Mucho se ha hablado de los procedimientos de debida diligencia que deben cumplir los sujetos obligados, pero el caso reciente que motivó la renuncia del ministro de comunicaciones de Costa Rica, Francisco Chacón, evidencia que también las autoridades y funcionarios públicos deben aplicar algunos de los procedimientos estándares del buen cumplimiento antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo.
El último año de gobierno de la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, se ve ensombrecido por el escándalo generado a partir de un viaje realizado a principios de mayo por la mandataria junto con una comitiva, integrada también por el exministro Chacón, en un avión cuyo propietario aparentemente sería un empresario colombiano ligado al narcotráfico.
El mismo Chacón explicó que una persona de nombre Ricardo O´Falán le ofreció prestado un avión para que la comitiva presidencial se trasladara a Perú, con motivo de la boda del hijo del vicepresidente peruano Luis Liberman. Inmediatamente comenzaron las denuncias de que el avión pertenecía a la empresa THX Energy, de la cual es ejecutivo el empresario Gabriel Morales Fallón, quien fue procesado penalmente en Colombia por el delito de blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico.
La jefa de estado costarricense también habría utilizado la misma aeronave para trasladarse hacia Venezuela para asistir al funeral del expresidente Hugo Chávez. En un comunicado, la mandataria tica aseguró estar“concentrada en valorar y adoptar medidas correctivas”.
Fallas básicas de procedimientos de seguridad
Distintas políticas y procedimientos establecidos en el mundo de la lucha contra el lavado de dinero, el fraude, el financiamiento del terrorismo y los crímenes financieros en general establecen como un paso básico la identificación adecuada de clientes, socios, proveedores y empleados de las entidades.
Este paso básico establecido en las normativas de Costa Rica y en los estándares internacionales fue obviado por el equipo del exminsitro Chacón y el de seguridad de la misma Presidenta. Chacón dijo haber sido víctima de un engaño por parte de Morales Fallón, a quien conoció con la identidad falsa de Ricardo O´Falán.
Por su parte, el fiscal general de la nación, Jorge Chavarría, en declaraciones a una emisora radial costarricense, ratificó que el mayor error fue la falta de comunicación entre el despacho de la presidenta y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), lo que impidió que funcionaran los protocolos de seguridad establecidos para prevenir este tipo de situaciones.
Chavarría precisó que las autoridades de Costa Rica tienen un expediente aportado por las autoridades colombianas sobre Gabriel Morales Fallón, pero nunca se detectó alguna relación con funcionarios del gobierno costarricense. .
Si bien el ministro de Comunicación asumió toda la responsabilidad, las sospechas crecen no sólo por el origen del avión, sino por la dudosa finalidad del viaje que, aparentemente tampoco habría sido oficializado por cancillería.
Morales Fallón es un colombiano naturalizado costarricense que estaba cargo de una red de 18 concesionarios de automóviles. En 2003, las autoridades colombianas iniciaron las investigaciones en su contra por su presunto vínculo con Juan Carlos Ramírez Abadía, alias ‘Chupeta’, uno de los narcotraficantes más reconocidos de Colombia.
