Por Brian Monroe.
Mayores controles para los sujetos obligados no bancarios y el fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera son algunas de las recomendaciones que se espera emita el próximo mes de diciembre un comité del Senado canadiense que está finalizando la evaluación de la estructura antilavado del país norteño.
El Comité Permanente Sobre Banca e Inversiones del Senado de Canadá espera publicar el informe a finales de este año. Durante los últimos meses, los legisladores han entrevistado a más de 60 individuos de distintos sectores sobre la efectividad de la ley antilavado de dinero de 2001.
Una copia del borrador preliminar del informe exige cambios estructurales en la Unidad de Inteligencia Financiera de Canadá y nuevas normas antilavado para las instituciones no bancarias, incluidos los prestamistas y los concesionarios de automóviles.
En declaraciones ante los senadores, los representantes del Departamento de Finanzas de Canadá, de las asociaciones bancarias y de la UIF canadiense -Centro de Análisis de Reportes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC por sus iniciales en inglés)-, solicitaron normas más estrictas de debida diligencia, mayor intercambio de datos entre los sectores público y privado, un nuevo poder de sanción monetaria y una revisión para determinar qué regulaciones son necesarias para los productos de acceso prepagado y las transacciones transfronterizas.
“Uno de los retos más importantes y actuales que vemos en nuestras instituciones es la incapacidad para identificar a clientes de alto riesgo y aplicar medidas de diligencia debida reforzada para estos clientes y sus actividades”, afirmó Christine Ring, el director del programa ALD de la Oficina del Superintendente de Instituciones Financieras (OSIF).
Algunos miembros del comité están preocupados por el “gran agujero negro” que representan para Canadá las empresas no reguladas, dijo Matthew McGuire, un experto antilavado de la firma de contabilidad MNP LLP. Los miembros del Comité también han cuestionado por qué Canadá enjuicia pocos casos de legitimación en relación a los miles de reportes de operaciones sospechosas presentados por las entidades financieras.
Para medir mejor la forma como debe ser reformada FINTRAC, los miembros del Comité se han reunido con funcionarios del Reino Unido y planean discutir el tema con representantes de la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN por sus iniciales en inglés).
Los resultados del informe se utilizarán para ajustar el régimen ALD de Canadá antes de una evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera prevista para finales de 2013.
