No podemos negar que la reciente plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) nos dejó un agradable sabor en la boca. La salida de Bolivia de la “lista gris” y la de Venezuela del grupo de países en observación fueron buenas noticias. Si nos guiamos por lo que el GAFI indica en sus reportes, solo Ecuador mantiene deficiencias estratégicas que deben ser atendidas y por eso lo mantiene en la “lista gris”. Estamos seguros de que las autoridades ecuatorianas ya están haciendo sus mejores esfuerzos por cumplir con las exigencias del organismo.
Sin embargo, una cosa es la teoría y otra es la práctica. Si bien es cierto que los países de la región han avanzado y han logrado fortalecer sus estructuras legales en contra del lavado y del financiamiento del terrorismo, también debemos aceptar el hecho de que en Latinoamérica existen infinidad de debilidades que son aprovechadas por el crimen organizado. Es imposible tener una cifra certera de cuánto se está lavando en la región, pero podemos asegurar que es una cifra espeluznante.
Tener leyes robustas y regulaciones deslumbrantes no sirve de nada, si no logramos ser efectivo en las etapas finales de la lucha antilavado: el procesamiento, la sentencia y la confiscación de activos. Estoy convencido de que estos serán los principales puntos débiles de las naciones latinoamericanas en la 4° Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI.
