Uno de los principales retos de un oficial de cumplimiento español que trabaja para una multinacional norteamericana es afrontar la compatibilidad regulatoria entre la normativa del país de origen de la entidad y la regulación donde opera. Además de este conflicto, Carlos Agudo, jefe del área de cumplimiento de Citigroup España, tiene que lidiar diariamente con las operaciones del sector inmobiliario y de las remesas, dos sectores de alto riesgo que hay que vigilar para que la entidad no se vea sancionada como en anteriores ocasiones de las que Agudo asegura “que hemos aprendido”. En la siguiente entrevista, nos cuenta algunas de sus experiencias en la entidad y nos habla de la Tercera Directiva, además de otros temas de interés.
¿Cuáles considera que son los principales riesgos de su trabajo y de un oficial de cumplimiento en España en general?
El riesgo que consideramos de mayor importancia los oficiales de cumplimiento está relacionado directamente con el riesgo regulatorio, que es básicamente el nivel de expectativas que los reguladores tienen de las entidades, de los supervisores locales que hacen que las entidades necesiten tener el enfoque muy claro en el cumplimiento de las materias que son de enorme trascendencia y que tienen un impacto muy claro en la imagen de la entidad.
¿Considera que la Tercera Directiva es suficientemente rígida o debe fortalecerse más?
Creo que la Tercera Directiva tiene como gran ventaja el hecho de que produce un claro acercamiento hacia la normativa estadounidense que es más restrictiva. La legislación americana va por delante que la europea que ha sido más heterogénea y más laxa a la hora de exigir a las entidades. Uno de los aspectos más relevantes que creo significativo es la identificación del cliente, ya que la Tercera Directiva reproduce fragmentos de la normativa americana para luchar contra el lavado de dinero y lógicamente queremos que haya un frente común y que no haya lugares donde se puedan colar los blanqueadores.
En nuestro caso, las políticas de Citigroup están claramente limitadas entre la normativa americana y las políticas locales, lógicamente adaptada luego a la realidad de cada país y procurando que el cumplimiento de la norma interna implique consigo además el cumplimiento de la política local.
¿Se ha encontrado en alguna ocasión en que una normativa haya solapado a otra o hayan sido incompatibles?
Solapamientos se producen muchos y a veces se producen en situaciones que son difíciles o que son complejas de ajustar. Es poco frecuente, pero no imposible que se puedan producir incompatibilidades, sobre todo la política interna del banco lo que hace es establecer un principio en virtud del cual siempre que haya dos normas a aplicar prevalece la más estricta. Cuando la aplicación de la norma local implique no aplicar la política del banco, necesitamos una aprobación de Nueva York que nos autorice a no cumplir la política. Los casos más habituales están relacionados con sanciones, con ese tipo de normas restrictivas que vienen de Estados Unidos y que no están reconocidas por el derecho en otros países y ahí se pueden dar solapamientos.
España está inmersa en un intenso debate sobre el futuro de los paraísos fiscales y el intento de paralizarlos. ¿Qué opina al respecto de la polémica y cómo se podría solucionar?
Nosotros tenemos vinculación directa con algunos, como por ejemplo el caso de Andorra, que es un caso muy específico en España y muy cercano. Creo que en general hay una voluntad política clara de acabar con los paraísos fiscales, y se están aprobando ayudas y normas muy claras de apoyo a determinadas economías a las que se les pretende sacar de ese estatus. Claramente hay que luchar contra eso como es lógico, es un principio muy elemental donde la lucha tiene que ser mundial, porque el lavado es algo global. La voluntad esta ahí y la Unión Europea va a dar todo el apoyo.
El gobierno español alertó la semana pasada a las agencias de envíos de dinero que existen nuevas prácticas irregulares relacionadas con las remesas que favorecen las actividades de lavado. ¿Cuáles son los principales temores del sector en cuanto a las operaciones de lavado?
El gran problema que tienen es tecnológico. Es importante para poder tener herramientas suficientes que permitan la identificación de operaciones sospechosas. También tienen un problema importante en identificación de clientes; no se facilita la identificación del cliente, es una actividad que se ha incrementado en los últimos años sobre todo por el aumento de la inmigración.
Creo que el incremento del foco sobre este tipo de actividad, está produciendo una concentración. Eso va a producir un efecto de concentración en las remesadoras que se van a agrupar y que las pequeñas desaparecerán, porque no pueden hacer frente a las exigencias de tecnología. En los últimos años se les ha puesto mucha presión y vigilancia y en España están siendo un claro objetivo del propio supervisor, porque son conscientes de que a través de la actividad de esas entidades se pueden estar produciendo transacciones sospechosas.
¿El calificativo de sector de riesgo que se aplica al sector de las remesadoras es merecido o injusto?
Es un poco exagerado. El problema es la falta de control. Es una actividad con pocos controles y por tanto en el momento en que se adoptan las medias adecuadas en términos de documentar adecuadamente a los clientes, las operaciones sospechosas son menores que los que se producen en otros sectores. Hacía falta ese control… hace unos años tenían poca actividad, pero en el momento en que eso aumenta, hay que determinar que parte de ese incremento corresponde a un incremento natural y que parte es de otras entidades utilizando esos canales para hacer lo que no pueden hacer los bancos. Eso no quita que el sector deba estar sujeto a controles estrictos.
Los especialistas del Banco de España investigaron a lo largo del año pasado 2.783 operaciones sospechosas de servir para allegar fondos a los terroristas nacionales y a la Yihad Internacional.¿Qué controles se ejercen en Citigroup para detectar este tipo de operaciones?
Los controles que tenemos en Citigroup España contemplan todas las actividades que puedan ser susceptibles de ser calificadas como blanqueo de capitales. Tenemos como todas las entidades dos grupos de acción muy claramente enfocados en la prevención como la identificación en el momento de iniciar la relación donde tenemos un problema muy sólido; y luego tenemos la parte de vigilancia transaccional y monitoreo de actividad. Tanto en la fase de identificación previa como en la fase de vigilancia de clientes se contempla el terrorismo y es muy relevante, y lo tenemos incorporado en nuestros procedimientos. La financiación del terrorismo se puede hacer de manera muy dispar y con importes pequeños y difíciles de vigilar.
España es una pieza clave en lo que se conoce como “la nueva ruta de la droga” que viene desde Colombia hacia el mercado europeo. ¿Considera que los oficiales de cumplimiento españoles están preparados para enfrentar los riesgos de lavado?
En general, el grado de preparación de cara a la vigilancia de la actividad de los clientes en España es muy elevado y yo he estado en muchas reuniones y foros fuera de España hablando de prevención y monitorización, y la verdad es que me quedé sorprendido, ya que en general las entidades españolas están muy preparadas en lo que se refiere a herramientas de vigilancia de transacciones y monitoreo.
Una de las facetas en las que estábamos por detrás de países de nuestro entorno era en el tema de la identificación, sobre todo por influencia de la legislación española y europea, donde se hacía más hincapié en identificar a los clientes, pero en términos de vigilancia hay herramientas muy potentes y bien preparadas.
El boom del sector inmobiliario en España dio lugar al destape de muchas operaciones de lavado en el sector por parte de agencias y funcionarios públicos, ¿qué medidas de prevención se podían haber aplicado para evitar que ese sector fuera utilizado para lavar?
El gran problema desde mi perspectiva es una falta de acción conjunta. Los bancos podemos hacer mucho a la hora de prevenir el blanqueo, pero es verdad que el desarrollo de la actividad inmobiliaria no pasa sólo por los bancos. Hay una clara voluntad política de atacar este tema y no hay que criminalizar ninguna actividad, pero en España hay más riesgo en cualquier persona del ámbito político que esté vinculada a temas urbanísticos, que una persona que esté en otra actividad. Bajo uno de los grandes principios de la Tercera Directiva y sobre todo basándonos en el riesgo en los temas inmobiliarios tenemos que ajustar nuestras herramientas con la colaboración de notarios y abogados, y tener una mayor claridad y ejecución más firme con las figuras públicas.
Citigroup ha estado envuelto en ciertas polémicas y ha recibido varias sanciones por parte de órganos reguladores. ¿Qué es lo que ha aprendido el área de cumplimiento de todo esto y qué nuevas medidas han aplicado a raíz de esas experiencias?
Desgraciadamente al ser una entidad tan grande tiene un nivel de exposición muy grande… aprender de los errores es muy importante y creo que se ha hecho. Desde hace 2 o 3 años se contrató en Estados Unidos a consultores que venían de organismos reguladores, conocedores de la realidad de prevención de lavado.
Además, en el tema de la correcta identificación del cliente y la vigilancia transaccional, se ha hecho una inversión muy importante en herramientas de transacciones globales y uno de los aspectos en los que más enfoque ha habido es en procurar que el esfuerzo de prevención sea homogéneo en todos los países donde Citigroup opera. También se ha creado una unidad en Estados Unidos que se dedica no sólo a legislar internamente para la corporación, sino también a asegurar a la alta dirección del banco que esas normas que se han promulgado internamente se aplican de forma consistente en todos los países.
