Ante la proliferación del dinero electrónico como medio de intercambio utilizado en la actualidad en Paraguay, las autoridades aprobaron nuevos controles para evitar que esta nueva práctica pueda ser útil al crimen organizado en la búsqueda de medios para el lavado de dinero.
Aunque no hay datos precisos aportados por los operadores de dinero electrónico en relación a números de clientes o números de transacciones al mes, el Banco Central de Paraguay (BCP) estima que existen 60,000 usuarios activos de dinero móvil en Paraguay.
Frente a este nuevo paradigma en materia financiera, el BCP puso en vigencia la última semana una nueva regulación para el intercambio de dinero electrónico a través de dispositivos móviles, con la que busca proteger al sector del dinero ilícito.
A través de la Resolución No. 6 con fecha 13 de marzo, la entidad paraguaya dio a conocer la reglamentación de las empresas telefónicas que realizan giros y pagos móviles denominados EMPES. Esta disposición, que tendrá un plazo de adecuación de tres meses, establece que las compañías de teléfonos que realicen giros de dinero solo podrán procesar hasta U$S 577 al mes por cada cliente, monto a partir del cual el cliente deberá operar obligatoriamente a través de una cuenta bancaria.
Obligatoriedad de registros
La apertura de la cuenta básica de ahorro se podrá efectuar desde cualquier lugar utilizando el teléfono y sin necesidad de ir al banco para las gestiones, ni tampoco implicará algún costo extra por el servicio, con lo cual se estaría promoviendo desde la entidad monetaria la inclusión al sistema bancario de sectores hasta el momento excluidos.
Anteriormente, los giros electrónicos realizados por las compañías de celulares no estaban regulados. A partir de la normativa, se establece la obligatoriedad del registro de las compañías que realicen giros y pagos utilizando como medio el teléfono celular ante la Superintendencia de Bancos (SIB), que pasará a ser el órgano regulador de las entidades identificadas como EMPES.
Lo que se pretende es proporcionar mayor resguardo y seguridad a los usuarios en sus transacciones de giros de dinero. Al mismo tiempo, “a través del filtro financiero, se pondrán trabas a negocios ilícitos que pueden financiarse con este tipo de transacciones ante la falta de medidas adecuadas para la prevención del lavado de dinero”, consignó Carlos Fernández Valdovinos, titular del BCP.
Riesgos de las transacciones electrónicas
En un artículo publicado por Lavadodinero.com titulado “Peligros del lavado de dinero a través de pagos electrónicos: cómo detectarlos y combatirlos”, se daba cuenta de las eventualidades surgidas a partir de esta práctica cada vez más en boga.
Estos productos tienen ventajas tanto para los usuarios como para los proveedores, pero acarrean nuevos riesgos que deben ser identificados y administrados, especialmente en las instituciones financieras que tienen cuentas de clientes, proveen servicios de pagos y concilian transacciones.
En el área de pagos electrónicos, el lavado de dinero y el fraude, combinados con los riesgos operativos, de crédito y legal presentan desafíos que requieren un esfuerzo coordinado para manejarlo exitosamente.
Algunas de las mismas características de los pagos electrónicos que los hacen atractivos a los usuarios –conveniencia, velocidad, confiabilidad, costo– también generan la posibilidad del uso indebido por parte de los lavadores y defraudadores:
Movilidad Geográfica: las transacciones internacionales nunca fueron tan fáciles. En un mundo conectado globalmente, los pagos pueden ser iniciados (y recibidos) desde prácticamente cualquier lugar y a cualquier hora del día. Además, los clientes ya no tienen que vivir o trabajar cerca de la entidad financiera. Esta movilidad geográfica aumenta la complejidad de los flujos de pagos, dificultando su conocimiento y análisis.
Contacto con el Cliente: la institución financiera puede no tener nunca contacto directo con el cliente, la entidad comercial o cualquiera de las partes vinculadas a la transacción financiera que realiza. Esta falta de contacto aumenta el hecho de tener que basarse en la obtención de información y en el análisis realizado, a fin de conocer los patrones del cliente e identificar las anomalías que pudieran requerir una investigación.
Velocidad: la velocidad en las compensaciones y conciliaciones aumenta cada vez más y con redes más confiables; muchas conciliaciones de pagos electrónicos se realizan el mismo día o al día siguiente. Estas conciliaciones más rápidas les dan a las instituciones financieras menos tiempo para corregir los errores o detectar el fraude, aumentando la presión sobre los sistemas de monitoreo para que trabajen rápidamente a fin de limitar la exposición de las instituciones financieras.
Cambios en los Canales Operativos: cada vez existen más opciones para los pagos originados de una forma que deben ser completados de otra. Por ejemplo, con la recepción de depósitos remotos, a larga distancia, los cheques en papel pueden ser convertidos en elementos ACH o en imágenes electrónicas de cheques. Este “cambio de rastros o huellas” le agrega una capa adicional de dificultad para monitorear y las investigaciones pueden terminar en pagos que están siendo dirigidos a través de mecanismos de conciliación con controles o límites diferentes. También podría resultar en la pérdida de información vital en el proceso de conciliación.
Más Partes Involucradas: existen ahora muchos más participantes en los procesos de pagos de los que existían hasta ahora. Los proveedores de servicios externos y las instituciones financieras no bancarias están iniciando (¿y recibiendo?) pagos y agregando potenciales capas entre las instituciones financieras y sus clientes, posiblemente protegiendo la intención de fraude o la información vital para conocer los objetivos de los pagos.
Existen muchas opciones para transferir dinero fuera del sistema bancario, y los bancos en algunos casos sólo juegan un rol como proveedor de servicios de compensación, dejando información incompleta sobre los flujos de las transacciones.
El impedir que estos riesgos terminen en lavado de dinero requiere un esfuerzo de cooperación entre las áreas de cumplimiento antilavado, seguridad y operaciones de las instituciones financieras.
