Por Matt Squire.
Los planes del Grupo de los 20 de terminar con el abuso de los paraísos fiscales podrían requerir hasta diez años para su implementación y probablemente enfrentarán grandes desafíos políticos, según algunos expertos internacionales en impuestos.
El G-20 publicó un comunicado durante la última reunión celebrada en Londres en el que anunció el compromiso de los países de entregar fondos por US$1,1 billón al Fondo Monetario Internacional y pidió acciones, incluida la posibilidad de aplicar sanciones económicas, contra aquellas jurisdicciones que permiten a los evasores impositivos ocultar sus bienes. El comunicado decía: “Se terminó la era del secretismo bancario”.
Pero es más fácil decirlo, que terminar con el secretismo bancario en jurisdicciones en donde hay depositados muchísimos activos, ya que los miembros del G-20 ahora deben discutir la aprobación de sanciones contra los paraísos fiscales de manera coordinada.
“La coordinación entre los países del G-20 para tratar el problema del abuso de los paraísos fiscales se ha visto limitada en el pasado, y dados todos los demás problemas actuales [con la caída de la economía global], supongo que estará limitada de alguna manera en el futuro inmediato”, advirtió Gary Hufbauer, integrante del Instituto Peterson de Economía Internacional en Washington D.C.
Los primeros pasos del G-20 son cada vez mayores para lograr la reforma sobre los paraísos fiscales, pero los resultados reales se verán a nivel legislativo de los miembros del G-20, indicó y agregó que tales esfuerzos podrían demandar hasta una década antes de ser concretados antes de que se apliquen sanciones concretas, reconocidas a nivel internacional.
“El G-20 no tiene facultades para legislar y al final del camino, la legislación nacional de cada uno de los países tendrá que recoger el cambio”, explicó Richard Murphy, director de Tax Research LLP, un grupo asesor con sede en Norfolk, Inglaterra. “No se le van a aplicar sanciones a nadie en los próximos seis meses”.
La informalidad de la estructura del G-20 también limitaría su capacidad para implementar y aplicar las listas negras, dijo Bruce Zagaris, socio de la firma de abogados Berliner, Corcoran & Rowe, de Washington, D.C. “Podría generar muchas controversias y litigios”.
Además, los planes del G-20 requerirán muchos manejos políticos para aliviar las preocupaciones de algunos de sus miembros, especialmente de China y Rusia, expresó Hufbauer. China podría sostener una pelea para proteger a sus centros bancarios en Macao y Hong Kong, mientras que Rusia podría ser sometida a una mayor vigilancia externa, precisó Hufbauer. “El sistema bancario ruso es muy nacionalista y lo ultimo que quieren es que algún grupo como el G-20 vaya y vea qué están haciendo”, expresó el experto.
El cambio americano
El liderazgo político necesario para superar estos obstáculos ha estado ausente en los Estados Unidos, dijo Hufbauer. “Los Estados Unidos, especialmente bajo la administración Bush, no han sido muy entusiastas respecto de una reforma sobre los paraísos fiscales, y la administración Obama sí desea trabajar en el tema”, indicó.
Dow Jones informó el viernes 3 que la Ministra de Finanzas de Francia, Christine Lagarde, pidió al G-20 que elabore una lista de sanciones contra aquellos bancos que siguen realizando operaciones comerciales y teniendo negocios en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales, incluida la imposición de mayores requisitos de capital.
Pero algunos miembros del G-20 pueden carecer de “ganas” de aplicar sanciones contra los regímenes de los paraísos fiscales, señaló Scott Michel, presidente de la firma de abogados Caplin & Drysdale, en Washington, D.C. “Existe una sensación de propiedad sobre el tema, por lo que no me sorprendería si uno o más países no quisieran avanzar sobre esto”, señaló el jurista.
Si bien el G-20 todavía tiene que elaborar una definición acordada entre todos los miembros sobre qué constituye una jurisdicción que sea paraíso fiscal, el grupo con sede en París que elabora las políticas económicas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés), publicó un “informe en curso” referido a cuáles países han cumplido con los estándares internacionales impositivos.
El informe, citado en el comunicado del G-20, mencionó a Costa Rica, Malasia, Filipinas y Uruguay por no comprometerse a cumplir con los estándares. Austria, Bélgica, Brunei, Chile, Guatemala, Luxemburgo, Singapur y Suiza se han comprometido a cumplir con los estándares recién este año y todavía tienen que implementarlos, según la OECD.
Dos legendarios paraísos fiscales como Suiza y Liechtenstein también acordaron este año adherirse a los estándares impositivos de la OECD con el objetivo de no ser identificados como jurisdicciones no cooperadoras, según un informe de Associated Press.
Si los miembros del G-20 llegaran a aplicar sanciones de manera efectiva, la lista de la OECD podría no ser el mejor modelo a seguir, según Zagaris. El informe de la organización sólo muestra cómo las jurisdicciones que han cumplido con el Artículo 26 de la Convención sobre Modelos Impositivos del grupo y la cantidad de acuerdos de intercambio de información impositiva (TIEAs, por sus siglas en inglés) de los cuales son parte, expresó Zagaris.
“Ciertamente tendría cuidado antes de utilizar esta lista [como herramienta de la debida diligencia], porque solo es un informe sobre la situación en curso y [es engañoso] en la medida que utiliza a estos TIEAs como el único criterio. Tiene algún efecto marginal sobre la reputación [contra las jurisdicciones], pero nada más”, precisó Zagaris.
La lista de la OECD podría dar la impresión falsa de que una jurisdicción con múltiples TIEAs está exenta de estar vinculada al tema de paraísos fiscales, dijo Murphy. “El proceso del TIEA fue creado para establecer cooperación con los paraísos fiscales y se les da mucha mayor credibilidad en la cooperación. El proceso de los TIEA tiene que ser reformado radicalmente”, exhortó Murphy.
Los gobiernos europeos, críticos de las políticas de secretismo bancario de ciertas jurisdicciones vecinas, han sido respaldados por informes de que el banco suizo UBS AG y el LGT de Liechtenstein habían estado ocultando ganancias a las autoridades impositivas.
Según un reporte publicado en julio por el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de los EE.UU. (PSI, por sus siglas en inglés), miles de millones de dólares en ingresos por impuestos en EE.UU se han perdido por haber estado ocultados y protegidos en jurisdicciones como Suiza y Liechtenstein.
El 18 de febrero, el UBS firmó un acuerdo de diferimiento de enjuiciamiento con el Departamento de Justicia de los EE.UU. relacionado con las acusaciones de que había ocultado las ganancias de ciertos clientes estadounidenses a las autoridades impositivas norteamericana. El UBS acordó, según el documento, pagar US$780 millones y entregar los nombres de ciertos titulares de cuenta estadounidenses.
El senador Carl Levin, demócrata por el estado de Michigan y presidente del PSI, ha impulsado un proyecto de ley que designaría formalmente a 34 jurisdicciones como paraísos fiscales y le daría al Departamento del Tesoro la facultad para que aplique medidas contra las jurisdicciones e instituciones extranjeras que no cumplen con la legislación impositiva de los EE.UU. No obstante, el borrador de la lista de paraísos fiscales fue criticado por funcionarios del Departamento del Tesoro de los EE.UU.
La elaboración de una lista de países que sean considerados paraísos fiscales podría perjudicar las relaciones económicas internacionales y crear una lista negra de facto, escribió Michael Mundaca, Viceasistente del Secretario del Tesoro para Asuntos Internacionales en una carta adjunta al Informe Sobre Responsabilidad Gubernamental sobre impuestos internacionales publicado el 18 de diciembre de 2008. Esa lista negra “puede ser utilizada como base para la imposición de sanciones u otras medidas negativas”, escribió el funcionario.
