Por Juan Alejandro Baptista.
Durante los últimos meses la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en Bolivia, ha sido duramente cuestionada. La expulsión de Grupo Egmont, las malas calificaciones formuladas en su contra por el Departamento de Estado norteamericano y las críticas de distintos sectores por las operaciones de casinos rusos han sido los principales golpes propinados a la imagen de la nación suramericana.
Aunque Bolivia no es un centro financiero regional, el gobierno de Estados Unidos aseguró en su Reporte sobre la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos de 2009 (INCSR, por sus siglas en inglés) que el país suramericano “mantiene una débil política para enfrentar el lavado, el narcotráfico, la corrupción pública y el tráfico de personas. La mayoría de las entidades que mueven dinero no están bajo regulación. La UIF tiene una efectividad y un alcance limitado”. El gobierno boliviano rechazó inmediatamente el informe y calificó de “tozuda miopía” la visión que EE.UU. transmite de Bolivia.
Armando Ballesteros Nogales, jefe de análisis financiero de la Unidad de Investigaciones Financieras UIF de Bolivia, también criticó la opinión emitida en el informe, al afirmar que “en la medida de las posibilidades y del marco regulatorio establecido, los sujetos obligados y la UIF efectúan el control y la prevención de la legitimación de ganancias ilícitas, así como existen otras instituciones como la Policía Boliviana, que están luchando principalmente contra el narcotráfico”.
Ballesteros aseguró que ese tipo de opiniones emitidas en los reportes le hacen daño al sistema financiero boliviano “por la credibilidad en el sistema, interna y externa, por la relación que Bolivia tiene con los países de la región y por el riesgo reputacional, que no es excluyente al tema de lavado de dinero”.
El experto ALD explicó que “la UIF realiza inspecciones para verificar el grado de eficiencia de los sistemas de control ALD en las entidades financieras, habiendo comprobado que estas, han instituido unidades de cumplimiento ALD, designado un funcionario responsable, formalizado manuales de políticas y procedimientos, sistemas de detección y reportes de operaciones sospechosas, capacitación y otros mecanismos de control, en adecuación a las normas emitidas en Bolivia y a lo estándares internacionales”.
Otro gran problema para Bolivia fue la expulsión de la Agencia Federal Antidrogas norteamericana (DEA, por sus siglas en inglés) en noviembre de 2008. Es importante destacar que en septiembre del año pasado, también fue expulsado el embajador de Estados Unidos en La Paz – Bolivia, Philip Goldberg, por presuntamente haber apoyado un golpe de estado civil contra el presidente de la república, Evo Morales.
Por si fuera poco, este martes el gobierno formalizó la expulsión del segundo secretario de la Embajada de Estados Unidos, Francisco Martínez, a quien acusó de conspiración y declaró Persona no Grata. “Estados Unidos debe entender que Bolivia no aceptará injerencia en sus asuntos internos”, expresó Morales, según reseñó El Diario Exterior en su página web.
Fuera del Grupo Egmont
El pasado mes de diciembre Bolivia fue expulsada del Grupo Egmont –integrado por 107 UIFs de todo el mundo-, debido a que no cumplió con los requerimientos hechos por el organismo desde 2004 en materia de legislación contra el financiamiento del terrorismo. Ahora la UIF de Bolivia no puede acceder al Egmont Secure Web, que es la principal fuente de intercambio de información que tienen los miembros del grupo.
Armando Ballesteros lamentó que la UIF ya no cuente con los recursos que ofrece el organismo, uno de ellos es la información para “el proceso de investigación ALD que se realiza en Bolivia; el volumen de información que se pueda disponer y recibir para investigar es importante y, más aún, es importante la comunicación e información de unidades análogas si el investigado tiene operaciones en el exterior o ha transferido fondos al exterior. Los datos o información como materia prima de una investigación financiera deben conocerse, por eso es importante tener acceso a la información de otras Unidades, así como la reciprocidad de la UIF de Bolivia hacia ellos, como se ha venido operando hasta antes de la suspensión. La limitación que tiene Bolivia, no solamente perjudica a ella, sino a todos los países del Grupo, especialmente de la región, por lo que la medida debe ser sujeta a una reconsideración de su aplicación a la UIF de Bolivia”.
En el 2007, el Grupo Egmont le envió una Carta de Suspensión a Bolivia, debido a la débil legislación y al incumplimiento de los requerimientos hechos por el organismos a todos sus afiliados, quienes debían definir como delito el financiamiento al terrorismo en sus legislaciones y obligar a los sujetos obligados a presentar reportes de operaciones sospechosas (ROS) relacionados a esta materia.
“Bolivia ha atravesado procesos políticos importantes, como la asamblea constituyente, el referéndum disolutivo y referéndum constituyente, entre otros, lo que ha ocasionado que en su momento, las instancias que corresponden no hayan considerado y dado la prioridad necesaria” a los requerimientos del Grupo Egmont, explicó Ballesteros.
Pero la falta de iniciativa contra el terrorismo denunciada por Estados Unidos cuenta con un elemento agregado que no facilita las cosas para Bolivia: Irán. La estrecha relación diplomática y los acuerdos bilaterales entre ambos gobiernos son vistos como un elemento de alto riesgo en la región.
El asesor para proyectos de seguridad hemisférica del Center for Security Policy, ubicado en Washington D.C., Luis Fleischman, considera que “la estructura diplomática iraní puede ser usada para proteger a grupos terroristas”. El especialista agregó que la alianza de Irán con las naciones latinoamericanas “es para evitar sanciones financieras y para promover una presencia de Hezbollah… y eso pudiera incluir el apoyo a celulares terroristas, donde los iraníes pueden apoyar a grupos asociados con su gobierno y pueden actuar con grupos locales” (para más información, ver artículo Irán: diplomacia de alto riesgo para Latinoamérica).
Sin embargo, el gobierno iraní considera que su estrategia diplomática –que incluye a Bolivia- es positiva. El embajador de Irán en Ecuador, Mayid Salehí, afirmó que “quienes nos están manchando la imagen intencionalmente, dicen que la presencia de Irán no es constructiva. Yo digo todo lo contrario” (“Ecuador e Irán estrechan vínculos de cooperación energética” – Diario El Tiempo de Colombia – 03/11/08).
Actualmente, existe un proyecto de ley presentado a las instancias pertinentes para su consideración y análisis, actividad de la UIF que es de conocimiento del Grupo Egmont. “Corresponde hacer seguimiento a la aprobación de la ley, por lo que se tiene previsto concertar reuniones con las autoridades que están revisando el proyecto. Se debe tener en cuenta que la UIF ha tomado iniciativa en todo momento para evitar la suspensión y regresar al Grupo Egmont, indicó Ballesteros al precisar que la aprobación del texto legal se espera para los próximos meses.
Bolivia deberá reunir nuevamente todos los requisitos exigidos por el Grupo Egmont para aplicar nuevamente a su membresía. Además, su participación en el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) también corre peligro, debido a los retrasos que mantiene el gobierno en el pago de las matrículas exigidas por este otro organismo internacional, según señala el INCSR.
La gran sala de juegos
Uno de los grandes retos que enfrentan los oficiales de cumplimiento ALD / CFT en Bolivia son las transacciones relacionadas con los capitales y el dinero producto de las operaciones de los casinos y salas de juego. Numerosos inversionistas rusos y brasileños han abierto casinos a lo largo del territorio boliviano. Uno de los grandes operadores de casinos del mundo, la cadena de capital ruso Ritzio, ya tiene 15 salas operando y pronto abrirá 2 más, desde que ganó hace 5 años una licitación hecha por el gobierno.
A juicio de José María Penaranda, gerente del Bingo Bahiti, propiedad del consorcio Ritzio, “es normal que los inversionistas rusos se fijen en Bolivia, porque este es un país virgen en términos de inversiones” y ellos deben buscar otros mercados para operar, debido a las restricciones legales para los casinos que entrarán en vigencia el venidero mes de julio en Rusia, según informó la BBC de Londres en su página web.
Penaranda afirma que “la sala de Bingo Bahiti se ajusta a todas las leyes de juego, trae inversión extranjera y otorga mucha ayuda caritativa”. No obstante, algunas autoridades bolivianas no ven con tan buenos ojos la presencia de los casinos rusos y reconocen que estos representan un gran riesgo para la legitimación de capitales, ya que los casinos no están regulados por ninguna norma antilavado.
“La limitante es que no existe una ley sobre estos juegos de azar, que considere el control y prevención de la legitimación de ganancias ilícitas en estas actividades. Estas salas no son supervisadas. Los casinos no están en el alcance de la ley y decreto de la UIF”, explicó Armando Ballesteros, quien aclaró que “cuando las entidades financieras o sujetos obligados, tengan como clientes a los casinos y detecten una operación sospechosa, deben reportarla a la UIF”.
Este riesgo es aún mayor cuando se trata de operaciones íntegramente en efectivo, ya que no tienen ningún control por estar fuera del sistema bancario. A juicio de Ballesteros es necesario regular la organización, administración y actividad de las salas de juegos, que implique una supervisión de estas, por el alto riesgo que constituyen las transferencias de capitales del exterior para su funcionamiento y su fuente de generación, misma que es muy cuestionada. Por lo que la regulación y control debe ser a la organización, origen y ubicación geográfica. Actualmente, estas salas están registradas solamente en la “Lotería Nacional de Beneficencia”.
Por su parte, Héctor Cornejo, fiscal del distrito de Santa Cruz –un departamento de Bolivia-, afirma que el problema de los casinos es más grande de lo que parece: “Básicamente Santa Cruz se ha convertido en una pequeña Las Vegas, donde está llegando capital foráneo -principalmente de Rusia y Brasil- de las mafias y de otras personas ligadas a actividades de lavado de dinero”, según publicó el diario Miami Herald a principios del mes de febrero. Cornejo afirmó que “todo está relacionado: tráfico de armas, lavado de dinero, casinos, tráfico humano, prostitución, fraude y mafias organizadas”.
Se espera que en los próximos meses sea presentado ante las autoridades correspondientes un proyecto de ley para regular los casinos y obligarlos a cumplir las normas antilavado de dinero, que está actualmente en etapa de elaboración y estudio.
Marco regulatorio y acuerdos internacionales
Las operaciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) boliviana se basan en la modificación hecha al Código Penal mediante la Ley 1768, aprobada el 10 de marzo de 1997, cuyo artículo 185 ordena la creación de la UIF y además precisa que “El que adquiera, convierta o transfiera bienes, recursos o derechos, que procedan de delitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias controladas, de delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones o de delitos cometidos por organizaciones criminales, con la finalidad de ocultar o encubrir su naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o propiedad verdadera, será sancionado con presidio de uno a seis años y con multa de cien a quinientos días”. En esa Ley también se ordena el decomiso de bienes ilícitos procedentes del lavado de dinero (Art. 71).
En el año 1998 el Congreso boliviano aprobó la Ley del Mercado de Valores, con la cual se establecen controles sobre el mercado bursátil. Esta ley fue reforzada en el 2000 con una resolución administrativa emitida UIF-0024-00. En 1999, la UIF emitió la Resolución 032/99, que es un instructivo específico para las entidades de intermediación financiera. Luego en el año 2001, las autoridades bolivianas establecieron controles para las empresas aseguradoras, mediante la Resolución UIF-004/00. El 21 de noviembre de 2008 entró en vigencia el Decreto Supremo #29681, mediante el cual las autoridades boliviana establecieron controles sobre el dinero en efectivo que entra y sale del país, para garantizar su legitimidad y combatir el lavado de dinero.
Durante los últimos meses el gobierno de Bolivia ha firmado algunos acuerdos bilaterales para fortalecer la lucha antilavado. En enero de este año, Bolivia y Argentina firmaron un acuerdo para incrementar la colaboración y el intercambio de información relacionada a investigaciones internacionales de los delitos de tráfico de drogas y precursores químicos, tráfico de personas y blanqueo de dinero”.
Luego durante el mes de febrero, la Policía Federal de Brasil y la Policía Nacional de Bolivia firmaron el Convenio de Estrategia de Cooperación Policial 2009, mediante el cual esperan fortalecer los operativos contra el narcotráfico, el lavado de dinero y el contrabando de armas.
