Por Selina Román
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Un abogado de Miami está luchando contra la decisión del gobierno de EE.UU. de aplicarle una sanción de US$250.000 y de prohibirle representar en el futuro a instituciones financieras.
La Oficina de Contralor de la Moneda del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés, OCC) acusó a Carlos Loumiet de realizar declaraciones falsas y eliminar evidencia sobre su trabajo para el ahora extinto Hamilton Bank, N.A. mientras trabajaba en la firma de abogados Greenberg Traurig.
De acuerdo con la OCC, Loumiet “perjudicó al banco al ocultar los delitos del presidente y CEO del banco” en un esfuerzo por “dirigir” US$1,6 millón en honorarios a su firma después de que el Hamilton Bank contratara a Greenberg Traurig en el año 2000 para investigar su manejo de varias transacciones ilegales, algunas de las cuales sugerían la existencia de lavado de dinero, y evaluar la credibilidad de sus oficiales.
Loumiet, actualmente socio de la firma de abogados de Miami Hunton and Williams, sostiene que no hizo nada inadecuado en sus contactos con el Hamilton Bank, pero su caso subraya el dilema que enfrentan los abogados en su lucha por ser leales con sus clientes y cumplir las obligaciones con el gobierno. Específicamente, refuerza la idea de que los abogados y sus firmas pueden ser considerados responsables por las fechorías de sus clientes.
La OCC ya sancionó a Greenberg Traurig con US$750.000 el 31 de octubre y a su accionista Robert L. Grossman, que realizó la investigación con Loumiet, por la suma de US$175.000 el 7 de noviembre. Grossman también acordó no representar a ninguna institución financiera asegurada. El regulador federal bancario dio a conocer sus acuerdos con ellos y su anuncio de cargos presentados el 6 de noviembre contra Loumiet fue publicado en diciembre.
“De buena fe”
La OCC alega que Loumiet y Grossman deliberadamente retuvieron información que demostraba que los oficiales del Hamilton Bank “orquestaron transacciones ilegales a fin de ocultar las pérdidas del banco resultantes de la crisis de la deuda rusa de 1998”.
La OCC cerró el Hamilton Bank en 2002 porque no cumplió con las órdenes de cesar y desistir que el regulador había emitido con relación a los préstamos bancarios cuestionables de US$80 millones, a las transferencias cablegráficas que no tenían “ningún propósito comercial legítimo”, y los US$2.000 millones en depósitos de América Latina, de acuerdo con los documentos del tribunal. En ese momento, la OCC dijo que el banco orquestó un ardid elaborado para reemplazar a los préstamos negativos por otros nuevos y que sus “actividades sospechosas no monitoreadas sugerían la existencia de lavado de dinero”.
Aún así, la vocera de Greenberg Traurig, Hill Perry dijo que la firma “respetuosamente estaba en desacuerdo con la evaluación de los hechos realizada por la OCC” con relación a sus manejos con el Hamilton Bank. La compañía, dijo, acordó con los términos de la OCC “sin admitir o negar” cualquier acción incorrecta para proteger a la firma de “mayores gastos o distracciones”.
“Estas alegaciones exageradas de conducta criminal, si fueran hechas fuera de la protección del proceso legal y por alguien que no fuera el gobierno de EE.UU., serían consideradas calumnias”, declaró Loumiet en su respuesta a la notificación de los cargos presentada por la OCC. Expresó que completó la “tarea” que se le había encomendado “de buena fe y lo mejor que supo” sin saber que los oficiales del Hamilton habían mentido a la firma.
Aún así, si no lo sabía, la comunidad legal argumenta que los abogados no pueden atender a dos amos y que reportar las indiscreciones de sus clientes al gobierno viola el privilegio abogado-cliente.
La OCC declinó hacer comentarios sobre el tema. Loumitet argumentará su caso ante un juez de derecho administrativo en octubre.
Privilegio debilitado
Aunque el gobierno de EE.UU. no obliga a los abogados a divulgar las actividades de sus clientes como lo requieren otros países, la Oficina del Fiscal General de EE.UU. ahora puede obligar a los abogados como Loumiet y a sus colegas a entregar alguna información sensible, como notas, si los fiscales pueden establecer una “necesidad legítima” para ello.
El Vicefiscal General de EE.UU. Paul J. McNulty publicó un memorandum en diciembre indicando que el gobierno puede utilizar en sus investigaciones información privilegiada, incluyendo la información descubierta en la investigación de conducta incorrecta interna en la compañía.
McNulty dijo el mes pasado que el memorandum debería “alentar a las corporaciones” a vigilarse ellas mismas y a prevenir la corrupción, pero la comunidad legal considera que obligará a los abogados a dejar ciertos hechos o declaraciones fuera de sus notas por temor a que más tarde sean considerados responsables por las acciones de sus clientes.
El abogado de Loumiet, Bill Coston, dijo que los profesionales legales tienen que “vigilar sus propias espaldas”, lo que puede impedirles realizar investigaciones legales para clientes corporativos como el Hamilton Bank. “Se está presionando a los abogados para que se sometan a la posición preconcebida de culpabilidad que tiene el gobierno”.
Los abogados, igual que los contadores y los notarios, son considerados porteros de la industria financiera global porque a menudo son los primeros en descubrir las ganancias mal habidas de sus clientes.
Por esa razón, el Grupo de Acción Financiera, la agencia con sede en París que establece los estándares antilavado de dinero globales, recomienda que sus miembros obliguen a esos porteros a cumplir con las mismas leyes y regulaciones que deben seguir las instituciones financieras. Aunque Australia y los países europeos, entre otros, los obligan a reportar actividades sospechosas, los Estados Unidos no.
Esas reglas, sin embargo, probablemente no se aplicarían a Greenberg Traurig o Loumiet porque el Hamilton Bank los contrató para investigar sus transacciones ilegales y la credibilidad de sus oficiales, más que para realizar negocios en su nombre, dijo Grez Baldwin, socio de la firma de abogados Holland & Knight de Miami.
“Cada vez que uno se involucra con un abogado”, dijo Baldwin, “casi por definición usted está participando en temas de porteros en algún grado”.
