Por Carla Valero
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Las casas de cambio chilenas deberán identificar a todo cliente que realice cualquier transacción de US$5,000 o más con el nombre, el sexo, la nacionalidad, el número de cédula nacional, la profesión, la dirección y el teléfono de contacto.
La reciente desarticulación de una red internacional liderada por la familia Mazza que lavaba dinero a través de casas de cambio chilenas y que desató una polémica sobre la ligereza de la regulación en este sector, ha llevado a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile a emitir nuevas regulaciones sobre el sector.
El límite de los US$5,000 también se aplica en las transferencias internacionales, en las cuales el emisor deberá realizar una declaración firmada citando el origen y destino de los fondos (hasta ahora este proceso se hacía sólo con transacciones que superaban los US$15,000).
Además, las casas de cambio deberán almacenar y mantener todos estos reportes de transacciones por un período mínimo de cinco años, según lo establece el artículo quinto de la Ley 19.913, o enfrentar una posible multa de hasta US$16,000.
Según la UAF, esta medida responde en parte a las críticas que la organización internacional GAFISUD emitió sobre Chile en su última evaluación sobre la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. El informe destacaba entre otras debilidades del país, que era necesario fortalecer la escasa regulación, supervisión y control de las casas de cambio, que están obligadas a reportar sus actividades a la UAF.
La normativa emitida el pasado 11 de mayo, se hizo pública a través de la circular n. 0018, que hace referencia al artículo segundo de la Ley 19.913 sobre prevención de lavado de dinero. Es obligatoria para todas las casas de cambio, las empresas de transferencia de dinero y las empresas de transporte de valores y dinero.
Competencia de los bancos
La normativa ha disgustado a las casas de cambio, que no ven con buenos ojos que los bancos no entren dentro de los sujetos obligados, lo que puede poner en peligro el negocio de las casas de cambio por pérdida de clientes.
Ian Steinsapir, oficial de cumplimiento de la casa de cambio chilena Transpacific, dijo que esta medida supone “un obstáculo más para dificultar el lavado”, pero critica que “no ha sido emitida para todos los actores del mercado como los bancos, que en Chile también forman parte del mercado cambiario y ahora han quedado fuera de esta medida porque a ellos no les obliga”.
Por su parte, Carlos Grossman, presidente de cambios Inter, una de las casas de cambio con mayor volumen de transacciones en Chile que diariamente recoge múltiples operaciones que superan los US$5,000, dijo que mientras “esta medida no nos ha tomado por sorpresa”, el problema lo van a tener las “casas de cambio con menos recursos que van a tener más dificultades para implementar la normativa”.
Los sujetos obligados en Chile deben tener un manual antilavado que debe contener: detección y reporte de operaciones sospechosas, el nombramiento de un Oficial de Cumplimiento, tal y como lo establece el artículo tercero de la Ley 19.913, y la capacitación del personal. Las sanciones por falta de cumplimiento según la ley podrán llegar hasta los US$180,000 e incluso triplicarse en caso de reincidencia.
El caso que trajo la polémica
El pasado mes de marzo la policía chilena desarticulaba una banda internacional liderada por la familia Mazza que había lavado en los últimos cuatro años más de US$280 millones a través de casas de cambio y del contrabando de efectivo.
La policía descubrió que el dinero procedente del narcotráfico en Colombia era trasportado en efectivo hasta Chile a través de un mensajero en avión que lo llevaba en una maleta y lo dejaba en una casa de cambio donde lo recogía otro mensajero que lo introducía en EE.UU. Allí lo depositaban en varias cuentas de la casa de cambio chilena en los bancos Harris Bank de Chicago, JP Chase de Michigan, HSBC, Wachovia, Citibank, Standard Chartered Bank y la sucursal del Banco de Chile en Nueva York.
Una vez depositado en esas cuentas, se traspasaba a las cuentas de casas de cambio colombianas involucradas, quienes realizaban trasferencias electrónicas a bancos en Colombia, donde llegaba finalmente el dinero lavado.
