Como una iniciativa exitosa fue catalogado el plan de desarrollo de la estructura antilavado de Argentina por los académicos londinenses encargados de la organización del 30° Simposio Internacional Anual de Cambridge sobre Delitos Económicos, que se realiza desde el 02 al 09 de septiembre en el Reino Unido.
Los organizadores del evento -que reúne a más de 1.600 académicos, catedráticos, legisladores, funcionarios de gobierno, diplomáticos y jueces de 100 naciones- indicaron que el plan instrumentado por las autoridades argentinas durante los últimos meses ha merecido “el reconocimiento de la comunidad internacional”, por lo cual consideraron importante “aprender de la perspectiva argentina respecto de las iniciativas nacionales e internacionales sobre cómo debe procederse en la lucha contra el lavado de dinero”.
También reconocieron los “exitosos esfuerzos realizados por la República Argentina en el reciente encuentro del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), que han sido aplaudidos internacionalmente”.
El profesor de la Universidad de Cambridge y director ejecutivo del Simposio, Barry A.K. Rider, indicó en un comunicado que “en un momento en que muchas agencias –que han sido criticadas por no actuar lo suficientemente fuerte- están siendo restructuradas o remplazadas, hay incertidumbres profundas, no sólo para los sectores normativos y de cumplimiento, sino también para las comunidades reguladas. Los peligros presentados por la sobre-regulación y la intervención puede ser tan graves como el fracaso de los supervisores para prevenir o mitigar al menos los problemas que aún están socavando la recuperación económica en muchos países”.
Gauchos orgullosos
En representación del gobierno de Argentina asistió como orador el ministro de justicia, Julio Alak, quien destacó el compromiso de la Presidencia de la República para “hacer frente a los desafíos en materia de lavado”.
Alak precisó que el fortalecimiento de la normativa permitió “la adecuación del sistema penal a los últimos avances registrados en la comunidad internacional” y exhortó a los Estados a “extremar esfuerzos en pos de la reconstrucción, sobre cimientos más sólidos, de las estructuras que se resquebrajaron en estos últimos cuatro años (…) Esta acuciante realidad no puede paralizarnos, sino que nos exige compromisos políticos de máximo nivel, coordinados en forma inteligente con la totalidad de los actores locales, regionales e internacionales, para hacer frente a problemas que no tienen límite en las fronteras geográficas y que, como sabemos, están sometidos a una transformación permanente”.
“Debemos asumir que el fraude, la corrupción, el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos representan amenazas concretas para la estabilidad de nuestras economías”, indicó el ministro argentino, quien advirtió que “el lavado de activos, que debe ser atacado conjuntamente con el financiamiento del terrorismo, constituye la modalidad del delito organizado transnacional que suscita un grado de particular preocupación a los Estados y la economía global”, ya que “funciona como puente transformador de los fondos ilícitos en lícitos” y es “el canal de derivación sobre el que tarde o temprano intentan confluir todos los hechos delictivos”.
Resultados concretos
El Grupo de Acción Financiera Internacional durante el periodo 2004/2009 efectuó observaciones y propuso una serie de recomendaciones estratégicas para la República Argentina. Ante esa situación –indicó el ministro- en el año 2011 el país presentó un Plan de Acción que, en sólo 18 meses, produjo resultados concretos de alto impacto positivo, entre los que destacan:
· Reorganización del sistema antilavado en cabeza de la Unidad de Información Financiera y fortalecimiento de la reglamentación administrativa del organismo;
· Establecimiento de un nuevo marco normativo en materia de inspección, supervisión y sanción de los sujetos obligados;
· Modificación del Código Penal en materia de lavado de dinero; responsabilidad de las personas jurídicas y decomiso sin sentencia condenatoria;
· Unificación registral a nivel nacional y readecuación administrativa de todos los organismos de fiscalización y control;
· Incorporación al Código Penal de nuevas figuras en materia de delitos económicos, principalmente vinculados al sector financiero y la manipulación del mercado;
· Incorporación al Código Penal de un agravante genérico para los delitos cometidos con finalidad terrorista y retipificación del delito de financiamiento del terrorismo.
· Creación del Programa Nacional de Monitoreo de la Implementación de Políticas para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en el entendimiento de que no se trata sólo de reformar los instrumentos normativos, sino de monitorear en forma permanente su implementación y eventual corrección.
· Establecimiento de la figura de congelamiento administrativo de activos, instituto legal hasta entonces inexistente en el ordenamiento jurídico nacional.
