El BankAtlantic le brindó a los clientes algo más que un servicio los 7 días de la semana – un gerente de sucursal abrió sus puertas a traficantes de drogas y lavadores de dinero profesionales y les ayudó a perpetrar sus delitos.
Algunos funcionarios publicaron documentos detallando las infracciones del banco con sede en Fort Lauderdale días después de que moneylaundering.com publicara en exclusiva el caso.
Bajo un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia firmado en abril pasado, BankAtlantic acordó la confiscación de US$10 millones para resolver todos los cargos criminales y civiles por violaciones “serias y sistemáticas” a la Ley de Secreto Bancario (LSB), por haber omitido reportar más de US$50 millones en transacciones sospechosas, incluyendo US$10 millones en fondos provenientes del tráfico de drogas, a través de un puñado de cuentas entre 1997 y 2004.
La confiscación del Departamento de Justicia da por cumplida los US$10 millones aplicados como sanción monetaria civil publicada tanto por la Red de Control de Crímenes Financieros (por sus siglas en inglés, FinCEN) de EE.UU. y por la Oficina de Supervisión de Ahorros (por sus siglas en inglés, OTS). La OTS, el regulador federal bancario principal del BankAtlantic, también emitió una orden de cesar y desistir, obligándolo a corregir los controles de lavado de dinero y a monitorear “más frecuentemente” todas las transacciones. El gerente de la sucursal, cuyo nombre no fue dado a conocer, aún se encuentra bajo investigación.
“Hacer lo correcto en este área es necesario y difícil, y los bancos están aprendiendo y cometiendo errores”, dijo el abogado del banco, Gene Stearns. “El BankAtlantic es un modelo porque cometió errores y aprendió de ellos. Estas regulaciones son difíciles de seguir. Los malos siempre están por delante de los bancos. No es un trabajo fácil”.
La acusación presentada en la Corte de Distrito de EE.UU. en el Sur de la Florida acusa al BankAtlantic de un cargo por omisión en el mantenimiento de un programa antilavado de dinero, pero el Departamento de Justicia acordó diferirlo y, al final, retirar el cargo si el banco cumple con los términos del acuerdo durante un plazo probatorio de un año, en razón de la cooperación “extraordinaria” dada por el banco.
“El Departamento de Justicia no es muy afecto a términos como “extraordinario”, de manera que consideró tal hecho muy importante”, dijo el vocero del departamento Bryan Sierra. “Sólo ofrecemos estos acuerdos a las compañías para hacerles saber que su cooperación es importante”.
El BankAtlantic es la primer institución financiera del Sur de la Florida que es objeto de una acción criminal del Departamento de Justicia y la décimo tercera institución en la región que recibe una acción de cumplimiento legal federal en los últimos cuatro años.
Siguiendo el rastro del dinero
La investigación federal y el acuerdo subsiguiente surgieron de una investigación de la Administración de Control de Narcóticos (por sus siglas en inglés, DEA) de EE.UU. de 1999 realizada sobre las operaciones profesionales de lavado de dinero de traficantes de drogas en Estados Unidos y Colombia, según el Departamento de Justicia.
Agentes encubiertos de la DEA se presentaron como lavadores de dinero profesionales para blanquear los fondos provenientes del tráfico de estupefacientes para los carteles. A través de los traficantes de drogas, los agentes encubiertos se encontraron con transportadores de dinero en lugares públicos – incluidos centros de compra, playas de estacionamiento de automóviles y hoteles – para recibir bolsas y valijas, cada una conteniendo billetes de US$5, US$10 y US$20 y totalizando sumas desde US$150.000 hasta US$500.000.
Los agentes luego depositaban esos fondos en una cuenta bancaria encubierta de la DEA y esperaban las instrucciones de transferencia que emitían los corredores de dinero de los carteles. Durante la investigación, los agentes transfirieron más de US$7 millones en nombre de los corredores a unas pocas cuentas manejadas por el mismo gerente de una sucursal del BankAtlantic.
Al revisar los registros de esa cuenta, los agentes descubrieron otras cuentas no relacionadas utilizadas para lavar dinero en la misma sucursal y entonces notificaron a la OTS.
“No estábamos necesariamente investigando al banco”, dijo Sierra. “Fue sólo cuando se dieron cuenta lo que pasaba con el dinero que investigando, que se realizaban otras transacciones en el mismo banco”.
A pesar de lo que los informes del Departamento de Justicia describen a las transacciones como “señales de alarma obvias”, el banco admitió no haber reportado ninguna actividad sospechosa como lo requiere la LSB.
Los corredores transfirieron cablegráficamente grandes cantidades de dinero de fuentes locales e internacionales a las cuentas del BankAtlantic y luego enviaban transferencias cablegráficas y cheques a exportadores que remitían mercaderías a América del Sur, y tanto las cuentas de inversión como las ahorros en otras instituciones financieras de EE.UU. tenían como titulares a inmigrantes no residentes y a negocios de servicios monetarios (NSMs) que tenían cuentas a nombre de compañías pantalla offshore.
Los correos sudamericanos también entregaban personalmente cientos de “depósitos en bolsas” al gerente de la sucursal conteniendo más de 4.000 cheques numerados en forma secuencial y estructurados, de unas pocas cuentas por sumas que iban desde los US$7.000 hasta los US$15.000. Los registros muestras que muchos de los cheques depositados durante el período de cuatro años tenían firmas, montos y los nombres de los beneficiarios escritos en diferentes letras manuscritas y con tintas diferentes.
Empleado aún bajo investigación
Los informes del Departamento de Justicia describen al gerente de la sucursal del BankAtlantic que manejaba las cuentas como alguien “bien versado y capacitado en las técnicas y riesgos de lavado de dinero, incluyendo al mercado negro de cambio de pesos”, y los requisitos LSB. El gerente incluso integró uno de los comités antilavado de dinero del banco.
El gerente no sólo estaba “íntimamente familiarizado” con los titulares de la cuenta y la “naturaleza de sus negocios”, sino que también sabía que el esquema estaba diseñado para evitar a casas de cambio sudamericanas “restringidas”.
Cuando el BankAtlantic decidió cerrar todas sus cuentas de NSMs para protegerse frente a los riesgos de lavado de dinero en el 2002, el gerente abrió cuentas nuevas para esos clientes bajo nombres diferentes. Las nuevas cuentas pronto recibieron varias transferencias cablegráficas desde la cuenta encubierta de la DEA.
El gerente del banco ocultó la actividad al banco y nunca informó ninguna transacción sospechosa, según los informes del Departamento de Justicia, pero no ha sido formalmente acusado de ningún delito.
“El empleado está siendo aún investigado”, y podría enfrentar cargos por lavado de dinero, dijo Sierra. “Yo no descartaría eso”.
Confiscaciones del Departamento de Justicia
El Departamento de Justicia puede embargar los activos o fondos que hayan sido utilizados para cometer un delito o para disfrazarlos frente a un delito federal. En el 2003, el departamento comenzó a combinar esas confiscaciones con acuerdos de enjuiciamiento diferido.
El BankAtlantic es la tercera institución financiera que firma un acuerdo de ese tipo con el Departamento de Justicia por cargos de lavado de dinero. El Banco Popular de Puerto Rico sufrió la confiscación de US$21 millones, incluyendo una sanción monetaria civil concurrente de FinCEN, en el 2003. El AmSouth Bank fue sancionado con la confiscación de US$40 millones por el Departamento de Justicia y pagó US$10 millones en concepto de sanción civil monetaria a FinCEN en el 2004.
“Los bancos que omiten conocer adecuadamente a sus clientes y no monitorean sus transacciones para verificar la existencia de actividades sospechosas pueden ser explotados por los carteles internacionales de drogas, los lavadores de dinero profesionales, los terroristas, y otros criminales”, dijo Alice S. Fisher, asistente del fiscal general de la división criminal del Departamento de Justicia. “También pueden obtener una ventaja competitiva injusta dentro de la industria de servicios financieros”.
OTS actúa en nueva área
El BankAtlantic reservó la suma de US$10 millones a fines del 2005 en concepto de sanciones y se espera que la OTS emita una orden de cesar y desistir por violaciones a la LSB y las leyes de lavado de dinero, de acuerdo con las presentaciones realizadas ante la Comisión de Valores e Intercambio (por sus siglas en inglés, SEC). Sin embargo, nunca se dio a conocer el acuerdo pendiente con el Departamento de Justicia o que sus problemas efectivamente surgieran de una investigación criminal federal, aún cuando había aplicado una cifra 57 veces mayor que la sanción más alta nunca aplicada por la OTS.
Si bien otras agencias habían aplicado multas cada vez mayores por abusos de lavado de dinero, la OTS – que regula a todas las entidades de ahorro registradas en territorio federal y a algunas registradas en los estados – sigue siendo uno de los reguladores bancarios federales menos visibles y menos activos.
La sanción conjunta de US$10 millones emitida con la orden de cesar y desistir es de lejos la mayor jamás aplicada por la OTS, que también supervisa al Washington Mutual Bank, World Savings Bank, Citibank, Sovereign Bank y al ING Bank.
El regulador cuenta con 475 examinadores de cumplimiento para supervisar a 866 entidades de ahorro y a 486 compañías holding de ahorro y préstamo, dijo Tim P. Leary, asesor especial para cumplimiento LSB. Desde el 2002 hasta ahora, esos examinadores sólo emitieron 43 acciones de cumplimiento formales por violaciones a la LSB, incluyendo 10 sanciones monetarias civiles que fueron desde los US$1.400 hasta los US$175.000, de acuerdo con los registros de la OTS.
John Reich, director de la OTS, dijo que la acción “es un recordatorio de que las instituciones deben permanecer vigilantes” con relación a los programas efectivos sobre lavado de dinero.
Las acciones de la OTS también marcan la primera vez que la agencia inicia una acción de cumplimiento junto con una investigación criminal o una acusación del Departamento de Justicia, dijo Richard Sterns, asesor a cargo de cumplimiento de la agencia.
“Nuestro enfoque es negociar”, dijo.
La agencia generalmente consulta con otros reguladores, incluyendo FinCEN, antes de iniciar acciones formales de cumplimiento. Los funcionarios aplican las guías federales y la matriz para las sanciones monetarias civiles para evaluar las sanciones financieras, pero también aplican cierta discreción.
“La OTS adecua su respuesta de cumplimiento a los hechos en cada caso, incluyendo la consideración del tipo, severidad, cantidad y duración de las violaciones y deficiencias”, dijo un vocero de la OTS.
Otra sanción de FinCEN
FinCEN, que también aplicó una sanción concurrente de US$10 millones, se ha unido recientemente a otras agencias regulatorias y de cumplimiento para sancionar a los bancos por grandes sumas de dinero.
FinCEN, el Departamento de Justicia, la Oficina de Contralor de la Moneda y la Reserva Federal de EE.UU. sancionaron conjuntamente al Riggs Bank en el 2004 con una multa de US$25 millones. El banco posteriormente se declaró culpable de los cargos criminales y le confiscaron además una suma adicional de US$16 millones.
El año pasado, FinCEN, la Reserva Federal, la Oficina de Control de Activos Extranjeros y los departamentos bancarios de Nueva York e Illinois sancionaron al banco holandés ABN Amro con una multa civil por US$80 millones – la mayor jamás impuesta en EE.UU. – por violaciones a la LSB.
Debido a que el Departamento de Justicia, FinCEN y la OTS emitieron sanciones conjuntas al BankAtlantic por el mismo monto, los fondos serán depositados en un fondo general, aunque todavía no está claro cómo se distribuirá el dinero, dijo Sierra.
“Al trabajar juntos, en casos como éste, las agencias federales pueden aplicar sanciones y generar consecuencias serias y apropiadas sobre aquellos que temerariamente ignoran sus responsabilidades bajo la LSB para impedir que nuestro sistema financiero sea abusado por los criminales”, dijo el Director de FinCEN Robert Werner.
Corrigiendo deficiencias
Los funcionarios del BankAtlantic no esperan que las acciones criminales y civiles tengan impacto en los negocios o en las actividades conexas.
“No deberían en absoluto”, dijo el abogado Stearns. “Ellos reservaron el dinero hace mucho tiempo. Además, éste no es un acuerdo típico”.
El BankAtlantic gastó US$5 millones en cumplimiento desde que se detectaron por primera vez sus problemas a mediados del 2004, según los informes de la SEC. También hizo inversiones en software de monitoreo automático, creó un nuevo departamento de cumplimiento LSB y contrató a un equipo de expertos independientes para revisar las transacciones realizadas durante varios años en el pasado y presentar IASs sobre aquellas que se consideren sospechosas, de acuerdo con los registros.
“Hemos trabajado incansablemente para asegurarnos que estamos cumpliendo totalmente con la Ley de Secreto Bancario y otras leyes y regulaciones antilavado de dinero”, dijo Alan B. Levan, presidente y director ejecutivo del BankAtlantic. “Estamos contentos de dejar atrás estos problemas”.
