Las autoridades de Uruguay investigan los presuntos delitos de lavado de dinero y evasión de impuestos mediante una operación de comercio internacional en la exportación de material cartográfico impreso enviado a Venezuela con un valor de US$32 millones.
Según informaron los medios de comunicación locales, la empresa uruguaya Apliser S.A., exportó un set de manufacturas cartográficas denominado “Técnicas de ordenación territorial”, que fue pagado por la empresa importadora venezolana a US$498 por unidad, aunque su costo de impresión fue de solo US$6.
El senador uruguayo Ruperto Long, del Partido Nacional, informó que 70.000 unidades del set cartográfico fueron enviadas a Venezuela y que en “Uruguay Apliser S. A. no ha operado, no hemos podido localizar una oficina de dicha empresa. Sabemos que hay 5 importaciones hechas a Venezuela, todas en el primer semestre de este año, por un total de US$32.160.000, todas de libros, lo que es un volumen muy alto en Uruguay”.
El set contiene un cuaderno de 144 páginas en blanco, un diploma, un mapa de Venezuela, un libro de 194 páginas y un folleto con instrucciones.
El diario El País de Uruguay publico que una de las facturas fue emitida a la empresa venezolana Inversiones Ganesa, la cual según el Registro Nacional de Contratistas de Venezuela es una empresa importadora y exportadora de carne de aves, granos y cereales, huevos y productos de plástico para la industria.
El embajador de Venezuela en Uruguay, Franklin González, afirmó que las autoridades de su país ya iniciaron las investigaciones contra la empresa importadora y explicó que muchas veces “se hacen negocios fantasmas utilizándose supuestas ventas o compras para usar el dólar preferencial que hay en Venezuela y luego ir al mercado paralelo para venderlo con jugosos negocios”,
Señales de Alerta
Las autoridades uruguayas iniciaron las investigaciones de este caso a finales del mes de Julio, luego de recibir una llamada anónima denunciando una operación de lavado de dinero en estas operaciones. Aunque aún continúan las pesquisas y los tribunales no han declarado culpable a ninguno de los implicados, el caso muestra algunos elementos que pueden ser considerados “señales de alerta”.
El primer elemento sospechoso es que un importador pague US$460 (US$498 al incluir los costos del envío e impuestos) por un producto cuyo costo de producción no supera los US$10. “Es un material muy sencillo que se vende a Venezuela a 498 dólares en puerto de salida de Uruguay”, destacó el senador Long.
En tal sentido, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) destaca en su lista de señales de alerta asociadas a operaciones de comercio exterior que los oficiales de cumplimiento deben prestar atención cuando “Existen diferencias importantes entre el valor de la mercancía descrita en la factura y el valor real del producto en el mercado primario”.
Otro elemento sospechoso de la operación es que la importación del material cartográfico impreso sea realizada por una empresa registrada como importadora/exportadora de carne de aves, granos y cereales, huevos y productos de plástico para la industria.
El GAFI también alerta sobre las operaciones en las cuales “El tipo de producto enviado es inconsistente con las actividades regulares de exportación o importación de la empresa”.
El legislador Roberto Long también destacó que no es usual que se emplee el transporte aéreo para enviar libros. Usualmente el envío de material muy pesado se realiza mediante transporte marítimo.
El viejo método de la sobrefacturación
En un artículo publicado por Lavadodinero.com (“Controles antilavado sobre las importaciones en Colombia” – 19 de enero de 2006) los profesores John Zdanowicz y Simon Pak sostienen que existen dos maneras de movilizar fondos con fines ilegales fuera de un país hacia otro utilizando el comercio internacional de productos: las exportaciones subvaluadas y las importaciones sobrevaluadas.
Las investigaciones de este caso se basan en una posible “sobrefacturación” de una importación de material impreso. Este método es uno de los más utilizados por el crimen organizado para lavar dinero mediante el comercio internacional. Básicamente consiste en “vender nada por mucho”, al incrementar el precio de los productos en las facturas a niveles exagerados, para justificar el envío o transferencia de dinero de una jurisdicción a otra.
Contrariamente, la subfacturación es cuando se “vende algo por nada”, reduciendo el precio real de los productos a niveles irreales queno se ajustan a los precios del mercado.
Para combatir esta metodología, las empresas del sector aduanero pueden jugar un rol muy importante en la lucha contra el lavado de dinero. El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia, Mario Aranguren, indicó en una conferencia que “es fundamental que los usuarios o auxiliares de la función aduanera, ustedes y sus empresas que intervienen en la cadena de importación y exportación, entiendan que están obligados a prevenir ser usados por los delincuentes; y que adicionalmente cuentan con información que les permite tener sospechas razonables, pues conocen los montos de las operaciones, el tipo de mercancía que se negocia, el medio de transporte, el país de origen, y sobre todo, conocen el mercado, que es el mejor punto de referencia para identificar hechos anormales y señales de alerta” (“V Simposio FITAC – Comercio Exterior”. Mayo de 2007).
