Por Brian Monroe
Con las últimas sanciones de varios millones de dólares aún frescas en sus memorias, las entidades financieras están dedicándole un mayor escrutinio a los hábitos de sus acaudalados clientes extranjeros, con la mira puesta en la decisión de cuáles de esos clientes de banca privada valen el riesgo que puede correr la institución.
Y, aún cuando las instituciones conservan a los clientes internacionales, cada vez les están dando un margen menor a las indiscreciones, llegando a dejar de tenerlos como clientes después de presentar uno o dos reportes de operaciones sospechosas, cuando antes podían haber presentado cinco o seis ROSs antes de pensar seriamente en cerrarles las cuentas, según lo manifestado por algunos consultores antilavado.
Las instituciones financieras están cambiando su posición, a pesar de los ingresos potencialmente importantes que pueden generar los clientes de banca privada, en razón de los riesgos cada vez mayores. En Agosto, American Express recibió una sanción de US$65 millones – la más elevada aplicada contra una institución estadounidense – por deficiencias regulatorias en su unidad de banca privada en Miami. American Express vendió la unidad un mes más tarde por la suma de US$1.100 millones a Standard Chartered PLC.
Las instituciones de banca privada – sea que pertenezcan a divisiones de bancos multinacionales grandes o a instituciones boutiques – están también eliminando algunos clientes para asegurar el cumplimiento de la Sección 312 de la Ley USA Patriot, algunas de cuyas disposiciones llevan en vigencia más de cinco años.
La mayor parte de la norma, salvo algunos artículos referidos a las cuentas corresponsales, fue completada en Enero de 2006. La regulación final para las cuentas corresponsales, emitida el 8 de Agosto por la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de los EE.UU. (FinCEN, por sus siglas en inglés), entrará en vigencia el 5 de Febrero para las cuentas corresponsales nuevas y el 5 de Mayo para las cuentas corresponsales establecidas antes del 5 de Febrero.
Según la Sección 312, si una institución financiera tiene un cliente no estadounidense de banca privada que tenga más de US$1 millón en activos, la institución debe realizar una debida diligencia para asegurar que el individuo no sea una persona expuesta políticamente (PEP), si está vinculada con una PEP, o si tiene vínculos con países de alto riesgo o sancionados.
Bajo el microscopio
La sanción aplicada a American Express fue un “llamado de atención para mucha gente”, dijo Woodrow Kirk, agente especial retirado del servicio de Aduanas de los EE.UU., quien es propietario de una consultora antilavado de dinero en Miami. “Todos están revisando más cuidadosamente sus cuentas de banca privada”.
El caso hizo que las instituciones financieras se dieran cuenta que con las decenas de millones de dólares existentes en algunas cuentas de banca privada, “solo se requiere que una o dos no tengan los controles adecuados para causar un daño muy importante”, dijo. “No se necesita cometer demasiados errores en ese nivel para tener consecuencias serias”.
Bajo el paraguas de la banca privada un cliente puede tener cuentas personales, comerciales, u otro tipo de cuentas vinculadas a través de una maraña de corporaciones, sociedades de responsabilidad limitada, acciones al portador, fideicomisos y otros instrumentos de inversión, que pueden dificultar el conocer la fuente de los fondos, explicó Kirk.
En las últimas semanas, ha visto que algunas instituciones comenzaron a prohibir las cuentas que reciben fondos con acciones al portador u otras transacciones sin contener la información sobre el o los dueños beneficiarios. “Eso está sucediendo en toda la industria”.
El problema de las PEPs
Pero los estándares más estrictos van más allá de las cuentas con acciones al portador e incluye a las personas expuestas políticamente (PEPs). Javier Díaz, agregado del consulado de España en Miami, indicó que el Wachovia Bank cerró su cuenta privada en Febrero de 2006. Indicó que cree que la cuenta fue cerrada porque él califica como PEP.
Díaz dijo que la carta en la que le notificaron que le cerrarían la cuenta no le daba ninguna explicación y que, no obstante, él pudo abrir una cuenta en otro importante banco de Estados Unidos.
Díaz indicó que otros diplomáticos extranjeros conocidos por él han recibido el mismo trato, aún cuando no encuadraban perfectamente en la definición de PEP. Expresó que entendía que otras cuentas del consulado habían sido cerradas, porque “no era conveniente” para los bancos estadounidenses mantenerlas.
Funcionaros del Wachovia se rehusaron a hacer comentarios sobre sus políticas de banca privada y PEPs.
Los bancos privados más pequeños son aún más vulnerables a recibir una sanción civil importante, porque una multa de decenas de millones de dólares, combinada con las consecuencias sobre su reputación, los “destruiría”, afirmó Bruce Raine, presidente de International Private Banking Systems, de Bahamas, que fabrica software especialmente diseñado para bancos privados.
“Más agresivo”
Loren Grant, especialista antilavado de la consultora de servicios profesionales M² Consulting, de San Francisco, estuvo de acuerdo en que la mayor parte de instituciones financieras están reevaluando a sus clientes de banca privada y están adoptando una “actitud más agresiva” con las cuentas sobre las cuales se presentaron reportes de operaciones sospechosas en el pasado.
Por ejemplo, si un banco tenía la política de cerrar una cuenta después de haberse presentado cinco ó 10 ROSs, actualmente se está bajando esa cantidad límite a dos e incluso uno, precisó, agregando que los bancos que fueron sancionados por los reguladores con un proceso de cumplimiento – e incluso una orden de cesar y desistir – son más proclives a dejar de tener esos clientes.
En los últimos años, algunos clientes acaudalados expresaron su descontento y amenazaron con llevarse sus cuentas y negocios a otra parte, pero finalmente se resignaron al hecho de que han sido “calificados en un nivel más alto”, declaró un importante ejecutivo de cumplimiento de un reconocido banco estadounidense.
Aún así, dijo que existen estándares que varían en algunos bancos, dependiendo de la experiencia antilavado de dinero de su personal, la capacitación y la disposición para tomar decisiones difíciles, como el dejar de tener una cuenta rentable de un cliente que llevaba trabajando muchos años con la institución, cuando la situación se vuelve demasiado riesgosa.
Extendiendo las regulaciones
Incluso cuando un banco esté monitoreando adecuadamente sus cuentas de banca privada – y prestándole más atención a los clientes de mayor riesgo – sus esfuerzos pueden ser considerados insuficientes por los examinadores, señaló Ryan Rasske, presidente de la consultora bancaria Associated Risk Group.
Los reguladores pueden preguntar sobre los clientes extranjeros que tengan menos de US$1 millón en activos depositados en una institución “extendiendo” las regulaciones y empujando a los bancos a conservar los documentos y monitorear las actividades de cuentas que, técnicamente, no están incluidas en la regla, dijo.
