Los bienes en Estados Unidos de tres altos funcionarios del gobierno venezolano fueron congelados, luego de haber sido “designados” este viernes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), por su supuesta colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El ex ministro del Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, el director de la División de Servicios de Inteligencia Política (DISIP), Henry de Jesús Rangel Silva, y el director de Inteligencia Militar (DIM), Hugo Armando Carvajal Barrios, fueron designados bajo los lineamientos de la llamada Ley Kingpin, una legislación creada para sancionar financiera a quienes promueven el tráfico de drogas y el terrorismo en el mundo.
El director de OFAC, Adam J. Szubin, informó que los oficiales venezolanos “armaron, apoyaron y financiaron a las FARC”, por lo que además ninguna entidad financiera estadounidense podrá realizar operaciones relacionadas a los bienes de los designados.
Esta es la sexta medida que el organismo ha tomado contra los rebeldes en los últimos 10 meses, como parte de una estrategia para “aislar a aquellos individuos y organizaciones que ayudan a las FARC en sus actividades criminales en las Américas”, puntualizó Szubin.
Los argumentos del gobierno americano
Según informó el Departamento del Tesoro, Rodríguez Chacín, quien fue Ministro del Interior y Justicia hasta el 8 de septiembre de este año, ha sido el principal contacto del grupo colombiano en el proceso de compra de armamento venezolano, con dinero procedente de las actividades de narcotráfico adelantadas por las FARC. Además las autoridades norteamericanas lo señalan como el responsable de gestionar un préstamo de US$ 250 millones del gobierno venezolano para el grupo terrorista a finales de 2007, aunque se tienen dudas de si la negociación se materializó.
Por su parte, el director de la DIM, Hugo Armando Carvajal Barrios, fue señalado por presuntamente darle protección a los cargamentos de drogas que transitan por Venezuela y por suministrar armas a los rebeldes colombianos. El gobierno de Estados Unidos también lo acusa de suministrarle a los guerrilleros identificaciones de funcionarios públicos venezolanos para que puedan desplazarse libremente por el territorio nacional.
El otro incluido en la lista de OFAC es el director de la DISIP, Henry de Jesús Rangel Silva, quien está a cargo de las actividades de inteligencia y contra inteligencia del gobierno venezolano. Según informó OFAC, Rangel Silva ha apoyado las actividades de narcotráfico de las FARC y ha impulsado la cooperación entre los rebeldes y el gobierno de Venezuela.
Clientes de riesgo para la banca
A juicio del abogado Carlos González, socio de la firma Díaz, Reus & Targ ubicada en Miami, y experto en temas de lavado de dinero, “lo último que cualquier persona de un gobierno quiere es que su nombre aparezca en la lista OFAC. Esto puede indicar que hay una investigación pendiente que los ha señalado con vínculos al lavado de dinero o a dinero que es fruto de actividades ilegales”.
González explicó que además de congelar los bienes de esas personas, también “se pueden tomar medidas contra las cuentas y bienes de sus familiares, amigos y a quienes tengan vínculos profesionales con ellos”, por eso recomendó a los bancos que tengan relación comercial con las personas señaladas, manejarse con cuidado para no hacer algo que atente contra las leyes de EE.UU. “Ahora seguro se iniciarán investigaciones para determinar el origen de los fondos que estas personas poseen en el sistema bancario”.
Por su parte, Gonzalo Sánchez, director de la empresa consultora Daylight Forensic & Advisory, señaló que en el caso de los funcionarios públicos venezolanos “son personas que tienen relación con muchos organismos e instituciones internacionales, y seguramente ahora estas relaciones se verán limitadas: “en el momento que compañías e instituciones ligadas a ellos tengan que hacer transacciones financieras, pueden tener ciertos problemas dependiendo de los filtros y sistemas de control de las instituciones implicadas”.
Un experto en cumplimiento antilavado de una entidad financiera transnacional -quien nos pidió reservar su nombre- explicó que el congelamiento de los bienes no debe ser ejecutado por los bancos latinoamericanos, pero sí por las oficinas representativas de entidades americanas que estén ubicadas en Latinoamérica. “Los bancos que tienen a estos sujetos designados como clientes, deben cuidarse de no hacer ninguna transacción que pase por EE.UU.”, advirtió.
El oficial de cumplimiento también recomendó que los bancos latinoamericanos hagan nuevas evaluaciones de los niveles de riesgo y de la diligencia debida con estos sujetos que fueron designados por OFAC.
En mayo de 2003 el Presidente de Estados Unidos, George W. Bush, designó a las FARC como una importante organización extranjera de tráfico de drogas, bajo lo establecido en la Ley Kingpin. Por su parte, el Departamento de Estado emitió la Orden Ejecutiva 13224 en 2001, mediante la cual calificó al grupo colombiano como Organización Terrorista Especialmente Designada (Specially Designated Terrorist Organization).
Desde junio de 2000, un total de 460 individuos y organizaciones han sido incluidos en la lista de designados de la OFAC. Las violaciones a esta ley comprenden penas de hasta US$10 millones y 30 años de cárcel.
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Este trabajo contó con la colaboración del reportero Brian Monroe.
