El presidente George W. Bush convirtió en ley el proyecto de ley estadounidense Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act (reforma de inteligencia y prevención del terrorismo) de 2004.
Aprobado la semana por ambas cámaras en el Congreso de EE.UU., el proyecto contiene varias provisiones importantes que significan grandes cambios para los actuales esfuerzos antilavado de dinero y antifinanciación del terrorismo de EE.UU.
“La lucha contra la financiación del terrorismo se beneficiará enormemente si la ley logra su objetivo de crear un esfuerzo nacional más consistente contra el terrorismo que integre en una forma más efectiva a todas las agencias involucradas”, dijo Doug Greenburg y John Roth, miembros de la equipo de trabajo de la Comisión 9/11 y autores de la “Monografía sobre Financiación del Terrorismo”.
El proyecto de ley fue originalmente una respuesta a las recomendaciones de la Comisión 9/11, que fueron dadas a conocer el 22 de julio, sobre la reforma de la comunidad de inteligencia de EE.UU. Crea un nuevo puesto de director de Inteligencia Nacional, al igual que un Centro Nacional Contra el Terrorismo, como lo solicitaba la Comisión.
Bush dijo que la ley era “la reforma más drástica de nuestras capacidades nacionales de inteligencia desde que el presidente Harry S. Truman firmó la ley de Seguridad Nacional en 1947”.
Las provisiones de la ley específicamente relacionadas con la financiación del terrorismo y lavado de dinero incluyen:
–La creación de una red para compartir información que busca facilitar y promover la capacidad de compartir información sobre terrorismo dentro del gobierno federal, con los estados y con las agencias locales, y cuando sea apropiado, con el sector privado (Sec. 1016).
–Nuevos fondos por US$35,5 millones para la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés), la unidad de inteligencia financiera de EE.UU.
–Autorización para que se publique la Estrategia Nacional sobre Lavado de Dinero cada dos años, en 2005 y 2007, con un presupuesto de US$15.000 para cada una (Sec. 6102).
–La obligación para que el Tesoro imponga “ciertas” regulaciones de reportaje a las instituciones financieras en transmisiones electrónicas con otros países, si el departamento determina que el reportaje de tales transmisiones es “razonablemente necesario” para los esfuerzos antilavado de dinero y antifinanciación del terrorismo de EE.UU. (Sec. 6302).
–La imposición de un período de un año antes de que los reguladores bancarios puedan trabajar en las instituciones que examinan. (Sec. 6303 (b)).
–La obligación para que el Tesoro:
o Evalúe y reporte sobre el actual estado de los esfuerzos contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (Sec. 6303 (a)).
o Reporte sobre el trabajo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para impulsar regímenes antilavado de dinero y antifinanciación del terrorismo, y asegurar que el cumplimento por parte de los países de los estándares antilavado y antifinanciación del terrorismo del Grupo de Acción Financiera Internacional es “monitoreado en forma efectiva” (Sec. 7703 (a)).
o Proveer testimonio sobre el estado de la implementación de los estándares antilavado y antifinanciación del terrorismo por parte del FMI y otros bancos y organizaciones (Sec. 7703 (b)).
o Continuar organizando los grupos gubernamentales que trabajan con las políticas del GAFI (Sec. 7704).
–La creación de estándares mínimos para sacar licencias de conducir y documentos personales de identidad con “información general de identificación y capaz de ser leída por máquinas”, para uso de agencias federales.
Entre los congresistas responsables por las provisiones de lavado de dinero y financiación del terrorismo de esta ley se encuentran el senador Carl Levin (D-Michigan), y los diputados Michael Oxley (Ohio), y Sue Kelly (New York). Varias de las provisiones formaban parte de proyectos de ley individuales antes de ser incorporados en este proyecto de ley ómnibus.
