El escándalo relacionado el Instituto de Operaciones Religiosas (IOR), conocido popularmente como Banco del Vaticano, ha despertado un gran interés en el mundo financiero y del cumplimiento antilavado por la condición de Estado Independiente que tiene Ciudad del Vaticano y por su característica de centro financiero “offshore”, además de estar relacionado al secreto bancario, a las leyes antilavado y a operaciones sospechosas por US$30 millones.
El pasado 15 de septiembre el Instituto de Operaciones Religiosas (IOR) realizó dos transferencias desde una de sus cuentas en la agencia romana del Credito Artigiano: una por €20 millones que tenía como destino una sucursal alemana del JPMorgan Chase; y otra por €3 millones para la agencia romana del Banca del Fucino. La Unidad de Información Financiera de la Banca de Italia (Banco Central) detectó las operaciones, las cuales violaron algunos procedimientos establecidos en las regulaciones antilavado de dinero, según afirman miembros del ministerio público italiano.
El 21 de septiembre, la jueza de instrucción preliminar, María Teresa Covatta, aceptó la solicitud de la Procuraduría de Roma y ordenó el secuestro preventivo de US$30 millones del IOR. El dinero fue retenido por el Banco Central, luego de que el IOR fallara en informar sobre los beneficiarios finales y los motivos de las dos transacciones.
El 23 de septiembre, voceros del Vaticano informaron mediante un comunicado que la investigación era producto de un “malentendido”. Luego, el 07 de octubre, el abogado que representa al Banco del Vaticano, Vincenzo Scordamaglia, volvió a defender la postura de la Santa Sede de que el Instituto no había violado ninguna regla, porque simplemente lo que hizo el IOR fue transferir sus propios fondos de un banco a otro. “Todo el tema se podría haber aclarado si (los jueces) hubieran levantado el teléfono para hacer una llamada”, declaró el abogado a la agencia de noticias Reuters.
El Instituto para las Obras de Religión se trata de un banco muy particular, porque sólo hace inversiones éticas, sus beneficios se destinan a obras de caridad y porque sus clientes son diócesis, órdenes religiosas y departamentos y empleados del Vaticano. Esta institución fue creada en 1942 por el Papa Pio XII en el año 1942. Según han publicado medios italianos, el IOR tiene 130 empleados, 44.000 cuentas corrientes, ofrece intereses de hasta el 12% y no aplica ningún impuesto. Tiene un patrimonio de 5.000 millones de euros.
Santa Sede offshore
Este problema está relacionado a un conflicto de intereses dentro del Vaticano, el cual “ha tenido una larga y sórdida historia de escándalos financieros”, afirmó Jeffrey Robinson, un experto antilavado de dinero y autor del libro The Laundrymen. “No está en la naturaleza de la institución el regularse asimismo. Lo que se tiene con el IOR y el Vaticano, junto con otras jurisdicciones como las Islas Caimán y Antigua, es una fusión de una institución con una jurisdicción”, explicó Robinson.
Los problemas de la Santa Sede no son únicos. Al igual que docenas de bancos de pequeñas jurisdicciones alrededor del mundo, el Vaticano está lleno de “relaciones confidenciales”, indicó Kenneth L. Bryant, director de la firma consultora Bryant & Associates LLC.
Pero, según el abogado especializado en antilavado e impuestos, Mitchell Fuerst, el vaticano se mantiene en una posición muy singular comparado con el resto de las jurisdicciones de secretismo: “Ellos tienen conexiones sociales y de negocios que se extienden desde hace siglos, mientras que estos otros paraísos no han surgido sino hasta los 50s”.
“Tú no ves muchas multas o suspensiones emitidas por los reguladores del Vaticano, el cual, al igual que otros centros “offshore”, ha podido mantener un nivel de secreto bancario que ofende a la mayoría de los países”, precisó Fuerst.
Posibles cambios a la vista
Ese nivel de opacidad pudiera disminuir, según una información publicada el pasado 24 de septiembre en el National Catholic Reporter. Voceros del Vaticano hablando anónimamente dijeron que el Papa Benedicto se propone conducir al IOR más responsablemente, posiblemente con una declaración formal.
Según el vocero del Vaticano, Federico Lombardi, el objetivo es poner al IOR en la “lista blanca” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sobre todo en relación con las nuevas normas contra el terrorismo y el lavado de dinero de la Unión Europea.
Los rumores sobre mejorar la transparencia en el Banco del Vaticano no son nuevos. En septiembre de 2009, el IOR reemplazó junta directiva y contrató a Ettore Gotti Tedeschi, el ex director de las operaciones italianas del español Banco Santander, como presidente de la institución bancaria papal, un movimiento que se vio como un paso adelante en la búsqueda de mayor transparencia. No obstante, Tedeschi y el director de la institución financiera, Paolo Cipriani, son los funcionarios investigados por las autoridades italianas por las transacciones sospechosas.
Recientemente, Tedechi destacó en un artículo publicado en la revista L’Osservatore Romano, que la globalización y una crisis económica exigen la adaptación de diversos entes económicos de la iglesia católica, “para optimizar con eficacia, la gestión del uso de los recursos necesarios para las obras de religión, administradas directamente o a través de las estructuras de los mismos entes, congregaciones o diócesis, para que su acción no se debilite ante incertidumbres y nuevos posibles riesgos”.
Viejos escándalos
Este escándalo estuvo precedido por otras dos grandes investigaciones. El año pasado, según reportó la revista italiana Panorama en su edición de diciembre, el Banco de Italia revisó unas transacciones por US$250 millones relacionadas a una cuenta del Vaticano en la agencia del UniCredit Group ubicada al cruzar la calle de la Basílica de San Pedro.
Oficiales gubernamentales también cuestionaron al Vaticano sobre su participación en el colapso del Banco Ambrosiano ocurrido en el año 1982. El banco, cuyo socio mayoritario era el Vaticano, cerró luego de que desaparecieran sobre US$1.000 millones que fueron entregados en préstamos a corporaciones pantalla (shell companies), luego de que la Santa Sede les otorgará cartas de crédito. El Vaticano eventualmente pagó US$250 millones a los acreedores sin admitir ninguna culpa.
Los problemas más recientes de la sede papal han sido exacerbados por problemas de jurisdicción presentados entre los reguladores italianos y el IOR, el cual asegura la sede católica que no es un banco en el sentido tradicional, dijo Donato Masciandaro, líder de los economistas de la Bocconi University de Milán.
De igual forma lo afirmó Lombardi en una carta: “El IOR no es un banco en el sentido normal (…) está más allá de la jurisdicción y la vigilancia de varios bancos nacionales”.
El Departamento de Estado de EE.UU. considera al Vaticano un estado soberano, un territorio independiente con el Papa como jefe de estado. Las cortes italianas no han aceptado esto siempre. En una decisión de la Corte Suprema de Italia en el 2003 se determinó que la jurisdicción italiana estaba sobre las operaciones financieras del IOR realizadas en Italia, según el reporte del National Catholic Reporter.
Un vocero de la oficina de la Fiscalía italiana que adelanta las investigaciones contra el IOR no devolvió los llamados y el vocero del Vaticano no quiso declarar para este reportaje.
