Aunque muchos expertos antilavado de dinero han advertido sobre las posibilidades de que las instituciones financieras flexibilicen sus controles ALD debido a la fuerte crisis que atraviesan, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá, Amado Barahona, advirtió que la delicada situación debe generar medidas más rigurosas de parte de los sujetos obligados.
Barahona recordó las graves consecuencias para las instituciones que apliquen ceguera voluntaria ante las operaciones de alto riesgo de lavado o financiamiento del terrorismo: “la inobservancia o infracción de los programas de cumplimiento, genera investigaciones administrativas y/o penales por parte de las autoridades, que podrían concluir con una sanción pecuniaria proporcional a la falta cometida por el sujeto obligado o, en el peor de los casos, la cancelación de la licencia o autorización oficial para ejercer la actividad financiera; sin perjuicio, de las sanciones penales de que pueden ser objeto empleados, ejecutivos y/o directivos del ente financiero, por su participación en las actividades del Blanqueo de Capitales”.
En tal sentido, el director de la UAF indicó que el sector privado requiere de la asignación de recursos económicos adecuados para controles ALD, dependiendo de la línea de negocios, productos o volumen de operaciones del negocio. Además reconoció que los recursos del sector público pueden ser limitados si se comparan con los de las organizaciones criminales.
“Los mayores riesgos que enfrentamos las autoridades y, más que los oficiales de cumplimiento, el sector privado de nuestro país comprometido en el combate de los delitos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, son los grandes recursos económicos que poseen las organizaciones criminales (…), así como la creatividad, complejidad y diversidad de patrones y modalidades de que se valen las organizaciones criminales para legitimar o blanquear sus capitales”, afirmó.
En relación a las polémicas “pirámides” que operan en Colombia como empresas captadoras de dinero y se han extendido a varios países de la región, entre ellos Panamá, Barahona señaló que el surgimiento de estas compañías “requiere de la aprobación de regulaciones y la designación de autoridades que se encarguen de la supervisión y vigilancia de estas empresas”.
A continuación se detalla la entrevista exclusiva para Lavadodinero.com realizada por Juan Alejandro Baptista al director de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá, Amado Barahona.
¿Qué balance nos puede hacer de las actividades y logros más importantes de la Unidad durante el año 2008?
En cumplimiento de las normas establecidas en el marco jurídico que rige el combate de los delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo de nuestro país, durante el pasado año 2008, la UAF de Panamá completó el análisis técnico de reportes de operaciones sospechosas (ROS) procedentes de sujetos obligados, que en cifras equivalen a un total de 631 informes de inteligencia generados por esta Unidad, en comparación con los 624 informes producto de ROS recibidos en el año 2007, lo que refleja un promedio de incremento del 0.01 % entre 2007-2008.
Esta institución brindó además asistencia a funcionarios de instrucción del Ministerio Público. Esta colaboración se dio a través de la respuesta de la Unidad a 101 oficios, dentro de las investigaciones que permitieron la desarticulación e incautación de bienes y recursos a nombre de personas y organizaciones dedicadas a la legitimación de capitales del crimen organizado, principalmente producto del actividades del narcotráfico.
A la cooperación nacional con autoridades judiciales descrita, se suma la cooperación internacional que ofreció la UAF durante el año 2008 a 164 Solicitudes de Intercambio de Información recibidas de Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs) extranjeras.
La UAF suscribió Memorandos de Entendimiento con sus homólogas de Islas Caimán y Ecuador, adicional a la enmienda efectuada al Memorando de Entendimiento firmado con la unidad de Colombia del 2001.
En el ámbito de la capacitación en esta materia figura el apoyo institucional a 31 eventos con fines académicos, donde fueron capacitados aproximadamente 1.128 funcionarios públicos, personal del sector privado, profesionales del Derecho y Contadores Públicos Autorizados, lo mismo que estudiantes universitarios de diferentes centros de enseñanza superior oficiales y privados.
Otro de los proyectos de gran alcance fue la difusión masiva desde el año 2008 y hasta nuestros días de la Campaña Educativa Nacional para Combatir el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo, producto de la alianza estratégica realizada entre el Comité Nacional Pro Valores Cívicos y Morales y esta Unidad, mediante la cual, bajo el lema “NO VALE LA PENA”, se transmitieron mensajes de prevención en canales de televisión, se difundieron cuñas de radio y se publicación comunicados, alertando a la ciudadanía en general sobre los peligros y consecuencias de estos delitos.
La UAF publicó el Volumen I de su obra oficial “Compendio de artículos sobre el Combate de los delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo”, contentivo de diversos artículos escritos por expertos nacionales e internacionales (disponible en lavadodinero.com)
En lo que concierne al plano internacional, la República de Panamá, por intermedio de la Unidad de Análisis Financiero, fue designado por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), como Presidente del Primer Grupo de Trabajo sobre Tipologías para la Región de Centro América y la Cuenca del Caribe, y país anfitrión de la instalación y primera reunión de este Grupo de Trabajo celebrada durante el mes de julio de 2008; donde preparó conjuntamente con los asistentes a la reunión, el ensayo o borrador de lo que se constituirá en el Primer Informe de Tipologías para la región que aprobará el GAFIC. Para el presente año 2009, Panamá, fue designado para presidir nuevamente este Grupo de Trabajo a lo interno del organismo.
¿Puede la crisis económica internacional incrementar el riesgo de que las instituciones financieras flexibilicen sus programas ALD o apliquen una política de “ceguera voluntaria” para aumentar la liquidez de recursos?
Uno de los efectos que genera la crisis económica internacional es el surgimiento de negocios que requieren no solo de la oportuna regulación y supervisión por parte de los Estados, sino también de la aplicación de las alertas, las medidas preventivas y los controles por parte del sector privado productivo y la ciudadanía en general, de forma que pueda minimizarse el riesgo de uso de estos nuevos negocios en actividades del crimen organizado y, particularmente, del Blanqueo de Capitales y/o del Financiamiento del Terrorismo.
En lo que concierne a la posible flexibilización de programas anti-lavado de dinero que puedan emerger de la crisis económica internacional, las autoridades confiamos en que la misma traiga consigo la adopción de medidas más rigurosas por parte del sector financiero, tomando en cuenta que las políticas y programas de cumplimiento adoptados por las instituciones financieras deben contemplar procedimientos de administración de los riesgos endógenos y exógenos al negocio, uno de ellos, el panorama económico nacional como internacional.
Es preciso indicar que la efectiva aplicación de estos procedimientos por parte de las instituciones financieras son vigilados por parte del Estado, a través de los organismos de supervisión y control constituidos para tal fin en cada sector o actividad financiera en particular (sea banco, valores, seguros, etc.), dando lugar la inobservancia o infracción de los programas de cumplimiento, a investigaciones administrativas y/o penales por parte de las autoridades, que podrían concluir con una sanción pecuniaria proporcional a la falta cometida por el sujeto obligado o, en el peor de los casos, la cancelación de la licencia o autorización oficial para ejercer la actividad financiera; sin perjuicio, de las sanciones penales de que pueden ser objeto empleados, ejecutivos y/o directivos del ente financiero, por su participación en las actividades del Blanqueo de Capitales.
¿Cuál será el mayor riesgo que enfrentarán los oficiales de cumplimiento y las autoridades panameñas durante el 2009?
Los mayores riesgos que enfrentamos las autoridades y, más que los Oficiales de Cumplimiento, el sector privado de nuestro país comprometido en el combate de los delitos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, son los grandes recursos económicos que poseen las organizaciones criminales para cometer con éxito sus delitos, la no sujeción de estas organizaciones a formalidad alguna para el ejercicio de sus operaciones como ocurre con las autoridades y/o sector privado, así como la creatividad, complejidad y diversidad de patrones y modalidades de que se valen las organizaciones criminales para legitimar o blanquear sus capitales. A esto se suma el grado dificultad que representa la identificación de controles que constituyan una barrera que impida cualquier contaminación de los negocios con el producto de la actividad criminal.
Para el sector privado, la habilitación de controles y ejecución de los programas anti-blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo a cargo de las unidades o áreas de cumplimiento del negocio requiere de la asignación de recursos económicos adecuados, dependiendo de la línea de negocios, productos o volumen de operaciones del negocio. En el caso del sector público, el problema se acentúa cuando estos recursos pueden resultar limitados, si se compara con la cantidad de recursos que tienen a su disposición las organizaciones criminales y el seguimiento que deben hacer las autoridades.
La rápida captura y extradición del propietario de la comercializadora DMG, David Murcia, puede ser entendida como un gran paso en la lucha anti-lavado en Panamá. Sin embargo, el señor Murcia mantenía una opulenta vida en Panamá, que a juicio de algunos expertos ha debido generar la alerta de las autoridades. Desde su punto de vista… ¿Se activaron adecuadamente los controles anti-lavado de los bancos panameños y se presentaron los debidos ROS ante la UAF? ¿Están preparadas las autoridadesy las leyes panameñas para enfrentar a las captadoras ilegales de dinero?
Las normas que rigen a la UAF nos impide a los funcionarios reveler cualquier información que conozcamos en el cargo y aún después de ocupar el cargo que pueda comprometer el trabajo que realicen autoridades competentes por razón de la aplicación de las normas de prevención y represión del blanqueo de capitales y/o financiamiento del terrorismo en nuestro país.
En lo que respecta a la segunda parte de su pregunta sobre si las autoridades panameñas y leyes del país estamos preparadas para enfrentar a las captadoras ilegales de dinero, el Código Penal de nuestro país establece que comete el delito de captación ilegal de fondos: “Quien capte de manera masiva y habitual recurso financiero del público, sin estar autorizado por autoridad competente, será sancionado con prisión de ocho a quince años” (Artículo 244 del Código Penal).
Lo cierto es que el surgimiento de estas empresas constituye una realidad que no solo experimenta nuestro país sino otras países y, por consiguiente, requiere de la aprobación de regulaciones y la designen de autoridades que se encarguen de la supervisión y vigilancia de estas empresas, con el propósito de poder evitar la apertura de empresas con capital o patrimonio de fuentes indeterminadas o ilícitas, que realicen operaciones o actividades mercantiles y/o financieras poco claras y que, a su vez, de realizar actividades, éstas se lleven a cabo guardando las reservas de liquidez o garantías de fondos que permitan a estos negocios responder a las obligaciones contractuales que contraen sus clientes.
Durante la Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) realizada en Panamá el año pasado, el nuevo presidente del organismo, Ricardo Marino, destacó la necesidad de revisar los marcos reguladores de las actividades bancarias para enfrentar la crisis internacional de la economía. ¿Usted cree que habría que hacer algún ajuste en el marco regulatorio de la actividad financiera panameña para que sea más efectiva y eficiente?
En efecto, toda legislación ALD / CFT o marco regulador en la materia que posee un país debe ser revisado y actualizado de modo continuo y permanente para que sea “efectivo y eficiente”. Partiendo de esa premisa, es que sostenemos que las reformas a la legislación obedecen a factores como el panorama económico internacional y nacional (crisis o desarrollo de las finanzas), las tendencias y la evolución que registre el negocio del crimen organizado (incremento del número y la complejidad de sus operaciones), entre otros, los cuales tienen un impacto en la política criminal y medidas que un Estado (entre ellas, la aprobación o modificación de leyes) desarrolle e implemente para contrarrestar los delitos en general y, en particular, el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo, vistos desde sus dos ámbitos de acción: la prevención y la represión.
En la República de Panamá, recientemente, se aprobaron nuevos marcos normativos, tanto el nuevo Código Penal, así como el nuevo Código de Procedimiento Penal, lo que indiscutiblemente trajo consigo cambios sustanciales en materia de lucha contra el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo. Por una parte, se amplió el delito base y el catalogo de delitos subyacentes de Blanqueo de Capitales de 11 delitos que contemplaba el Código Penal anterior, desde la aprobación de la Ley Nº 41 de 2000, al que establece el nuevo Código Penal que entró a regir en mayo de 2008, donde las conductas ilícitas precedentes aumentaron a 25, en cumplimiento de los compromisos adquiridos por la nación, en función de los Convenios Internacionales suscritos sobre la materia. Adicionalmente, resulta de importancia resaltar, que con la adopción del nuevo Código de Procedimiento Penal, se logra la transformación del Sistema Judicial Panameño, que pasa de un Sistema eminentemente Inquisitivo, a uno de tipo Acusatorio.
¿Cuáles son los retos de la UAF de Panamá para este 2009?
Entre las metas y retos de la UAF para este año 2009 se encuentran:
a) La adquisición de nuevos equipos y programas tecnológicos que coadyuven a la transmisión expedita de datos por parte de los sujetos obligados a la UAF y el análisis y monitoreo de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo por parte de esta institución;
b) El entrenamiento permanente del personal de la Unidad y del resto de instituciones públicas y privadas vinculadas al combate de estos delitos;
c) La realización de campañas y actividades de sensibilización en la materia a la ciudadanía en general;
d) Actualización de la legislación;
e) La coordinación con las instituciones públicas y privadas para el cumplimiento del marco regulatorio de prevención del país;
f) El cumplimiento de los compromisos institucionales adquiridos en el marco de la adhesión del país a los organismos internacionales y regionales comprometidos en el combate de estos delitos de los que el país es parte y los convenios suscritos y ratificados por el país en la materia;
g) Las demás metas y proyectos que permitan cumplir con cada una de las funciones atribuidas a esta institución por ley;
h) Desarrollar un programa estratégico interinstitucional de capacidad efectiva, que conllev la finalidad de desarrollar, delimitar y ejecutar las estructuras que permitan maximizar “Capital Humano”, en las distintas instituciones que guarden relación sobre la materia ALD / CFT.
