Por Colby Adams.
Los países deberían exigirles a los políticos y funcionarios públicos que declaren sus bienes e ingresos, en función de combatir mejor el soborno y la malversación de fondos públicos, recomendó el Banco Mundial la semana pasada.
Un régimen de declaraciones de activos bien diseñado y bien manejado puede aumentar significativamente la rendición pública de cuentas y contribuir en la identificación y monitoreo de las personas expuestas políticamente (PEPs). Además puede ser muy efectivo para las investigaciones y enjuiciamientos de los funcionarios públicos, afirmó el ente multilateral en base a un reporte emitido por la organización Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (SIAR por sus iniciales en inglés).
Las investigaciones a posibles políticos corruptos pueden verse obstaculizadas por la imposibilidad de los investigadores de acceder a los registros de propiedades, autos y tierras, así como a la información bancaria y fiscal, indica el documento de de 150 páginas.
“La presentación [pública] de documentos como formularios de impuestos, por lo general, se basa en gran medida en la divulgación voluntaria, y cuando los datos son inexactos, el sistema en sí mismo puede llegar a ser ineficaz”, señaló Ross Delton, un consultor antilavado.
Pero los fiscales a menudo utilizan declaraciones de ingresos falsas hechas por políticos corruptos como una herramienta para lograr condenas en su contra. Sin embargo, son necesarias “condenas que muerdan para que la gente deje de violar las leyes en el futuro”, precisó el experto.
Solo en menos de un tercio de los 88 países estudiados en el reporte, las leyes requieren procesos de verificación de ingresos de los PEPs, incluso en casos de conflicto de intereses o de enriquecimiento ilícito.
El informe llega en momentos en que la mayoría de las naciones evalúan los métodos utilizados en sus jurisdicciones para determinar si los políticos corruptos esconden activos a través de cuentas corporativas y otros medios. En febrero, el Grupo de Acción Financiera indicó en sus 40 Recomendaciones ALD / CFT que los bancos deben monitorear atentamente las cuentas relacionadas a los PEPs domésticos.
Para los investigadores locales verificar los activos que poseen los funcionarios públicos de alto riesgo en el exterior es complicado, precisó Richard Gordon, ex consejero del Fondo Monetario Internacional, quien agregó que “el dinero obtenido a través del abuso del poder político a menudo se oculta en fideicomisos y empresas fantasmas”.
El impacto de este reporte será limitado debido “a que la mayoría de los países que necesitan modificar sus leyes están controlados por las personas que más perderían si se adoptan los cambios”, advirtió Gordon, quien fue el co-autor de un reporte emitido en octubre de 2011 por el Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas titulado Puppet Masters: cómo los corruptos usan las estructuras legales para ocultar los bienes robados y qué hacer al respecto.
Los gobiernos también deben fortalecer las acciones sancionatorias contra los funcionarios públicos que violen las leyes de declaración de bienes. Detectar el enriquecimiento ilícito “es más importante en países donde la percepción de corrupción y la impunidad son más altos”, dice el reporte, en el cual se indica que los investigadores gubernamentales, los periodistas y grupos de la sociedad civil frecuentemente descubren los actos de corrupción revisando las discrepancias entre cuánto los funcionarios dicen ganar y su estilo de vida.
