisión Multisectorial contra el Lavado de Activos estará integrada de manera permanente por las principales fuerzas políticas y representantes de la sociedad civil.
Están convocados representantes de: el Consejo de Ministros, Fiscalía, Ministerios de Relaciones Interiores, Exteriores, Justicia, Economía, Comercio Exterior, Transporte y Comunicaciones, Desarrollo Social y Turismo. El Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú podrán integrarse a esta instancia de fortalecimiento interinstitucional.
También deberán acreditarse representantes de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas además de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
Los integrantes de esta instancia trabajarán ad honorem y aprobarán su reglamento interno mediante resolución ministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros.
En el decreto se resalta que estas nuevas normativas y la comisión, forman parte de las 40 recomendaciones que ha hecho el Grupo de Acción Financiera (GAFI) al país andino en el contexto de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
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