Una revisión del perfil de riesgo país y el fortalecimiento de los procesos de diligencia debida sobre las cuentas corresponsales pudieran ser el resultado inmediato del programa de blanqueo y amnistía impositiva que entra en vigencia hoy mediante su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.
La promulgación del decreto 642/2013 oficializó la entrada en vigencia de la Ley de Exteriorización Voluntaria de la Tenencia de Moneda Extranjera en el País y en el Exterior (Ley 26.860), que es el segundo programa de amnistía fiscal implementado en cuatro años, con el objetivo de atraer los US$ 200.000 millones no declarados en el exterior o en el mismo país.
Con este programa el gobierno ofrece la posibilidad de ingresar al sistema financiero fondos no declarados en el exterior y en el país para adquirir bonos que vencen en 2016. De primer momento el programa tendrá una vigencia de tres meses, aunque la ley fija la posibilidad de que el Ejecutivo pueda extender su duración, ya que la finalidad del proyecto es que el Ejecutivo Nacional consiga recursos para “la financiación de proyectos de inversión pública en sectores estratégicos, como infraestructura e hidrocarburos”.
“Tendremos que hacer una revisión de las cuentas corresponsales que mantenemos con bancos argentinos, porque empezarán a manejar dinero cuya procedencia se desconoce. Van a tener que explicar de una forma convincente cómo podrán evitar que les ingrese dinero ligado al narcotráfico, la corrupción pública y hasta el financiamiento del terrorismo”, indicó un oficial de cumplimiento de un banco de Nueva York, quien pidió mantener su nombre en reserva.
“Es inevitable que revisemos nuestro modelo de riesgos para ver cómo impactará este proceso en el riesgo geográfico del país”, afirmó el funcionario, quien indicó que otros colegas de bancos de Miami con los que tienen relación comercial le han expresado la misma preocupación.
“Tenemos muchos clientes argentinos y posiblemente veremos un flujo de dinero hacia bancos argentinos que no deja de inquietarnos. En el Consejo Antilavado ya hemos venido revisando esta situación”, aseguró una empleada de cumplimiento normativo de una entidad financiera con sede en Brickell, quien exigió el anonimato.
Detalles del programa
La ley contempla la emisión del “Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE)”, registrable o al portador, el “Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico” y el “Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN)”, los cuales “estarán denominados en dólares estadounidenses y tendrán las demás condiciones financieras que se determinen al momento de su emisión”.
Los CEDIN podrán ser utilizados para la compraventa de terrenos, galpones, locales, oficinas, cocheras, lotes, parcelas y viviendas ya construidas y/o a la construcción de nuevas unidades habitacionales y/o refacción de inmuebles.
Los individuos que tengan divisas extranjeras dentro del territorio argentino deberán realizar un depósito en las instituciones financieras autorizadas, mientras que el dinero ubicado en el exterior deberá ser transferido cablegráficamente.
Aún falta que el Banco Central de la República Argentina y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) publiquen las normas complementarias para el funcionamiento de los instrumentos creados.
Los riesgos del proceso
En el Artículo 9 la ley indica que los “sujetos que efectúen la exteriorización, conforme a las disposiciones de este título, no estarán obligados a informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (…) la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos con las que fueran adquiridas”.
Sin embargo, los sujetos obligados deben cumplir con los procedimientos de control y reporte establecidos en la normativa antilavado de Argentina. El Artículo 14 indica que “Ninguna de las disposiciones de esta ley liberará a las entidades financieras o demás personas obligadas, sean entidades financieras, notarios públicos, contadores, síndicos, auditores, directores u otros, de las obligaciones vinculadas con la legislación tendiente a la prevención de las operaciones de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otros delitos previstos en leyes no tributarias, excepto respecto de la figura de evasión tributaria o participación en la evasión tributaria”.
La ley indica que el dinero de procedencia ilícita no podrá ser incluido en el programa, por lo cual “las personas físicas o jurídicas que pretendan acceder a los beneficios del presente régimen deberán formalizar la presentación de una declaración jurada al respecto”.
“Esto es una solicitud ingenua… o mejor dicho es una especie de ceguera intencional de las autoridades argentinas, porque obviamente todos los beneficiarios afirmarán que su dinero es de procedencia legítima”, afirmó el oficial de cumplimiento del banco de Nueva York.
Desde una perspectiva de lucha contra el lavado de dinero (AML), el plan no está exenta de “contradicciones”, dijo a Moneylaundering.com el abogado argentino Roberto Durrieu. “Algunos aspectos de la ley no son tan claros”, afirmó.
Esta contradicción ya ha sido criticada cunando se implementó el primer programa de repatriación de dinero en 2009. En un artículo publicado por Lavadodinero.com en 2011, el experto antilavado Sergio G. Goldenberg señalaba: “Existe una gran contradicción entre este proyecto de ley al eximir de la obligación de declarar el origen de los fondos a ingresar al país por parte de los clientes de las entidades financieras y el eje de la política de conocimiento del cliente basada en la identificación del cliente, conocimiento de su actividad y origen de los fondos, adoptada por los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, como así también por nuestra legislación y realimentación vigente”.
El entonces presidente del Grupo de Acción Financiera (GAFI), Gustavo Rodrigues, expresó su preocupación por los “potenciales riesgos que involucra la iniciativa oficial”, en una comunicación enviada al ministro de economía de Argentina, Carlos Fernández. “Es comprensible que su gobierno tome medidas para respaldar su economía, especialmente en este período de crisis financiera. Sin embargo, dado el riesgo potencial involucrado, sería problemático si el proyecto de ley no incluyera alguna previsión para verificar el origen del dinero u otros bienes que sean introducidos en el sistema financiero”, según reseñó el diario La Nación.
En una evaluación mutua de 2010, el GAFI señaló que el programa de amnistía fiscal de Argentina permitió a los bancos a aceptar activos no declarados sin indagar sobre las fuentes de fondos. Los bancos argentinos presentaron más de 200 reportes de operaciones sospechosas relacionadas al proceso de repatriación que involucraban aproximadamente US$ 53 millones, según cifras señalada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
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Documento Relacionado
Ley de Exteriorización Voluntaria de la Tenencia de Moneda Extranjera en el País y en el Exterior (Ley 26.860)
