La Cámara de Diputados de Argentina aprobó esta semana una nueva ley que otorga mayores poderes a la unidad de información financiera (UIF) para investigar las operaciones de lavado de dinero.
La nueva ley fue aprobada a principios del año pasado por la Cámara de Diputados pero el Senado la devolvió a la cámara baja con modificaciones para su aprobación final. Obliga a los sujetos obligados a levantar el secreto bursátil y bancario cuando así lo requiera la UIF –dependiente del Ministerio de Justicia—sin la necesidad de una orden judicial.
Sin embargo, existe una excepción para la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)en el levantamiento del secreto que ha desatado polémica entre los organismos encargados de combatir el lavado de dinero.
La agencia de rentas argentina sólo podrá revelar el secreto fiscal en aquellos casos en que el reporte de la operación sospechosa haya sido realizado por ella misma. En caso contrario, la UIF deberá obtener la autorización de un juez para que este organismo levante el secreto fiscal si detecta alguna operación sospechosa que la AFIP no considere como tal.
Complacer al GAFI
Esta iniciativa era reclamada por gran parte de la comunidad internacional, en especial del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El partido oficialista impulsó la aprobación para enviar una señal positiva al GAFI, organismo del que Argentina es miembro desde 1999
La aprobación de la ley se produjo un día antes del arribo al país del presidente del GAFI Kader Asmal, y de su secretario ejecutivo, Alain Demais, que llegaron para conversar con las autoridades argentinas sobre el estatus del marco legal y regulatorio argentino en la lucha contra el lavado de dinero. En la mañana del jueves se reunieron los funcionarios del organismo con congresistas en la Cámara de Diputados para verificar los pasos dados.
“La reunión con el GAFI fue muy positiva, cuando tomaron conocimiento de las reformas de ayer vieron que se había cubierto lo que ellos pensaban que había que hacer”, dijo el diputado Federico Pinedo, secretario de la Comisión de Relaciones y Culto, encargada de manejar el proyecto.
El GAFI sugirió que haya una buena coordinación entre agencias, y según profesionales en el sector antilavado de Argentina el levantamiento de todos estos secretos permite una fluida relación entre las agencias y con el sector privado. “El GAFI pedía que la UIF tuviera más poder, que se traduce en que tenga más acceso a la información sin secretos y eso es lo que se acaba de resolver”, dijo Pinedo.
Se acortan los plazos en investigaciones
Con la ley, también se aprobó una norma muy importante que no se contemplaba en la ley previa: se estableció cuál es la justicia competente y también un plazo máximo de 30 días para resolver el levantamiento del secreto fiscal. “Eso es extremadamente importante porque el principal problema era que había casos de demora de hasta cuatro años para levantar el secreto y problemas de competencia entre distintos fueros”, dijo Pinedo.
Otro punto importante en la ley—que sólo necesita la firma del Ejecutivo para convertirse en ley debido a que ya fue aprobada por la Cámara de Senadores—es que elimina las excusas absolutorias que permitían a familiares y amigos de lavadores eludir las penas de encubrimiento cuando participan de las maniobras.
Se eliminó la exención de culpabilidad para los casos de lavado por cónyuges o parientes o amigos íntimos. “Esto significa por ejemplo que si una persona cometió un delito y la esposa de esta persona lavaba el dinero se consideraba que la mujer no era culpable porque la mujer de un delincuente no se considera cómplice del delincuente cuando lo protege”, según Pinedo.
Ahora el país ingresa a una nueva etapa que es la tipificación del lavado como delito autónomo, como es el caso de países como Colombia, ya que desde hace un tiempo se está analizando esta posibilidad en los distintos niveles del gobierno. En el Congreso argentino existe un proyecto al respecto y el partido político PRO presentará otro.
