Con el objetivo de restringir las operaciones de lavado de
dinero del crimen organizado, el gobierno de Guatemala aprobó una nueva
regulación para reducir el monto de las transacciones de divisas en efectivo
autorizadas en las entidades bancarias, según informó el superintendente de
Bancos, Edgar Barquín.
La medida, que entrará en vigencia el venidero mes de
octubre, establece la reducción del límite de las operaciones de depósitos en
efectivo desde US$10.000 hasta US$3.000, con lo que se espera afectar la operatividad
de los criminales. Las personas podrán vender hasta US$1.000 a la semana a las
entidades financieras, con un máximo de US$3.000 por mes.
La resolución también restringe la venta de dólares en
efectivo a los bancos, pero no establece límites para quienes deseen comprar
divisas en los bancos.
Las casas de cambio, las sociedades financieras también
deberán cumplir con este nuevo límite para los depósitos y la compra de dólares
efectivo, pero la norma no afectará el envío de remesas procedentes del
extranjero, que se realizan mediante transferencias electrónicas, ni las
operaciones mediante cheques personales y cartas de crédito.
Con esta decisión, las autoridades guatemaltecas colocan
restricciones similares a las implementadas recientemente en México, en donde
también se redujo el monto de las operaciones permitidas con dólares en
efectivo.
Barquín explicó que con esta decisión se busca evitar que los
delincuentes laven su dinero en la banca, mediante la estructuración de
pequeñas cantidades por debajo del límite permitido. Además, se evitará que los
grupos criminales de México trasladen su dinero en efectivo para insertarlo en
el sistema bancario de Guatemala.
En abril de 2009, el gobierno de Guatemala implementó una
nueva regulación antilavado que estableció controles más rígidos sobre las
operaciones de efectivo en el sector comercial de productos de alto valor. Esa
normativa estableció la obligación de reportar a la Intendencia de Verificación
Especial (IVE) las operaciones comerciales en efectivo por un monto superior a
US$10.000. De esta forma, las empresas de ventas de autos, motos, lanchas,
tractores, las compañías inmobiliarias, las joyerías y las agencias de viajes
se convirtieron en sujetos obligados a reportar.
Como parte de una estrategia general ALD, las autoridades de
Guatemala también implementaron desde el 1 de abril de 2009 el programa de
Personajes Expuestos Políticamente (PEPs), el cual inicialmente fue creado con
una lista de 1.200 empleados y funcionarios que trabajan en alguna dependencia
pública.
También en enero de 2009, el gobierno de Guatemala aplicó
controles a las empresas de remesas, las cuales tenían que reportar las
operaciones superiores a los 1.500 euros, con el objetivo de minimizar las
transacciones asociadas al lavado de dinero mediante los negocios de servicios
monetarios (NSMs.).
A pesar de estas iniciativas, el Departamento de Estado de
Estados Unidos emitió fuertes críticas contra Guatemala en su más reciente
reporte sobre “Lavado de Dinero y Crímenes Financieros. Base de Datos por Países, emitido en mayo de
2010. En el documento se indica que “la aplicación de ley históricamente débil
y el sistema judicial afectado por una corrupción endémica y un incremento de
la actividad de los grupos criminales generan un clima favorable para un
significativo lavado de dinero en Guatemala”.
