Unos 50 clientes y empleados de una firma contable de Australia podrían ser acusados en una de las redes de lavado de dinero más grandes del país, según informes noticiosos.
Los fiscales australianos dijeron que los socios de la firma Owen T. Daniel & Co., de Sidney, cobraron a sus clientes la suma de AUD$8.000 (US$7.602,39) en aranceles iniciales y AUD$1.500 anualmente por lavar fondos en cuentas offshore bajo la forma de honorario de consultoría, según un informe publicado el 6 de Mayo por el Daily Telegraph. El dinero era posteriormente devuelto a sus clientes como préstamos deducibles de impuestos, según informó el periódico.
Los fiscales dijeron que al menos 50 de los clientes corporativos e individuales de la firma formaron parte del complot. Hasta el 6 de Mayo, 16 empleados y clientes habían sido acusados, de acuerdo con el diario.
La compañía, con la colaboración del contador Robert Francis Agius, en Vanuatu, transfirió AUD$13 millones en lo que las autoridades australianas describieron como un “ardid a la inversa”. Por esos servicios, Agius recibió AUD$1,4 millón en comisiones de por lo menos 20 clientes, según un informe publicado el 29 de Abril en el sitio brisbanetimes.com.au.
La publicación de noticias en línea también informó que los agentes de control legal australianos identificaron a 400 participantes más en la red.
Entre 1998 y 2006, 13 de los clientes de la compañía presentaron declaraciones de impuestos en las que informaban gastos falsos de la compañía para evitar impuestos que totalizaron más de AUD$100.000, de acuerdo con documentos del tribunal citados por el Daily Telegraph.
El caso proviene de una investigación más amplia, denominada Proyecto Wickenby, llevada a cabo por la Comisión Australiana del Crimen, sobre evasión impositiva en el país. El proyecto, que se inició en 2006, tiene un presupuesto asignado por el gobierno de AUD$288 millones.
El caso surge luego de varios casos renombrados que combina acusaciones de evasión impositiva con lavado de dinero. Funcionarios alemanes informaron en Febrero que habían pagado alrededor de USD$6,2 millones a un ex funcionario del LGT Bank en Liechtenstein para que entregara información sobre cuentas y compañías pantalla operadas por evasores impositivos europeos.
Lichtenstein, un pequeño principado europeo que atrae negocios internacionales mediante la promesa de secretismo bancario, emitió una orden de arresto a comienzos de Abril para el ex empleado de LGT que filtró la información.
