Por Colby Adams.
Los bancos europeos están solicitando a las autoridades estadounidenses un plazo mayor de implementación de las exigencias transnacionales contempladas en la nueva regulación propuesta bajo la Ley Amplia de Desinversión, Responsabilidad y Sanciones Contra Irán (CISADA por sus iniciales en inglés).
La regulación, presentada en abril por la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés), obligaría a los bancos estadounidenses a exigirles a sus contrapartes extranjeros una revisión retrospectiva de 3 meses para determinar si han realizado transacciones con entidades o individuos iraníes incluidos en la lista de designados.
La revisión debe ser entregada en un plazo de 30 días posteriores a la entrada en vigencia de la regulación, motivo por el cual la banca europea está exigiendo una ampliación del plazo de entrega para poder revisar sus operaciones.
“Suministra detalles de todas las operaciones en 30 días sería extremadamente complicado para cualquier grupo bancario de gran tamaño que tenga un número significativo de operaciones en distintas jurisdicciones”, afirmó la Federación Europea de Bancos (FEB) en una carta enviada a FinCEN el primero de junio con algunos comentarios sobre la nueva regulación de la Ley CISADA.
“Sería especialmente infortunado que un banco estadounidense se vea en el caso de informarle a FinCEN que otro banco extranjero no ha enviado (a tiempo) el reporte, lo cual puede fácilmente colocar a la entidad foránea en una mala y falsa posición”, indicó la FEB, organismo que tiene sede en Bruselas y que representa a 5.000 instituciones bancarias europeas.
Bajo la regulación propuesta por FinCEN, solo los bancos estadounidenses que reciban una solicitud por escrito de la unidad antilavado tendrán que exigir a los bancos foráneos con los que mantienen una relación de corresponsalía el informe sobre las transacciones con Irán. El pasado mes de abril FinCEN anunció que como máximo exigiría cada año alrededor de 18 solicitudes sobre unos 50 bancos extranjeros.
La FEB también señaló que el reporte exigido por los bancos estadounidenses involucraría informar sobre “negocios con jurisdicciones no relacionadas a Estados Unidos”, lo cual pudiera ser una violación de las leyes de privacidad bancaria, así como las normas de protección de la información nacionales y de la Unión Europea.
Los bancos del viejo continente también enfrentarán el dilema de tener que escoger entre ignorar la solicitud estadounidense o moverse fuera de estrictas normas de privacidad de la información, advirtió Simon Dilloway, director de la firma londinense de consultoría antilavado Norfolk.
“Revisar estos datos puede significar mirar las cuentas de las personas, lo cual no es algo muy rutinario aquí (Europa). Requerimientos como ese pudieran exigir un permiso emitido por un juez, lo cual puede requerir más de 30 días”, precisó el experto, quien fue investigador de casos de lavado y financiamiento de terrorismo de la Policía Metropolitana de Londres.
Por su parte, Jeremy Carve, un abogado de la firma Clifford Chance especializado en banca y sanciones comerciales, considera que la propuesta de FinCEN es el “próximo capítulo” de los intentos estadounidenses para trabajar al borde de las leyes financieras europeas, con el objetivo de lograr sus objetivos de política exterior. “Una revisión retrospectivas a todas las operaciones de los últimos 3 meses pudiera tomar hasta 6 meses y costar decenas de millones de dólares”.
Sin embargo, Zia Ullah, socia del bufete de abogados financieros Pannone LLP, considera que “los muchachos grandes ya están listos para esto y lo han estado por cerca de dos años. Ellos (los bancos europeos) están muy pendientes de las sanciones y ya algunos están bajo procesos sancionatorios”.
De cualquier forma, los bancos pequeños y medianos en el viejo continente “no están listos del todo, y eso es una situación que tienen que manejar las grandes organizaciones financieras que mantienen relaciones de corresponsalía con ellos. Algunos grandes bancos verán que las instituciones pequeñas no están haciendo nada”, precisó Ullah.
Más allá de lo financiero
Detrás de las objeciones técnicas de los bancos europeos, surgen algunas dudas gubernamentales sobre la eficacia de las sanciones de CISADA, incluso sobre su justificación. El 19 de mayo de 2011, Wikileaks reveló un comunicado diplomático fechado en abril de 2008, en el cual se expresaba el escepticismo de Alemania sobre el rol desempeñado por los bancos Meli y Sederat (ambos sancionados por EE.UU.) en el programa de proliferación de armas nucleares de Irán.
Según el comunicado, el Ministerio de Economía Alemán no había visto “pruebas de apoyo consciente al programa de proliferación iraní”; además, el ministro de economía “no estaba cómodo con la evidencia sobre el Bank Sepah”.
