La investigación sobre presuntas irregularidades en el intercambio comercial entre Ecuador y Venezuela, arrojó como resultado que la Fiscalía General del Estado de Ecuador anunciara el bloqueo de ECU$ 57 millones en efectivo y 2 millones adicionales en bienes e inmuebles contra tres compañías (Pifo Garden, Fondo Global de Construcción y Escastel) que realizaban exportaciones ficticias y sobrevaloradas entre ambas naciones, lo que les permitía percibir grandes sumas de dinero que luego eran desviadas a paraísos fiscales.
Estas acciones están relacionadas a las investigaciones iniciadas a mediados de año, cuando las autoridades de Venezuela y Ecuador denunciaron posibles maniobras de lavado de dinero a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE) empleado para el comercio entre ambos países.
El sistema SUCRE comenzó a ser utilizado en el año 2008, por los países integrantes de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) –de la que ambos países forman parte-, como una unidad de cuenta común reemplazante del dólar estadounidense, para el comercio interregional.
Según los datos reunidos en la investigación, se pudo establecer que las tres compañías afectadas por la confiscación habrían cumplido la función de empresas fachada que simulaban “operaciones societarias, comerciales y financieras”, de acuerdo a reportes de la fiscalía, al Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Superintendencia de Compañías.
José Luis Jaramillo, fiscal que sigue el caso, indicó que estas operaciones no reflejan una compensación lógica entre el dinero recibido y las exportaciones realizadas, lo cual tiene una diferencia, en algunos casos, que supera el 1.000%.
En sus declaraciones, el Fiscal General Galo Chiriboga dijo que se trató de “operaciones irregulares de comercio exterior, abusando de los fondos públicos tanto venezolanos como ecuatorianos”. Por tal motivo se procedió a remitir los procesos a la justicia venezolana.
Además de las medidas de orden económico, tal es el bloqueo de las cuentas y bienes, también se logró el procesamiento de 19 personas de las cuales 10 se encontrarían prófugas, razón por la cual se procedió a la emisión de alertas rojas a través de Interpol para dar con la ubicación de estas personas y poder llegar a su captura y extradición si se diera el caso.
Las sospechas se originaron a raíz de una serie de irregularidades detectadas por las autoridades ecuatorianas mientras investigaban al Banco Territorial por los delitos de peculado bancario y lavado de dinero. Las transacciones sospechosas se centraron en 4 empresas que dejaron al banco y mudaron sus operaciones para la cooperativa Coopera, donde depositaron más de US$ 31 millones, lo que representaba más del 50% de todos los depósitos de esa cooperativa.
Señales de alerta
Durante las investigaciones, las autoridades detectaron varios indicadores considerados señales de alerta de operaciones ligadas al lavado a través del comercio internacional que es importante que el personal de cumplimiento conozca:
– Proliferación de compañías constituidas entre 2010 y 2012 que, simultáneamente a su creación, realizaron operaciones millonarias.
– Compañías que, en muchos casos, designaban direcciones inexistentes o falsas.
– Sobrefacturación en las operaciones de comercio exterior.
– Buena parte de los productos negociados no existe en el mercado.
– Muchas de estas empresas están a nombre de testaferros.
– Los recursos recibidos por las compañías ficticias en concepto de dineros compensados desde Venezuela permanecían no más de 72 horas en Ecuador para luego salir hacia paraísos fiscales y en algunas oportunidades volvía a Venezuela.
– Las empresas tenían socios extranjeros, en muchos de los casos, vinculados con el narcotráfico.
