Parece mentira que a pesar de los avances logrados en materia legislativa y regulatoria en Latinoamérica, el antilavado de dinero sigue encontrando oposición en los sectores regulados, especialmente los “profesionales y actividades no financieras”.
Durante los años 90 y principios de la década pasada hubo cierta resistencia de los primeros sectores regulados, especialmente las instituciones financieras, las cuales a duras penas y con poca disposición han tenido que asumir su responsabilidad en la lucha antilavado. Aunque aún puede ser mejor, el cumplimiento de los grandes sectores regulados es digno y, podemos decir, efectivo.
Sin embargo, los nuevos sujetos obligados siguen resistiéndose y no quieren papel alguno en la lucha contra los crímenes financieros y el financiamiento del terrorismo. Todavía vemos a transportistas quejándose de las responsabilidades impuestas; a comerciantes y distribuidores de obras de arte oponerse rotundamente a la identificación de los clientes; a importadores y exportadores que intencionalmente burlan las sanciones económicas; y a contadores y abogados que no quieren presentar reportes, entre otros.
La realidad global ha cambiado. El antilavado no es “cosa de un grupito”, no es una fantasía de los gringos y en la sociedad moderna todos debemos asumir nuestra cuota de responsabilidad. Ya basta de huirle a las responsabilidades… es hora de definir de qué lado nos encontramos: estamos con los bandidos o estamos con los buenos.
