Como sus contrapartes del Norte, las instituciones financieras mexicanas y los agentes de control legal se encuentran ante un gran obstáculo en sus esfuerzos para detectar el lavado de dinero: las restricciones presupuestarias, según expresó Alberto Ávila, socio gerente de COMLAFT, consultora de Cuernavaca, México.
La crisis presupuestaria se da en un momento en que los esfuerzos de cumplimiento están madurando, pero los carteles de la droga están creciendo, dijo Ávila, ex vicepresidente de asuntos legales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México. El martes 13 de enero, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó sus críticas al país por no realizar juicios por lavado de dinero de manera apropiada.
Ávila conversó con la reportera Larissa Bernárdes sobre el informe del GAFI, así también como sobre algunas propuestas y programas en curso para combatir al delito financiero a en todo el país latinoamericano. A continuación se transcriben algunos momentos de esa conversación.
En su evaluación mutua, el GAFI señaló que el problema de los carteles de la droga en México se ha convertido en “sin precedentes” dentro del país. ¿Cuál es el impacto de eso en los departamentos de cumplimiento de las instituciones financieras mexicanas?
En el gobierno del presidente Calderón, se ha presentado una iniciativa denominada Operación Limpieza bajo la cual la rama ejecutiva del gobierno federal ha estado manteniendo una batalla contra la corrupción [que involucró a los carteles de la droga], centrada en los aspectos físicos del traslado y venta de drogas, así también como en el ángulo financiero de lavado.
A raíz de esto, existe una gran presión sobre qué información deben dar las instituciones. El presidente ha dicho que es una misión importante –una misión personal para él – pero que la mala situación económica existente en México y en el mundo ha resultado en la reducción de presupuestos. Por lo cual, los oficiales de cumplimiento ahora están obligados a entregar más información y trabajar con limitaciones presupuestarias al mismo tiempo.
Algunos de mis colegas y yo estamos proponiendo a nuestro representante del gobierno estatal que el esfuerzo ALD en las instituciones financieras sea deducible de impuestos, porque es algo que ayuda a invertir en la seguridad del país y colabora con las autoridades de control legal en sus investigaciones.
¿Existe algún conocimiento sobre cómo se lavan las ganancias obtenidas con el tráfico de drogas?
Hay mucho conocimiento de parte de las instituciones financieras. Una gran parte del dinero ha sido ubicado en el área y ahora mismo, por sobre todo, se ha vuelto un tema mucho más público, porque se puede leer sobre ello en los diarios y verlo en televisión. Las instituciones financieras saben que hay que combatirlo y cumplir con los controles, pero también están muy atentas por el cuidado de sus reputaciones. Un solo error podría generar un gran impacto y terminar en las manos de los medios de información.
Yo creo que el gobierno sabe, igual que lo mencionó el GAFI, que necesitamos modernizar o modificar las distintas regulaciones para enjuiciar de manera adecuada a estos delitos. El GAFI dijo que solo hubo 25 condenas vinculadas al lavado de dinero desde 1989. Pero no se trata solo de lavado de dinero. Tiene que existir un mecanismo mucho mejor para otorgar órdenes de allanamiento y deben modificarse las leyes de confiscación de bienes. Los jueces y otros funcionarios en cargos similares necesitan conocer en profundidad cómo se mueven los fondos y cómo funcionan estos delitos. ¿Cómo puede un juez dictar cierta clase de órdenes de allanamiento si no sabe cómo son movilizados los fondos ilegales? La rama legislativa necesita conocer esto en profundidad y mucha más capacitación en esta área.
¿Ha habido un incremento coincidente en el reporte de actividades sospechosas en los bancos mexicanos?
La respuesta tiene dos partes: primero, se han dictado muchas regulaciones nuevas; segundo, toda la estructura de cumplimiento ha avanzado mucho. Pero también ha habido una gran cantidad de reportes “defensivos”.
Usted mencionó que el GAFI señaló que desde 1989 sólo se dictaron 25 condenas relacionadas con lavado de dinero. Solo dos acusaciones, según el GAFI, surgieron de reportes de la UIF de México. ¿Por qué cree que la información financiera no termina en más juicios?
Creo que es uno de los temas que mencionó el GAFI: la cantidad de recursos que tiene la UIF, tanto en términos de cantidad de personal que trabaja allí y la experiencia que tiene. Pero la UIF ahora cuenta con mucha más gente que está muy preparada.
El otro tema es que la legislación de México necesita modificaciones, no necesariamente las regulaciones ALD, sino que el mecanismo para realizar los juicios debe ser modificado. La oficina del Fiscal de Distrito no está autorizada a compartir cierta clase de evidencia con la UIF y viceversa.
El informe también menciona riesgos asociados con los centros de cambio de divisas y los operadores de remesas. La industria de las casas de cambio de México ha sido criticada durante mucho tiempo por sus vulnerabilidades frente al lavado de dinero. ¿Cuál es el estado actual de los esfuerzos para reducir esos riesgos?
Como cualquier otra institución financiera, cuanto más grande se es, también se es más riesgoso por el factor matemático involucrado. Lo que sucede ahora es que estas instituciones financieras se encuentran en una curva de aprendizaje a raíz de dictado de las últimas regulaciones. Pero incluso las casas de cambio pequeñas están comenzando a implementar programas. Este sector es muy joven comparado con los bancos en lo que respecta al cumplimiento.
Hay que realizar mucha capacitación y enseñanza. Pero con relación a la detección de quién está haciendo las cosas bien y quién las está haciendo mal, no hay problema. Estas casas de cambio normalmente han conocido a las familias de sus clientes durante tal vez varias generaciones, y conocen a todas las personas vinculadas con las transacciones. Solo hay que hacer que ese conocimiento mental sea transcripto en conocimiento escrito. Estas instituciones ayudan a mucha gente y no son conocidas por trabajar para los carteles de la droga, aunque por supuesto algunos las están utilizando.
Los Estados Unidos acaban de entregar US$197 millones de ayuda a México como parte de la Iniciativa Mérida para combatir al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo. ¿Cuáles son sus expectativas acerca de la iniciativa?
Espero que haya más investigaciones. Actualmente, las investigaciones vinculadas al tráfico de drogas han estado centradas en el transporte físico. Ahora, espero más procedimientos sobre las transacciones financieras frente al transporte, más juicios por delitos de cuello blanco.
Argentina recientemente aprobó una ley que permite a sus evasores de impuestos llevar el dinero nuevamente a Argentina sin realizar muchas preguntas sobre su origen. Algunos han dicho que esto será una oportunidad de oro para los lavadores de dinero. ¿Cuál es su opinión sobre cómo afectará esto al ALD en América Latina en general y específicamente en México?
México implementó una medida similar hace 18 ó 20 años, por lo que México ya tuvo experiencia con esto. Lo que sucede, por supuesto, es el tema de cómo ingresa el dinero al país y su origen se convierte un poco en un dilema. La ley facilita y agiliza el ingreso del dinero al país, pero los bancos siguen teniendo la responsabilidad de realizar varias preguntas cuando sus clientes se presentan al banco. Esto significa que los bancos argentinos tendrán mucho trabajo.
