Luego de dos años de investigaciones, la Superintendencia de Entidades Financieras de Costa Rica (SUGEF) impuso una multa de US$518.000 al Banco Popular por numerosas fallas en los programas de cumplimiento antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT).
Según informó la SUGEF, la entidad financiera ha cometido fallas en la aplicación de la Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas (Ley 8204) que establece medidas ALD / CFT. Una de las principales deficiencias detectadas por los reguladores, fue la deficiencia en los procesos de emisión de Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE) por operaciones que superaron los US$10.000.
Informaciones de prensa señalaban que se habían realizado operaciones sospechosas por montos entre US$12.300 y US$417.590 en cuentas personales, mientras que en el caso de algunas cuentas de empresas, el dinero movilizado osciló entre los US$12,000 y los US$1,8 millones. El banco no presento los Reportes de Operación Sospechosa (ROS) correspondientes a estas actividades inusuales.
Adicionalmente el programa antilavado del Banco Popular mostrada serias deficiencias sobre la política “Conozca a su Cliente”, ya que no tenía información sobre el perfil de los clientes, la actividad comercial que realizan y el origen del dinero.
Voceros de la SUGEF explicaron que la entidad bancaria permitió transacciones irregulares por montos muy elevados, que no se correspondían con la actividad comercial del cliente y los movimientos de la cuenta.
Dinero panameño
Una de las irregularidades detectadas por las autoridades de Costa Rica fue una cuenta abierta en el año 2006 a nombre del Banco Universal de Panamá. Entre el año 2006 y el 2007, la sucursal del Banco Popular ubicada en la zona fronteriza entre ambas naciones recibió depósitos de dinero en efectivo por US$9.9 millones, monto que fue trasladado de un país a otro en vehículos convencionales y sin haber sido declarado ante las autoridades de aduana. Posteriormente el dinero era enviado mediante transferencias cablegráficas hacia Nueva York.
Según informaron los investigadores, el dinero era procedente de las cuentas bancarias panameñas de los empresarios Luis Antonio Andujar, Salem Safadi y Yorgg Safadi, quienes el pasado mes de noviembre fueron acusados por la Fiscalía de Drogas de Panamá de delitos relacionados con drogas, blanqueo de capitales y asociación ilícita.
Por estas irregularidades, el Ministerio público de Costa Rica realizó el pasado mes de marzo 11 allanamientos en las oficinas del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, incluidos su departamento de cumplimiento ALD y la dirección jurídica.
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