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Por Juan Alejandro Baptista.
Aunque es complicado precisar montos exactos a la hora de hablar de la inversión que se viene haciendo en el cumplimiento en diversos sectores, la única certeza que se puede tener actualmente es que a nivel global se espera que los sujetos obligados destinen más dinero para satisfacer las exigencias regulatorias y mitigar los riesgos relacionados a los delitos financieros.
Una encuesta de la firma AlixPartners -realizada en 2017 a 361 instituciones financieras de todo el mundo- señala que el 54% de los consultados dijo esperar aumentos en los presupuestos para cumplimiento de las normas antilavado durante 2018.
En Europa se espera un aumento continuo del 17% en los costos del cumplimiento para los próximos años, según afirmaciones del portal Fintech Finance, en el que se indica que “un mejor uso de la tecnología financiera también podría generar una mayor rentabilidad, ya que el tiempo total de trabajo dedicado a las actividades de diligencia debida puede dar como resultado un proceso más lento”.
Diversidad salarial
La realidad económica de la jurisdicción es un factor adicional que tomar en cuenta, ya que el costo de personal varía enormemente de un país a otro. Por ejemplo, un oficial de cumplimiento puede ganar US$ 25.000 al mes en Panamá y a otro con la misma responsabilidad recibe un salario de US$ 6.000 en Perú, US$ 3.500 en Bolivia y sólo US$ 100 en Venezuela. Incluso, en cada país se puede presentar una enorme variación entre el personal de cumplimiento.
En Chile, “dependiendo del rubro (minería suele ser el mejor pagado), tamaño de la empresa y también de la importancia que se le dé en la organización, los salarios pueden partir desde US$ 2.300 y en algunos casos superar los US$ 20.000” mensuales, indicó Tamara Agnic.
La variación salarial también está presente en Perú, donde “los salarios de los oficiales de cumplimiento en Perú oscilan entre US$ 2.500 (bancos pequeños) y podría llegar hasta US$ 8.300 (bancos grandes)”, según indicó Juan Carlos Medina.
Un oficial de cumplimiento de un banco en Colombia puede estar entre los US$ 3.400 y los US$ 12.000 mensuales, “pero en otros sectores el monto es más bajo y, además, no solo hacen prevención del lavado de activo / financiamiento del terrorismo, sino otras tareas”, explica el experto Juan Pablo Rodríguez, socio de la firma RICS Management.
En el caso de Panamá, “los salarios de los head de cumplimiento están segmentados por tipo de empresa, pero en promedio podemos decir que es de US$ 5.700. El resultado es basado en diversos datos con diferentes grados de importancia, precisamente por el tamaño y complejidad del sujeto obligado”, explicó Julio Aguirre.
En México la escala salarial en el área de cumplimineto va desde los US$ 1.000 mensuales hasta los US$ 11.000 para un profesional certificado, pero en algunos sectores los salarios comienzan en US$ 640 al mes (ver tabla al final).
En Uruguay, los oficiales de cumplimiento bancario tienen salarios que inician en US$ 3.500 mensuales, mientras que en el sector de valores parten desde US$ 2.500 al mes, aunque también se maneja la figura de contrataciones “part-time” que va desde US$ 1.000 mensuales, según explicó el consultor Ricardo Sabella, de la firma BST Global Consulting.
El caso canadiense
Las entidades canadienses no están ajenas a la realidad de sus contrapartes globales y así quedó reflejado el pasado 09 de junio con la publicación en Gaceta Oficial del reglamento que enmiendan ciertas normas formuladas en virtud de la Ley Sobre el Producto del Delito (Blanqueo de Capitales) y del Financiación del Terrorismo. En una situación muy particular, en el reglamento se incluyó un estimado de los costos de cumplimiento que enfrentarán las empresas debido a las nuevas exigencias normativas.
Los cálculos realizados por la Secretaría de Mesa del Tesoro indican que las casi 30.000 entidades informantes deberán gastar US$ 47 millones en un período de 10 años, representando unos US$ 6,7 millones de gasto combinando anual. Del costo total, US$ 41,5 millones están asociados al cumplimiento y US$ 5,5 millones hacen referencia al costo administrativo.
Es importante reiterar que los costos descritos no se refieren al total de lo invertido por las empresas canadienses en el área de cumplimiento, sino solo los gastos generados por la modificación normativa. Estos costos responderían a cambios en:
– Sistemas internos y tecnológicos de información para la implementación de las enmiendas.
– Actualización de los procesos y políticas internas de las entidades, como las relacionadas a obtener información precisa sobre los beneficiarios finales.
– Provisión de documentos adicionales al Centro de Análisis de Reportes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC, por sus iniciales en inglés) si es requerida una examinación del cumplimiento.
Por su parte, los negocios regulados tendrán un gasto administrativo total anualizado de US$ 463.098, siendo solo US$ 15,5 por negocio.
Alrededor de 24.000 pequeños negocios pueden verse impactados por las nuevas medidas, teniendo un total en el gasto administrativo y de cumplimiento de aproximadamente US$ 5,9 millones por año, representando esto un promedio de US$ 250 por empresa.
Las enmiendas de las regulaciones propuestas actualizarán los requerimientos de las entidades informantes para realizar la debida diligencia y las posicionarán acorde a los lineamientos de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
NOTA: especial agradecimiento a los expertos y a la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos por la información proporcionada.
