A pesar de los esfuerzos adelantados por las autoridades y las empresas reguladas, el lavado de dinero en México durante el año 2012 ascendió a US$ 10.000 millones, según la estimación hecha por un centro de investigaciones de la Cámara de Diputados.
El reporte -titulado “Lavado de dinero (Estudio teórico conceptual, derecho comparado, tratados internacionales y de la nueva ley en la materia en México)” y publicado por la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis- indica que el monto legitimado representa el 3.6% del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano, lo que refleja un aumento si se compara con el rango de 1.5% a 2.4% registrado entre 2004 y 2009.
“Estas cifras obedecen a la situación de criminalidad que ha permeado a nuestro sistema social, económico y financiero, desencadenando que se deban combatir de forma legal (…) Los recursos de procedencia ilícita pueden ser transferidos con facilidad y de forma inmediata de una jurisdicción a otra”, afirma la investigación.
“Hemos trabajado duro y las empresas financieras han venido haciendo un esfuerzo económico notable para fortalecer la lucha antilavado, pero hay dos factores que impiden ser más exitosos: el poder económico de los grupos criminales y la falta de sentencias y sanciones”, precisó un oficial de cumplimiento de un banco trasnacional con oficinas en México.
“Hay algunos sectores que apenas se están enseriando en el tema y otros no tienen un cumplimiento mínimo, a pesar de que las normas se lo exigen… es obvio que tiene que aumentar el lavado”, afirmó el oficial de cumplimiento.
Esperanzas en la nueva ley
Según indica el reporte, uno de los instrumentos con los que cuenta el país para combatir la legitimación de capitales es la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o mejor conocida como Ley Antilavado, que fue publicada el 17 de octubre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación.
La ley contra el lavado de dinero fue un compromiso derivado del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, auspiciado por el gobierno federal en 2010. Las investigadoras adscritas a la Cámara de Diputados, Claudia Gamboa Montejano y Sandra Valdés Robledo, reseñan que en la estrategia definida entonces se constituye de cuatro ejes rectores: información y organización; marco normativo; supervisión basada en riesgo y procedimientos eficaces, y transparencia y rendición de cuentas.
“Sobre el particular se observa que el segundo eje rector tiene como objetivo fortalecer los instrumentos legales para la prevención y el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, el cual se propuso cumplir a través de tres líneas de acción: regulación de operaciones en efectivo, ajuste a tipos penales y nuevos sujetos obligados a reportar operaciones”, precisa el estudio.
Según estos resultados, México se encuentra dentro del rango de lavado de dinero a nivel mundial que fue calculado por el Fondo Monetario Internacional entre un 2% y un 5% del PIB mundial.
