La mayoría de los abogados del Reino Unido ya han ajustado sus políticas y procedimientos para cumplir con las últimas regulaciones sobre lavado de dinero del país, pero no están satisfechos por la carga de las nuevas obligaciones, según una encuesta en línea realizada por una asociación legal británica.
La Sociedad Legal de Inglaterra y Gales indicó que de las 197 respuestas recibidas en la encuesta realizada a abogados británicos, el 95% afirmó haberse ajustado a las nuevas normas en el plazo de seis meses dado, luego de que las regulaciones entraran en vigencia en diciembre de 2007.
Estas normas ALD obligan a los juristas a verificar si sus clientes ocultan dinero sucio.
De esta forma, el país cumple con lo establecido en la Tercer Directiva Europea sobre Lavado de Dinero.
Debido a las dificultades culturales existentes con los clientes del exterior y a otros problemas existentes, el 57% de los encuestados respondió que había tenido dificultades al realizar la diligencia debida reforzada sobre sus clientes del exterior, indicó la asociación.
El gremio señaló que las regulaciones habían presentado desafíos a los abogados que trabajan con clientes de países que tienen protecciones antilavado de dinero deficientes o que tienen estructuras de propiedad múltiples. Además, las firmas de abogados deben compaginar las obligaciones de los distintos entes regulatorios, y ser consistentes con la implementación de esos requisitos a nivel mundial, expresó la asociación.
Los abogados del Reino Unido han estado obligados a presentar reportes de operaciones sospechosas (ROSs) desde 2002. Sin embargo, las Regulaciones sobre Lavado de Dinero incrementaron sus obligaciones ALD al imponer reglas sobre la identificación de los dueños beneficiarios de las compañías y los fideicomisos, las personas que se desempeñan en ámbitos políticos y la fuente de los fondos de sus clientes.
En diciembre de 2006, la Sociedad Legal elaboró un reporte titulado “Implementación de la Tercer Directiva sobre Lavado de Dinero: la Respuesta de la Sociedad Legal”, criticando la definición de la directiva de “propiedad beneficiaria” y de las “personas expuestas políticamente”.
La asociación expresó su preocupación nuevamente en una carta fechada en enero de 2007 dirigida al Tesoro del Reino Unido, indicando que las definiciones ambiguas de la directiva dificultan a los abogados el conocer qué nivel de diligencia debida deben aplicar a sus clientes, lo que podría resultar en la implementación inconsistente de la directiva.
La Sociedad Legal realizará una encuesta más amplia en septiembre, en la que se incluirán los costos del cumplimiento con las nuevas regulaciones.
