Por Brian Monroe.
Los miembros del Comité Judicial del Senado del estado de Nevada aprobaron el jueves pasado una medida que autorizaría a los oficiales de control legal a congelar y, en algunos casos, a decomisar las tarjetas de crédito prepagas y las tarjetas de valor acumulado sin necesidad de contar con una orden judicial.
La oficina del Fiscal General de Nevada presentó la medida, que prácticamente equipararía las tarjetas al dinero en efectivo, en diciembre pasado, porque los agentes de control legal estaban “realizando cada vez más investigaciones de bandas y delitos financieros relacionados con tarjetas”, explicó Jim Earl, director ejecutivo de la Junta Asesora sobre Delitos Tecnológicos del estado de Nevada.
El proyecto autorizaría a la policía a “primero congelar y luego, con una orden judicial, decomisar los fondos electrónicos relacionados con las tarjetas”, dijo Earl, agregando que existiría una excepción en el proyecto que permitiría a las autoridades decomisar los fondos electrónicos sin una orden judicial si las mismas consideraran que el banco extranjero “no cumpliría la orden de congelamiento”.
El abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, Allen Lichtenstein, quien trató de que el proyecto fuera modificado, informó que el proyecto de ley le otorgaría a los investigadores una “discreción sin freno”, incluso en etapas de las investigaciones que no fueran urgentes, según un informe de Associated Press publicado el jueves.
Earl, quien también redactó el proyecto para la oficina del Fiscal General del estado de Nevada, defendió públicamente el documento, conocido como SB82, argumentando que el mismo no violaría las protecciones contenidas en la cuarta enmienda de la Constitución de los EE.UU. contra los allanamientos y decomisos irrazonables.
La constitucionalidad del proyecto en última instancia sería apoyada por un fallo de la corte de apelaciones de Nueva York emitido en noviembre, mediante el cual se autorizó a las autoridades a realizar allanamientos y vigilancias sin necesidad de órdenes judiciales contra ciudadanos estadounidenses en países extranjeros, dijo Earl, en una entrevista.
Earl también indicó que la decisión de la corte de apelaciones de Nueva York le brinda apoyo al proyecto SB82 y tiene mayores implicancias más allá del estado de Nevada porque el proyecto SB82 tiene como objetivo decomisar fondos sobre las tarjetas que podrían estar depositados en cualquier lugar del mundo.
Si bien las tarjetas de valor acumulado han sido incluidas de manera relativamente reciente en el arsenal monetario de los bancos y las entidades minoristas, y han tomado un impulso mayor entre los últimos tres y cinco años, los investigadores de Nevada ya han decomisado más de 14.000 tarjetas de valor acumulado, expresó Earl.
Las tarjetas de valor acumulado se están convirtiendo “cada vez más en un método mediante el cual los lavadores de dinero transfieren sus fondos criminales, indicó Martin Ficke, director de investigaciones de SES Resources
International en Nueva York.
La decisión tomada por el estado de Nevada es solo “un ajuste de la corte para tratar de resolver este problema”, declaró Ficke, ex agente especial a cargo en el Servicio de Inmigración y Aduanas de los EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés).
Los funcionarios estarían paralizados si tuvieran que obtener una orden judicial cada vez que encuentran una tarjeta de valor acumulado oculta, porque “es un activo tan líquido”, dijo. “Es casi como encontrar dinero en efectivo. Si no se lo decomisa en ese momento y se espera al juez, para entonces el dinero ya desapareció”.
Ahora que el proyecto fue aprobado por el Comité Judicial del Senado, será analizado en su totalidad por la cámara del Senado en pleno, y luego al Comité Judicial de la Asamblea. Si no se incluyen cambios y se lo aprueba, será enviado al gobernador para que lo promulgue y convierta en ley.
