El Ministerio público de Costa Rica realizó este jueves una serie de allanamientos en las oficinas del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, debido a la presunta participación de la entidad en operaciones de legitimación de US$9.9 millones procedentes de Panamá.
La Fiscalía Adjunta contra el Crimen Organizado allanó 11 oficinas de la entidad, así como los departamentos de cumplimiento ALD y la dirección jurídica. La subgerente de operaciones de la entidad, Magdalena Rojas, afirmó que el banco está colaborando totalmente con las autoridades, según reseñaron medios recomunicación costarricenses.
Según las investigaciones, en el año 2006 el Banco Popular abrió una cuenta a nombre del Banco Universal de Panamá. Entre el año 2006 y el 2007, la sucursal del Banco Popular ubicada en la zona fronteriza entre ambas naciones recibió depósitos de dinero en efectivo por casi US$10millones, monto que fue trasladado de un país a otro en vehículos convencionales y sin haber sido declarado ante las autoridades de aduana. Posteriormente el dinero era enviado mediante transferencias cablegráficas hacia Nueva York.
Para agravar más la situación, el dinero era procedente de las cuentas bancarias panameñas de los empresarios Luis Antonio Andujar, Salem Safadi y Yorgg Safadi, quienes el pasado mes de noviembre fueron acusados por la Fiscalía de Drogas de Panamá de delitos relacionados con drogas, blanqueo de capitales y asociación ilícita.
Antecedentes de incumplimiento
Ya desde mediados del año 2007, el Banco Popular presentó problemas regulatorios. Según un informe realizado por la Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica (SUGEF), el Banco Popular presentó serias deficiencias en el sistema de control y de información, aplicó de forma inadecuada la política “conozca a su cliente”, incumplió con la ley antilavado (Ley 8204) y no investigó ciertas transacciones consideradas sospechosas.
Para aquel entonces, el banco a través de un comunicado señaló que estaba presentando un plan de mejora de los instrumentos tecnológicos que antes del mes de septiembre de ese mismo año permitiría implementar mayores controles en el tema de lavado de dinero.
El estudio, dado a conocer por el periódico La Nación de Costa Rica, reveló que entre febrero de 2005 y julio de 2006, la SUGEF investigó las cuentas de 35 personas y 25 empresas. Entre las cuentas personales se habían realizado operaciones sospechosas por montos entre US$12,300 y US$417,590, mientras que en el caso de las empresas, el dinero movilizado osciló entre los US$12,000 y los US$1,8 millones, y que los movimientos no tenían relación con la actividad normal de las cuentas. El banco no presento los Reportes de Operación Sospechosa (ROS) correspondientes a estas actividades inusuales.
