Argentina aprobó esta semana leyes que ratifican dos convenios internacionales contra el terrorismo. La aprobación de las dos leyes ha sido reclamada por Estados Unidos y se produce antes de que el canciller argentino Rafael Bielsa se reúna en Washington con la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice.
El Congreso argentino ratificó la convención internacional para la Represión del Financiamiento al Terrorismo de la ONU, en 1999, y de la Convención Interamericana contra el Terrorismo de la OEA firmada en Bridgetown, Barbados, en junio de 2002.
La convención interamericana contra el terrorismo obliga a los países firmantes del convenio a negar asilo y refugio político a toda persona que se sospeche haya cometido un acto terrorista. La convención también tipifica el “acto terrorista”, y establece que a los fines de una eventual extradición, acciones como la colocación de explosivos, toma de rehenes y secuestros de aviones no podrán ser considerados en adelante como delitos de carácter estrictamente políticos.
En tanto, el convenio de la ONU obliga a los estados firmantes a tipificar y penalizar a quien “ilícita y deliberadamente provea o recolecte fondos a sabiendas de que serán utilizados para la comisión de un acto terrorista”.
“Es central tener legitimidad de respuesta y respaldo de la opinión pública internacional para enfrentar al terrorismo”, señaló al periódico local La Nación el diputado Jorge Argüello, para quien “es fundamental que la Argentina refuerce todas las medidas y herramientas que tiene para prevenir prácticas de terrorismo y lavado de dinero”.
El ministro de Economía de Argentina, Roberto Lavagna había advertido sobre las serias consecuencias económicas que sufriría Argentina de no aprobarse los proyectos, incluidos en la nueva política de Washington para con las organizaciones terroristas, luego del atentado terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Seminario del Banco Central sobre lavado de dinero
En el marco de un seminario organizado esta semana por el Banco Central, el gobierno argentino anunció que pondrá en marcha una serie de medidas para combatir el lavado de dinero y la financiación de terroristas. El organismo gubernamental anunció la creación de un Comité contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo. Estos “son delitos que afectan la paz, la estabilidad y la seguridad de nuestros países. Por eso, como varios de nuestros países hemos sufrido las consecuencias de actos terroristas, debemos estar preparados y comprometidos”, dijo el titular del Banco Central Martín Redrado.
El vicepresidente del país, Daniel Scioli, señaló en la apertura del seminario que es importante difundir las consecuencias que conlleva el lavado de dinero para la vida cotidiana de los ciudadanos. Scioli, quien también preside el Senado del país, señaló que “también se elaboró un proyecto de ley que incorpora en el Código Penal los delitos de terrorismo y financiación del terrorismo.”
“Este país es muy consciente de esta necesidad porque sufrió en carne propia el accionar del terrorismo,” dijo sobre los atentados que en 1992 y 1994 destruyeron las sedes de la embajada de Israel y de una mutualidad judía en Buenos Aires (AMIA), respectivamente.
En esos actos terroristas “hubo lavadores de dinero que financiaron los operativos,” indicó Scioli.
Según información del mismo Banco Central, los asistentes al seminario pertenecen principalmente a los órganos supervisores de entidades financieras, organismos de gobierno, asociaciones de bancos y agrupaciones profesionales de diferentes países.
Entre los participantes hay representantes de España, Brasil, Paraguay, Colombia, Estados Unidos, de la Federación Latinoamericana de Bancos y de organismos internacionales y regionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Americanos y el Fondo Monetario Internacional.
Redrado destacó que “es el primer seminario regional que organiza Argentina contra delitos de lavado de dinero y financiación del terrorismo.” Y agregó que “esto es una muestra evidente del compromiso asumido por el país en esta materia,” señaló antes de mencionar las acciones del instituto emisor “como responsable de la supervisión de las entidades financieras en materia de identificación de operaciones inusuales y sospechosas.”
