El Banco Central de Argentina está evaluando un proyecto que busca regular a las empresas que proveen servicios de transferencia de dinero hacia y desde Argentina con la intención de prevenir que estas operaciones sean utilizadas para actividades de lavado de dinero.
La normativa propuesta por el Banco Central busca incluir al sector de remesadoras de dinero bajo la supervisión del mismo, debido a que realizan transacción financieras tal como el resto de los bancos, instituciones financieras y cambiarias.
“Para operar en el país – al contrario de la mayoría de los países que cumplen con los estandares internacionales antilavado- las remesadoras no están reguladas por el Banco Central y por lo tanto no tienen la obligación de registrarse ante esta institución, como lo están los bancos y otras instituciones como las casas de cambio”, dijo Delia Cortelletti, directora de la Gerencia Principal de Análisis y Seguimiento de Operaciones Especiales del Banco Central, el grupo encargado de supervisar las políticas antilavado del mismo.
Aunque no se encuentran bajo la supervisión del banco central, las remesadoras son consideradas sujetos obligados por la Unidad de Inteligencia Financiera y deben cumplir con sus normativas. “Deben, por ejemplo, reportar operaciones sospechosas, a pesar de no están bajo el control del Banco Central como lo están las casas, agencias y oficinas de cambio”, dijo Mario Mochetti, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio (CADECAC).
Las remesadoras de dinero en Argentina no caen dentro de la definición de negocios de servicios monetarios (NSM), como por ejemplo en EE.UU. que sí incluye a este grupo de compañías que ofrecen servicios de transferencia de dinero dentro del grupo de NSMs.
Según Cortelletti y siguiendo los estándares internacionales, hay una necesidad de establecer un control más riguroso a este tipo de operaciones. Entre los requisitos que el banco central está estudiando incluir en la regulación está la obligación de que estas compañías provean mayor información sobre las sociedades que las administran, e incrementen el cumplimiento de toda la política de prevención del lavado de dinero y de financiación del terrorismo.
Todavía no se sabe cuándo estará lista la nueva normativa, pero lo que sí se sabe es que afectará tanto a las compañías argentinas como a las extranjeras que operan en Argentina – entre las más conocidas se encuentran las gigantes estadounidenses como Western Union y MoneyGram.
El negocio de remesas mueve en Argentina unos US$450 millones al año, y este movimiento no es alcanzado por la Ley de Entidades Financieras, cuya fiscalización está en manos del Banco Central.
Remesadoras bajo la mira en la comunidad internacional
Las operaciones de transferencia de dinero a través de remesadoras han sido utilizadas por lavadores y terroristas para mover fondos y se han convertido en el último tiempo en blanco de las autoridades de diferentes países.
En 2002, una investigación estadounidense descubrió que Mohammed Atta y otros dos terroristas de los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas en Nueva York utilizaron el sistema de Western Union para transferir unos US$17.000 a un cómplice en Emiratos Arabes Unidos unos días antes de los ataques.
En otra investigación el año pasado en El Salvador, desatada por un informe de la agencia antidrogas de EE.UU. (DEA), se descubrió que una red de delincuentes penetraron el sistema de una compañía remesadora y en el plazo de varios meses habrían logrado transferir decenas de miles de dólares por día utilizando identidades ficticias en El Salvador. El caso continúa bajo investigación.
