La inclusión de Bolivia en la lista negra y de Argentina en la lista gris fueron los elementos más resaltantes de la Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y de su filial del cono sur (GAFISUD), que se realizó en Ciudad de México, entre los días 22 y 24 de junio.
Los pocos avances de Bolivia en la mejora de su sistema antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) motivaron su inclusión en el reducido grupo de 8 naciones que mantiene deficiencias estratégicas. Sin embargo, el centro de atención estuvo sobre la revisión de la situación de Argentina, ya que se cumplía el plazo establecido por el organismo para que las autoridades gauchas implementaran mejoras considerables a su estructura ALD / CFT.
Al mismo tiempo, el organismo hizo una advertencia a Irán debido a la falta de compromiso del gobierno en la implementación de los estándares internacionales.
Argentina bajo observación
A pesar de los esfuerzos adelantados por las autoridades argentinas en los últimos meses, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluyó a Argentina en la llamada lista gris. En lo que va de año las autoridades gauchas aprobaron 26 nuevas regulaciones en materia ALD / CFT y el 21 de junio el gobierno promulgó la nueva Ley Antilavado (26.683), que tipifica el lavado de dinero como delito autónomo en el sistema penal.
Sin embargo, el GAFI reiteró que el país sureño mantiene deficiencias por lo que debe establecer procesos adecuados para la criminalización del financiamiento del terrorismo, confiscar y congelar bienes, aumentar la transparencia del sistema financiero, asegurar el funcionamiento pleno de la Unidad de Inteligencia Financiera, mejorar los requerimientos de reportes, implementar un programa de supervisión adecuado para todo el sector financiero y establecer canales apropiados para la cooperación internacional.
En una declaración emitida por el organismo especialmente sobre el caso argentino, se reconocen los esfuerzos legislativos y el compromiso del gobierno, pero se exige un “progreso substancial” con miras a la próxima reunión plenaria del organismo prevista para octubre de este año.
Argentina es miembro del grupo de las 20 naciones más industrializadas (G-20), y justamente esta organización fue la que le pidió al GAFI en septiembre de 2009 la creación de una nueva lista negra. En esa oportunidad, el GAFI emitió un listado de 8 naciones con deficiencias estratégicas (lista negra) y otras 20 que presentaban deficiencias estratégicas pero han desarrollado un plan de trabajo conjunto con el organismo y han expresado un alto nivel de compromiso político para solventarlas (conocida como “lista gris”).
Sin embargo, el gobierno argentino, mediante un comunicado oficial, señaló que “institucionalmente no existen en el sistema sancionatorio de GAFI listas negras o grises, sino países dentro de las categorías ‘no cooperantes’ o de ‘bajo nivel de cumplimiento de sus planes de acción’. En ninguno de estos dos grupos fue incluida la Argentina”.
Ecuador, Venezuela, Nicaragua y Paraguay comparten con Argentina la lista gris del GAFI, pero el organismo no anunció cambios en su situación durante esta plenaria.
Bolivia en la lista negra
Los técnicos del organismo incluyeron a Bolivia en la lista negra de naciones que presentan deficiencias estratégicas en la lucha contra la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo y que no han mostrado suficientes progresos para solventar las fallas (Ver tabla anexa).
El organismo internacional señala que aunque Bolivia asumió un compromiso de alto nivel para trabajar con el GAFI y GAFISUD, “no ha hecho suficientes progresos en la implementación de su plan de acción” y mantiene ciertas deficiencias estratégicas, entre las que destaca la falta de una adecuada criminalización del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo, así como la escasez de un marco legal que permita identificar y congelar bienes terroristas. También el GAFI señaló que Bolivia necesita “establecer una Unidad de Inteligencia Financiera completamente operativa y eficiente”.
El secretario ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN), Marcelo Montero, explicó que debido a la decisión del GAFI algunos gobiernos pueden solicitar a sus bancos ser más estrictos con las operaciones relacionadas a Bolivia, a pesar de que la banca del país cumple con las normas internacionales.
Mayor presión contra Irán
En relación a Irán, que junto con Corea del Norte ocupa la poco prestigiosa posición de honor en la “lista negra”, el GAFI anunció que pudiera exigirle a sus miembros medidas más drásticas contra la nación musulmana si para octubre de este año el gobierno iraní no aplica medidas concretas para mejorar su régimen ALD / CFT.
El ente multilateral reafirmó su “llamado a los miembros y a todas las jurisdicciones para que alerten a sus instituciones financieras, para que le den una atención especial a las relaciones de negocios y transacciones relacionadas con Irán, incluyendo a las compañías iraníes y a las instituciones financieras”.
GAFI sigue instando a las jurisdicciones para que se protejan contra la utilización de las relaciones de corresponsalía para eludir o evadir las contramedidas y las prácticas de mitigación de riesgos y tener en cuenta los riesgos de LD / FT al considerar las solicitudes de las instituciones financieras iraníes para abrir sucursales y filiales en su jurisdicción.
Las advertencias sobre los riesgos de Corea del Norte no fueron muy diferentes, pero a diferencia de Irán, el GAFI ratificó su disposición a ayudar al país asiático a implementar medidas que le permitan fortalecer su sistema ALD / CFT.
Corrupción y tráfico humano
Durante la sesión plenaria, el GAFI presentó la guía titulada “Medidas Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo y la Inclusión Financiera” (disponible en Inglés), en la cual destaca que la implementación de medidas para combatir la legitimación no debe ser un impedimento para la inclusión de negocios legítimos y de individuos al sistema financiero formal.
Además, el GAFI anunció la pronta publicación de dos documentos de trabajo: en uno analiza la relación entre corrupción y lavado de dinero, que tendrá como principal objetivo servir de base para el análisis y la elaboración de las mejores prácticas para enfrentar estos delitos; el otro documento es sobre tráfico y contrabando de personas, en el que describen el flujo de dinero relacionado a estos delitos, las banderas rojas y los países relacionados a estos grupos criminales.
