Los estándares internacionales exigen a los “sujetos obligados” la identificación efectiva del beneficiario final, para lo cualpudieran apoyarse en los registros públicos, sin embargo, a juicio de la exdirectora de la Unidad de Análisis Financiero de Chile, Tamara Agnic, son las autoridades las responsables de facilitar la información necesaria para poder cumplir con este requerimiento.
La experta –quien ocupó la Presidenta Pro Témpore de GAFISUD 2012- afirmó en una Entrevista Exclusiva de Lavadodinero.com que el enfoque basado en el riesgo es positivo para el sector público, aunque considera que es temprano aún para evaluar los resultados de este nuevo enfoque.
Agnic alertó sobre la manera como los lavadores contratan abogados, toman asesorías financieras e invierten en la bolsa de valores y ofreció datos interesantes sobre la manera como los lavadores utilizaron testaferros y sociedades de pantalla durante los últimos años en Chile. Presentamos la entrevista con la actual presidenta ejecutiva de Agnic Consultores, quien también habló sobre la evasión fiscal y los desafíos ALD / CFT que enfrenta la región.
– ¿Cuál fue el mayor desafío que le correspondió enfrentar en la UAF?
Desde una perspectiva global, el mayor desafío fue instalar en la agenda-país la prevención del lavado de activos y el combate al financiamiento del terrorismo como un tema nacional, estratégico y transversal. Lograr este objetivo requirió emprender tres líneas de acción: generar conciencia sobre los efectos nefastos de ambos delitos; identificar e incorporar al sistema preventivo a todas las entidades obligadas a informar a la UAF que permanecían al margen de éste; y ejercer plenamente las facultades fiscalizadoras y sancionadoras.
Hasta hace unos años, el lavado de activos era visto en Chile como un fenómeno ajeno, casi exclusivamente relacionado con el narcotráfico, delito que aunque afecta a la economía no constituye un flagelo nacional, lo que provocaba desconocimiento y hasta cierta indiferencia ante los efectos sociales, económicos y financieros que el lavado arrastra. Para revertir este escenario, con el equipo de la UAF iniciamos en 2009 una fuerte campaña para fortalecer el Sistema Nacional Antilavado y acompañamos esta iniciativa con la puesta en marcha del Plan Nacional de Fiscalización Antilavado. Al cabo de tres años, logramos incorporar a 3.000 entidades obligadas a informar a la UAF que estaban fuera del sistema, con lo cual el número de supervisados creció 180%; las fiscalizaciones aumentaron más de 600% en el mismo periodo y el inicio de procesos sancionatorios administrativos por incumplimiento de la normativa antilavado subió 120%.
En forma paralela reforzamos la coordinación con todas las entidades públicas que cumplen algún rol en el sistema preventivo, incluyendo a las superintendencias financieras, el Banco Central y el órgano contralor de la República, entre otras instituciones.
Como corolario de estas acciones, a mediados del año pasado, 20 instituciones públicas coordinadas por la UAF, y a las que en una etapa posterior se sumó el sector privado, iniciamos en conjunto el diseño de la primera Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo. La complejidad y magnitud de esta tarea refleja la prioridad que da ahora Chile a la lucha contra ambos flagelos.
– ¿Cuáles han sido los mayores avances y los mayores desafíos de Chile en materia ALD/CFT en los últimos años?
La puesta en marcha del diseño de la primera Estrategia Nacional Antilavado que mencioné antes es uno de los grandes avances. Esta iniciativa, que cuenta con la asesoría técnica especializada del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del BID, no solo ha logrado aunar voluntades e intereses de 20 instituciones públicas, entre ellas los ministerios de Hacienda, de Interior y Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores, sino que ha permitido llegar a un diagnóstico común, consensuado y compartido respecto de las debilidades, fortalezas y desafíos en materia institucional, legal y normativa para el combate efectivo del lavado y el financiamiento del terrorismo, lo que decantará en un plan de acción también conjunto. Y el mayor desafío será, justamente, la puesta en marcha de ese plan de acción, pues se trata de una carta de navegación estratégica que debe implementarse en los próximos tres años, de acuerdo al cronograma inicialmente trazado. Es un desafío clave, considerando que en la última evaluación mutua de Chile, en el marco de GAFISUD, el país fue calificado bajo “seguimiento intensificado” debido a que, pese a cumplir la mayor parte de las recomendaciones y estándares internacionales, aún hay rezagos en el ámbito de las facultades con que cuentan la UAF y el Ministerio Público (Fiscalía) para prevenir, detectar y perseguir ambos delitos.
– ¿Cuáles son las tipologías de lavado de dinero más prolíficas que se investigaron desde la UAF mientras le tocó estar a su cargo?
A mediados del año pasado, la UAF publicó el primer informe de “Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile”, en el que se sistematizaron las 42 condenas dictadas por los tribunales de justicia, entre 2007 y 2011. Antes del primer año no existían condenas por el delito en el país. Este documento mostró que el uso de testaferros y sociedades de pantalla está presente en más del 86% de los casos ejecutoriados. No obstante, el informe es una radiografía que, como tal, nos muestra un periodo pasado y sabemos que este delito muta muy rápido.
– ¿Existe alguna tendencia emergente de lavado de dinero en la región que usted encuentra particularmente alarmante?
Dado el dinamismo con que el delito de lavado de activos muta y se va acomodando a nuevas fórmulas para burlar el sistema preventivo y persecutor, lo alarmante es la falta de conciencia y previsión de algunos sectores económicos que están siendo más frecuentemente vulnerados para cometer esos delitos. Los lavadores contratan abogados, toman asesorías financieras e invierten en la bolsa de valores, es decir mezclan cada vez con mayor frecuencia y en mayor volumen su dinero ilícito con inversiones institucionales, corporativas y reputadas. La única forma que tiene el sector privado para protegerse es implementar modelos de prevención del delito. En el caso particular de Chile, desde fines de 2009 rige una ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas en materia de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho.
– ¿Qué resultados cree que está dando la lucha actual contra el lavado de dinero con un enfoque basado en el riesgo?
La gran ventaja del enfoque basado en riesgo es que otorga flexibilidad a los sistemas de prevención antilavado, lo que a la larga debería traducirse en modelos cada vez más dinámicos, capaces de reaccionar a una velocidad mayor ante las vulnerabilidades que se detecten. Esto es crucial para combatir un flagelo que, como se sabe, se caracteriza por su rápida mutación.
Aunque es temprano aún para evaluar los resultados de este nuevo enfoque, en el ámbito del sector público es esperable que permitan medir, ordenar y priorizar riesgos, y con ello facilitar la elaboración y adaptación, en los casos en que sea necesario, de regulaciones y normativas antilavado que no solo no inhiban la actividad económica, sino que protejan igualmente la integridad del sector.
El imperativo que ha establecido el GAFI a través de su recomendación N°1 incentiva, por una parte, a un uso más eficiente y eficaz de los recursos con que cuentan los países para combatir el lavado; y, por otra, estimula al sector privado a hacerse cargo de sus vulnerabilidades, estableciendo mitigadores y medidas de control.
– En relación al sistema judicial de su país… ¿está siendo efectivo?
En el ámbito del combate al lavado de activos, el sistema judicial forma parte de un engranaje que para moverse adecuadamente requiere que la UAF ejerza su rol preventivo y de detección de señales de alerta de operaciones sospechosas y que la Fiscalía inicie los procesos persecutorios que derivarán o no en condenas dictadas por los tribunales de justicia. En Chile, este engranaje ha ido ajustándose en los últimos 6 años, hasta alcanzar 51 sentencias ejecutoriadas por lavado de activos, hasta diciembre de 2012, con un total de 104 condenados. La mayor parte de estas sentencias se concentra en los últimos tres años, periodo en el que una serie de condiciones han fortalecidos el sistema de prevención, persecución y sanción penal del delito.
No obstante, evaluar la efectividad del sistema judicial por el volumen de condenas no es adecuado, responsable, ni representativo. Para que el combate al lavado realmente funcione se requiere una alta conciencia en todos los sectores involucrados y una capacitación continua, incluyendo también al sector privado, pues si éste no reporta en forma adecuada y oportuna, difícilmente puede haber condenas.
– ¿Qué balance hace de los casos que ha habido por lavado en el país y las resoluciones que han tenido?
Primero, y aunque resulte obvio, las condenas han permitido evidenciar que en Chile se lava dinero. Hasta hace algunos años, el tema solo era tratado en círculos expertos y si traspasaba esos límites solo se comprendía como un delito relacionado con el narcotráfico. Con las condenas se ha fortalecido la toma de conciencia. Hoy, los ciudadanos han comenzado a comprender que el blanqueo de fondos está mucho más cerca de lo que imaginan y que pueden ser víctimas de él; y las instituciones públicas que forman parte del sistema preventivo están incorporando como parte de sus políticas el enfoque basado en riesgo para combatir el lavado.
Por otra parte, las condenas dictadas han confirmado sospechas y también derribado mitos. Entre las primeras, han dejado claro que aunque el narcotráfico es el principal delito base de lavado en Chile, no es el único, pues también ha sido frecuente la malversación de caudales públicos y el fraude al fisco. Entre los mitos, las sentencias ejecutoriadas derribaron la idea generalizada de que la banca es el principal sector económico vulnerado por los lavadores, pues en rigor los más afectados son los notarios públicos y las empresas automotoras. Todos estos datos, que están contenidos en el “Informe de Tipologías y Señales de Alerta” editado en 2012 por la UAF, también confirmaron que el 88% de las sentencias definitivas condenatorias por lavado de dinero se concentran en los últimos tres años, lo que da cuenta de un sistema que avanza en madurez.
Los resultados del informe también aportaron datos esenciales para la labor de inteligencia, al dar cuenta de que los lavadores usan la diversificación de instrumentos financieros (cuáles y cómo) para resguardar sus fondos y que los jefes de los carteles no viven en los barrios usualmente estigmatizados por el narcotráfico, sino que buscan espacio entre sectores de la clase acomodada.
Por otro lado, la cara B de las cifras nos ha mostrado que el total de comisos es bajo: entre 2007 y 2011 ascendió a unos US$ 6 millones, de los cuales el 43% fue confiscado en 2011 (poco menos de US$ 3 millones). Si consideramos que el FMI estima que anualmente se lava entre el 2% y el 5% del PIB mundial, podemos concluir que en Chile hay varios cientos de millones por decomisar y mucho dinero sucio tratando de blanquearse. Este último es uno de los flancos que se espera subsanar con el plan de acción que pondrá en marcha la estrategia nacional antilavado.
– ¿Considera que en Latinoamérica se sentencian suficientes casos por lavado? ¿Cuáles son los principales obstáculos en las investigaciones y procesos judiciales de lavado de dinero?
No existe ningún país que sea inmune al lavado de activos, sin embargo en Latinoamérica hay algunos que no exhiben siquiera una condena por el delito. Es evidente que algo falla. Los obstáculos tienen que ver con grados de madurez institucional que por historia, desarrollo y experiencia son necesariamente muy dispares en la región. No obstante, en el seno de GAFISUD se están tomando decisiones para revertir este escenario. En 2012, periodo en el que me correspondió ejercer la presidencia pro témpore del grupo, comenzamos a diseñar una línea de trabajo para apoyar con asistencia técnica a los países que requieren mejorar sus sistemas preventivos, persecutorios y penales.
– ¿Cree que cada día es mayor la conciencia de la gente y los profesionales del sector sobre los peligros del lavado?
Sí, creo que cada día hay más conciencia de los graves daños que produce el lavado de dinero, pero también creo que aún no es suficiente como para hacerles la vida realmente difícil a los lavadores. En el caso particular de Chile, un ejemplo de la mayor toma de conciencia e interés por enfrentar más adecuadamente el delito fue la alta demanda por participar en un curso e-learning sobre prevención ALA/CFT puesto en marcha en 2012 por la UAF. En 9 meses fueron capacitados más de 800 oficiales de cumplimiento e incluso tuvimos solicitudes de otros países.
– ¿Qué opinión le merecen las modificaciones en las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI)? ¿Está de acuerdo con la incorporación de la evasión fiscal como delito precedente para el lavado?
Es imprescindible que las herramientas y los enfoques para combatir estos delitos evolucionen rápidamente y, desde esa perspectiva, las 40 nuevas Recomendaciones de GAFI no pueden sino ser bienvenidas. Aquí hay un giro, pues la efectividad del combate al lavado ya no pasa solo por el cumplimiento técnico de estándares, sino que centra el foco en la idoneidad con que se pongan en marcha las Recomendaciones del GAFI, e identifica el grado en que un cada país alcanza o no un conjunto definido de resultados considerados fundamentales para un sólido sistema ALA/CFT. Por tanto, la efectividad dependerá de que el marco legal e institucional produzca los resultados previstos. Es un buen reenfoque, ya que entrega mayor flexibilidad a las autoridades y al sector privado para adecuar la regulación y los sistemas de control a las nuevas formas que adopte el delito.
En cuanto a la evasión fiscal, creo que no es un imperativo incluirla de inmediato como delito precedente. Primero hay que desarrollar, aplicar y evaluar los resultados de los enfoques basados en riesgo, pues dependiendo de las condiciones particulares de cada economía puede haber casos en que este delito no represente un problema y que, en cambio, sean otras las actividades nocivas hacia las que deban destinarse mayores recursos para combatirlas. Un ejemplo es Chile, que cuenta con una sólida institucionalidad tributaria y bajos niveles de evasión fiscal, los que permanecen dentro de límites controlados.
– Uno de los mayores desafíos de los profesionales encargados de combatir los delitos financieros es conocer la identidad del beneficiario/dueño real de los activos, dinero, ganancias, etc. ¿Cómo cree que se podrá resolver este enorme dilema en el futuro?
Los estándares internacionales plasmados en las recomendaciones de GAFI son claros en esta materia: debe exigirse a las instituciones consideradas como “sujetos obligados” que identifiquen efectivamente al beneficiario final y tomen las medidas razonables para verificar dicha identidad. Es un tema de resguardo que deben cumplir las instituciones que manejan los fondos. Los datos relevantes para esta identificación pueden obtenerse de registros públicos. Es responsabilidad de las autoridades poner a disposición de quienes deben realizar la debida diligencia del cliente toda la información necesaria para contar con esta pieza clave del sistema preventivo. La existencia de los llamados “paraísos fiscales” dificulta esta tarea y, por tanto, los organismos internacionales y los diversos foros económicos mundiales deben asumir un rol esencial y presionar para eliminar las barreras de acceso a la información.
-¿Cuál cree que es la mayor falla en la lucha contra el lavado de dinero hoy en día?
La falta de comprensión cabal de las responsabilidades que cada actor tiene en el sistema preventivo y persecutor y de las consecuencias que acarrea el no cumplimiento de tales obligaciones. La lucha contra el lavado de activos es un trabajo estratégico, que requiere de un fuerte compromiso y coordinación, no solo entre instituciones públicas, sino también con el área privada de la economía. Si no se reportan operaciones sospechosas, si no hay debida diligencia de clientes, si no hay procesos adecuados y oportunos de inteligencia financiera, si hay desidia en la persecución o falta de comprensión a la hora de fallar, es el lavador quien gana.
La más eficiente de las políticas de Estado para ahuyentar, frenar y reprimir al crimen organizado no será próspera si el sector privado no asume el rol que le corresponde para defender sus propios negocios y a la economía de las consecuencias de estos delitos. Y el combate al lavado tampoco será parejo si las autoridades competentes no disponen de las facultades necesarias para atacar el bolsillo de los lavadores. No basta con encerrarlos, es necesario despojarlos de su patrimonio, quitarles la capacidad operativa e impedir que continúen corrompiendo tras las rejas.
