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El Centro de Análisis y Reportes de Transacciones Australiano (AUSTRAC, por sus iniciales en inglés), regulador antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) de Australia, implementó una serie de leyes para los negocios dedicados al intercambio de criptomonedas.
A partir del pasado 3 de abril de 2018, los Negocios de Intercambio de Monedas Digitales (DCE, por sus iniciales en inglés) se ven sujetos a un régimen ALD/CFT con requerimientos específicos para su correcto funcionamiento, En tal sentido, todo DCE que opere dentro de Australia debe estar registrado en el AUSTRAC para funcionar legalmente. En el caso de los DCE previamente existentes, tienen como opción los acuerdos de registro transicionales, los cuales les permiten seguir operantes mientras su petición de registro es considerada y tramitada. Sin embargo, los DCE previamente existentes deberán estar ya registrados para el 14 de mayo de este año.
Habrá consecuencias penales en caso de proveer servicios de intercambio con monedas digitales sin estar registrado en el AUSTRAC.
Por otra parte, el esquema en contra del lavado que los DCE deben implementar consiste en identificar, mitigar y manejar los riesgos propios de este ilícito y del financiamiento de grupos y actos terroristas. Además, es imperativo identificar y verificar a los clientes que usen sus servicios.
Del mismo modo, los DCE deben mantener ciertos registros por al menos 7 años, además de realizar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a AUSTRAC. En relación al dinero en físico, las transacciones en dinero en efectivo superior a los US$ 10.000 también deben ser reportadas.
Nicole Rose, directora ejecutiva del ente regulador, aseguró que “AUSTRAC ahora tiene mayores oportunidades para facilitar el intercambio de inteligencia financiera e información relacionada con el uso de monedas digitales, como el bitcoin y otras criptomonedas, con sus socios industriales y gubernamentales”.
“La información que estas empresas recopilarán e informarán a AUSTRAC tendrá un beneficio inmediato en la lucha contra el crimen y la financiación del terrorismo”, añadió.
En definitiva, habrá un periodo de seis meses a partir del 3 de abril en el que AUSTRAC solo podrá aplicar acciones de cumplimiento a los DCE que no tomen medidas razonables apegadas a los descrito.
