Las fuertes medidas tomadas por las autoridades contra el cambio de divisas y el intercambio de bonos en el mercado bursátil en México y Venezuela están haciendo que algunos bancos de Estados Unidos les den la espalda a los mercados secundarios latinoamericanos, incluso cuando estos operan legítimamente.
Las empresas de los mercados paralelos –o secundarios- típicamente actúan como cambiadores de divisas exigiendo el pago de una comisión por realizar el cambio de dólares americanos a una moneda local. Estos negocios, que usualmente utilizan servicios bancarios estadounidenses, pueden incluir a fabricantes, comerciantes, remesadoras de dinero y otras compañías.
Pero algunos oficiales de cumplimiento estadounidenses están comparando los riesgos asociados con los mercados secundarios legítimos y regulados, con los del recientemente eliminado mercado venezolano de permutas, las casas de cambio mexicanas y el mercado negro del cambio de peso colombiano (BMPE por sus siglas en inglés), según advirtió Clemente Vázquez Bello, un abogado especializado en banca internacional de la firma Gunster, Yoakley & Stewart, P.A.
“Muchas de las entidades [suramericanas] han decidido que, debido a la actitud agresiva de Estados Unidos hacia algunos mercados de Sur América, es mejor mover su dinero hacia cualquier otro lugar, como Panamá”, mientras que “los bancos de Estados Unidos se están asustando de mantener a estas cuentas y están cerrándolas en algunos casos”, indicó Vázquez.
Los bancos estadounidenses consideran las transferencias bancarias (sin fuente) de dólares procedentes de los países latinoamericanos como una “enorme bandera roja”, y 90% de los bancos estadounidenses considerarían el soltar clientes de los cuales sospechen que están operando en el mercado paralelo, afirmó Octavio Betancourt, socio director de la consultora Milersen LLC. (Miami).
El cambio coincide con los esfuerzos de Estados Unidos para contener los envíos hacia México del efectivo procedente de la venta de drogas, el cual según las estimaciones de la Agencia Federal Antidrogas (DEA por sus iniciales en inglés) se ubica entre los US$18.000 millones y los US$39.000 millones al año.
Amplia Advertencia
Algunas instituciones financieras estadounidenses miraron la sanción impuesta al Wachovia Bank el pasado 17 de marzo de 2010 como una gran advertencia por hacer negocios con empresas relacionadas a mercados paralelos en cualquier lugar de Latinoamérica, según considera Ed Rodríguez, un ex agente especial de investigaciones del Servicio de Rentas Internas de EE.UU. (IRS por sus iniciales en inglés).
Los reguladores y el Departamento de Justicia estadounidenses impusieron una multa de US$160 millones al Wachovia por los negocios sostenidos con casas de cambio mexicanas, a pesar de que los funcionarios del banco eran conscientes de que al menos una de las empresas tenían presuntos vínculos con el narcotráfico. El banco procesó más de US$420.000 millones en transacciones sospechosas desde el 2004 hasta diciembre de 2007. A raíz de este escándalo, las autoridades mexicanas ampliaron los requerimientos de reportes de actividades sospechosas para las casas de cambio.
Lejos de las permutas
En mayo de 2010, el gobierno de Venezuela prohibió la realización de las llamadas “permutas”, una forma de intercambio de bonos del estado que ampliamente utilizada por los importadores y exportadores venezolanos para comprar dólares americanos que utilizaban en transacciones internacionales. El gobierno venezolano justificó la medida al denunciar una fuga masiva de capitales, una estrategia para devaluar la moneda y la presencia de operaciones de lavado de dinero.
Desde el cierre, las actividades del mercado paralelo en Venezuela podrían considerarse, en virtud de la legislación estadounidense, como un “fraude contra un banco extranjero”, potencialmente convirtiéndose cualquier banco de EE.UU. que acepte transferencias bancarias asociadas a esas empresas en un aliado para el lavado de dinero, advirtió Vázquez.
¿Alto Riesgo?
Al menos la mitad de las transacciones en Latinoamérica pasan a través de un negocio de cambio de divisas, frecuentemente operado fuera del sistema formal regulado, de acuerdo a Vázquez. La legalidad de esas transacciones varía de país en país, pero incluso en los casos en que las transacciones son permitidas, la regulación es ligera, indicó.
Las compañías son frecuentemente utilizadas para evadir controles de sistemas de cambios de divisas en Latinoamérica, en función de evadir mejor los impuestos y los reportes, dijo Betancourt, añadiendo que las restricciones en Colombia y México han empujado algunas actividades del mercado paralelo en Uruguay.
Colombia, por ejemplo, le permite a las entidades financieras del mercado secundario tradicional, como los “brokers”, los transmisores de dinero y los cambiadores de divisas, operar como proveedores de servicios cambiarios licenciados bajo la condición de que sean regulados. Las compañías operan como una alternativa legal a los servicios cambiarios ofrecidos por el Banco Central.
Pero donde “el gobierno colombiano ha impuesto agresivos controles antilavado a esos mercados paralelos, en la mayoría de los países [latinoamericanos] el gobierno no lo ha hecho”, dijo Vázquez al agregar que Ecuador, Bolivia y Argentina no tienen supervisión sobre estas empresas.
La preocupación de los bancos puede ser válida, porque esto es “casi imposible” verificar la fuente de los dólares que pasan a través de los negocios de cambio de divisas no regulados, precisó Rodríguez.
¿Bajo Riesgo?
No todos los bancos y oficiales de cumplimiento lo ven de la misma forma. Una transacción realizada a través del mercado secundario en Latinoamérica no es necesariamente sospechosa, a juicio de un oficial de cumplimento de un banco nacional de Estados Unidos, quien pidió no ser identificado. “Cada institución debe tomar por sí misma la decisión, basado en la evaluación del país, del cliente y del producto asociado con la transacción específica”, señaló.
Pero la potencial necesidad de revisar cada transacción procedente de compañías del mercado secundario pudiera causar una verdadera pesadilla, indicó el funcionario del banco.
En cualquier caso, “muchas transacciones del mercado paralelo no son anunciadas como tales y pueden aparecer ante la institución financiera como una transferencia directa de fondos de una parte a otro, lo cual no parecería inusual sin información adicional que lleve al personal de cumplimiento a mirar más profundo”, dijo otro oficial de cumplimiento que trabaja en un banco de Illinois.
La Red de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN) no ha publicado ningún comunicado sobre los riesgos potenciales del mercado de permutas de Venezuela o sobre las casas de cambio de los países latinoamericanos, “pero por algún tiempo, hemos estado compartiendo información y trabajando muy de cerca con los organismos de aplicación de la ley en estos tipos de transacciones”, indicó el vocero del organismo Steve Hudak.
Los nuevos requerimientos de reportes propuestos por FinCEN en septiembre podrían arrojar más luz sobre los mercados paralelos latinoamericanos, señaló Betancourt. Bajo la propuesta, los bancos tendrían que registrar los nombres, direcciones y los números de identificación fiscal relacionados a las cuentas que envían y reciben las transferencias cablegráficas internacionales.
En mayo de 2009, el FinCEN propuso la ampliación de las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario para los negocios de servicios monetarios para incluir a las compañías y los individuos con presencia en Estados Unidos mediante el internet o con cuentas en instituciones financieras. La propuesta impondría nuevos requerimientos ALD para los “brokers” del mercado paralelo.
