Departamento de Producción.

La importancia de monitorear y establecer procesos de control a los empleados bancarios quedó de manifiesto el pasado mes de junio cuando tres ejecutivos del Banco Scotiabank de Costa Rica fueron acusados de colaborar en el establecimiento de una estructura financiera utilizada por el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, para legitimar más de USD 20 millones procedentes de pagos de sobornos realizados por la constructora brasileña Odebrecht.

La causa penal presentada por el Ministerio Público es contra tres empleados que se desempeñaban como gerente general, gerente de banca privada y oficial de relaciones de banca privada, quienes tenían el objetivo de “ocultar, transformar, transferir y dar apariencia de legitimidad a los dineros del expresidente Toledo, producto de sobornos trasnacionales de la empresa Odebrecht, manejados en ese banco por personas físicas y jurídicas que servían de testaferros (…) Los montos transferidos entre cuentas y operaciones financieras ascendieron a los USD 18,5 millones”, informó la fiscalía costarricense.

Complicidad interna

Al ser responsables de procesar y autorizar muchas de las operaciones requeridas en el esquema de lavado, a los empleados de la entidad se les hizo relativamente fácil burlar los procedimientos establecidos por el área de cumplimiento. Los empleados cómplices facilitaron:

  • La apertura de cuentas bancarias de forma irregular (ignorando procesos de control).
  • Las transferencias de fondos con pocos o escasos controles.
  • El otorgamiento de créditos.
  • La emisión de certificados a plazo.
  • Otras operaciones financieras.

En total los empleados facilitaron que la estructura de lavado de Toledo recibiera 18 transacciones bancarias entre junio de 2006 y junio de 2010.

Estructura Offshore

Al igual que en muchos casos de lavado de dinero asociado a corrupción, soborno y/o malversación de fondos públicos, las estructuras jurídicas offshore fueron clave en el proceso de intentar ocultar el dinero y borrar su rastro.

En este caso, el epicentro corporativo fue la sociedad anónima Ecoteva Consulting Group, una firma domiciliada en Costa Rica, que era propiedad y estaba presidida por Eva Fernenbug, suegra de Toledo. Esta empresa fue constituida por el bufete Rudelman & Associates, y figuraban como dueños un guardia de seguridad y una empleada doméstica.

Un aspecto que mostró las deficiencias del banco en materia de control antilavado y antifraude fue que la empresa no tenía bienes y contaba con un capital de sólo USD 3, sin embargo, los empleados cómplices lograron tramitar un préstamo de USD 3 millones para la firma, a pesar de que no cumplía con el perfil crediticio requerido y de que estaba ligada a una persona expuesta políticamente extranjera.

La Sanción al Banco

El 13 de junio de 2019 el Banco Scotiabank pagó USD 2 millones (1,171 millones de colones) a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) por incumplir las normas contra el lavado de dinero vigentes en Costa Rica.

Sin embargo, este caso viene de mucho antes, ya que en 2015 la justicia había desestimado la causa, pero la Fiscalía General autorizó la reapertura de la investigación. En febrero de 2019, el tribunal que adelanta las investigaciones ordenó el allanamiento de la sede principal del Scotiabank, bajo el argumento de que la entidad no estaba facilitando la documentación solicitada por los investigadores. Esta medida fue clave para encontrar las pruebas en contra de los funcionarios bancarios, según informaron los fiscales costarricenses.

Alejandro Toledo fue presidente de Perú entre 2001 y 2006. Luego de las acusaciones en su contra hechas por altos ejecutivos de Odebrecht, un juez peruano emitió una orden de detención en su contra. Toledo huyó de Perú, pero fue detenido en julio de 2019 en California, Estados Unidos. Actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario esperando que la corte tome una decisión sobre la solicitud de extradición hecha por Perú.

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