Un mayor control sobre el traslado de divisas tendrá el gobierno de Bolivia a partir de este viernes 21 de noviembre, cuando entre en vigencia el Decreto Supremo #29681, mediante el cual las autoridades esperan garantizar la legitimidad del circulante para combatir el lavado de dinero.
El decreto que fue emitido el pasado 20 de agosto, establece “la obligatoriedad de personas naturales o jurídicas, públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras, a declarar la internación y salida física de divisas del territorio nacional, como también normar el registro y control de dichas operaciones”.
Según el Artículo 3 del decreto, el traslado de cualquier cantidad inferior a los US$50.000 requerirá que se llene un formulario ante el Banco Central de Bolivia (BCB); el traslado de efectivo en cantidades que van de US50.000 hasta US$500.000, estará sujeto a la aprobación del BCB; mientras que las cantidades superiores al medio millón de dólares necesitarán una aprobación del Ministerio de Hacienda.
La normativa establece en su Artículo 5, que la Aduana deberá remitir informes mensuales a la Unidad de Investigaciones Financieras con los formularios de las declaraciones juradas de todos los que transportaron cantidades en efectivo superiores a los US$10.000.
En relación a las sanciones, el decreto establece que los funcionarios de Aduana quienes deliberadamente o por negligencia no cumplan con estas responsabilidades, recibirán las sanciones establecidas en la Ley de Administración y Control Gubernamental. Mientras que las personas que no acaten la obligatoriedad de “la declaración jurada, o lo hiciera de forma imprecisa, o no cumpla con la autorización debida, será pasible a una multa del 30% del monto que se establezca de la revisión física del equipaje y el monto declarado, sin perjuicio de la acción legal que corresponda”.
Autoridades satisfechas
En una nota difundida por la Agencia Bolivariana de Información de Bolivia, el ministro de Hacienda, Luis Alberto Arce, explicó que con este decreto se busca conocer el monto de las divisas que circulan en el país y ayudar a controlar la inflación. “Traer dinero implica que hay mayor circulante o lo contrario, sacar dinero implica quitar circulante. Eso tiene que saberlo el ente emisor”, afirmó el titular de hacienda.
Por su parte, la Unidad de Investigaciones Financieras destacó que el control sobre la entrada y salida de divisas permitirá cumplir con las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el lavado de dinero. “La disposición tiene un fin preventivo y de control (…) lo que queremos es controlar y prevenir que se pueda cometer hacia adelante algún delito”, indicó el director del organismo, Rubén Saavedra.
Empresarios descontentos
A pesar de que el ministro de Hacienda, Luis Arce, explicó los beneficios que traerá la implementación del decreto, y aseguró que no representa un control de cambios, los empresarios manifestaron su descontento con la iniciativa.
“El decreto 29681 es un atentado contra la libertad de capitales, de comercio exterior y empresa. Que uno tenga que obtener el permiso del Banco Central de Bolivia o del Ministerio de Hacienda para la salida o el ingreso de divisas desincentiva las inversiones, porque más que un control financiero se trata de un control político”, señaló el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Gabriel Dabdoub Álvarez.
Para Álvarez, el hecho de pedir permiso para ingresar capitales es algo delicado. A su parecer, es el Gobierno quien debería facilitar canales para que los inversores muevan sus capitales, “las instituciones no deberían aumentar la burocracia, ése no es el camino, parece más un control del Gobierno que una medida técnica”, afirmó.
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