Por Brian Orsak
Un gran jurado federal acusó a 23 hombres y a un negocio de servicios monetarios del Estado de Maryland (EEUU) de lavado de dinero y ocultamiento de financiación del terrorismo.
Los cargos se producen como consecuencia de una investigación de cuatro años, denominada Operación Pago Efectivo (Operation Cash Out), de las actividades de dos negocios de servicios monetarios no autorizados.
Los individuos que operaban los negocios Pak Exchange y Hamza Inc. transfirieron ilegalmente alrededor de US$4 millones en fondos gubernamentales, los que se consideran procedentes del contrabando de drogas y cigarrillos. En una ocasión, los sujetos entregaron fondos para el grupo terrorista al Qaeda, de acuerdo con los cargos presentados en
El dinero fue transferido a Canadá, Japón, Inglaterra, España y Australia. “Éste era un sistema hawala importante”, dijo Jim Kinkins, agente especial a cargo de la investigación de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). “Ésta es una de las sumas más importantes de fondos gubernamentales que han sido transferidas a través de este tipo de sistema”.
Los hawalas son sistemas informales de transferencia de valores, y a menudo no están regulados. Los usuarios envían o reciben transacciones a través de agentes de hawala, denominados hawaladares, quienes aceptan y pagan dinero basándose en llamados telefónicos o comunicaciones que reciben de otros agentes en el sistema. Los hawalas no son ilegales en Estados Unidos, pero están obligados como negocios de servicios monetarios.
Aunque la investigación no obtuvo evidencia de que los acusados movilizaron dinero para los terroristas, la naturaleza informal del hawala -en el que a menudo no se conservan registros electrónicos o durante un lapso de tiempo prolongado- dificulta conocer completamente las actividades de los negocios, dijo Dinkins.
Además de los cargos por lavado de dinero, la investigación también dio como resultado una acusación no relacionado por tentativas por parte de los propietarios de una tienda pequeña de Maryland, de soborno de un funcionario público y de fraude. Los cuatro cargos, que acusan a 39 individuos en total, buscan obtener el decomiso criminal de US$5 millones.
Los cuatro años de investigación requirieron la participación de agentes del FBI y del Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés), así también como del ICE.
