El fraude y el lavado de dinero asociados al sector de los seguros suelen involucrar a diversos actores que confabulan para ejecutar la estafa contra las empresas aseguradoras. Sin embargo, las estafas también pueden estar orientadas contra personas y ser ejecutadas por un solo individuo, especialmente cuando el delincuente es un abogado.
En un caso analizado por la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés), un abogado especializado en casos de lesiones personales por accidentes y reclamaciones de compensaciones de trabajadores fue encontrado culpable de estafa y lavado de unos US$ 3 millones obtenidos ilícitamente de empresas de seguros y de clientes que habían sufrido lesiones o accidentes.
De manera fraudulenta, el abogado inició reclamaciones a los seguros en representación de personas, quienes no habían autorizado ni tenían conocimiento de estos reclamos. El abogado obtuvo ilegalmente la firma de las personas y luego introdujo ante las empresas de seguros las reclamaciones de las compensaciones.
Luego de recibir los cheques de las aseguradoras,el abogado falsificó la firma de las personas y se adueñó del dinero, que utilizó para mantener su estilo de vida lujosa. Las investigaciones demostraron que el procesado obtuvo al menos US$ 3 millones, mediante la presentación de unos 300 casos fraudulentos a las empresas aseguradoras.
En una ocasión el acusado contactó a una compañía de seguros diciendo que había sido contratado por la víctima y proporcionó información médica para apoyar la reclamación. En pocas semanas, la compañía de seguros aceptó llegar a un acuerdo. El demandado falsificó la firma de la víctima en una planilla que envió por fax a la compañía de seguros, la cual envió al acusado un cheque. Una semana más tarde, el acusado depositó el cheque en su cuenta bancaria. La persona a nombre de quien fue hecho el reclamo declaró que el abogado negocio sin su conocimiento o consentimiento. Además, el cliente no sabía que la compañía de seguros había enviado el cheque al abogado.
Un elemento clave en la investigación fueron los reportes de operaciones sospechosas (ROS) y de transacciones en efectivo. Los investigadores federales accedieron a la base de datos de FinCEN, donde encontraron varios ROS asociados al abogado. Uno de los reportes indicaba que el acusado había realizado operaciones en casinos por US$ 120.000 en menos de un mes.
El abogado realizó viajes al exterior e invirtió parte del dinero en bienes raíces, ya que construyó una nueva vivienda y adquirió una propiedad vacacional.
Un juez federal sentenció al acusado a más de 10 años de prisión y su licencia como abogado fue revocada.
