Por Carla Valero
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Los casinos chilenos deberán implementar antes del 31 de octubre un programa de cumplimiento antilavado que deberá incluir una política de conozca su cliente, diligencia debida mejorada sobre las Personas Expuestas Políticamente (PEPs), capacitación de personal, y auditorias internas.
Antes de esta nueva medida, los casinos tan sólo debían nombrar un oficial de cumplimiento, contar con un registro de las transacciones en efectivo superiores a US$ 16.000, y enviar reportes de operaciones sospechosas a la UAF.
La Unidad de Análisis Financiero chilena (UAF) junto con la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) emitieron esta regulación para que la industria del juego y los casinos chilenos cumplan con las recomendaciones que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Según Francisco Javier Leiva, Superintendente del CJS, “la nueva instrucción tiene cuatro puntos pero principalmente nos interesa el concepto ‘conozca a su cliente’, aspecto básico para evitar las operaciones de lavado en el casino y salas de juego del país, y en el cual requerimos una especial atención a las PEPs”.
Para Hernán Peñafiel, del Consejo de Defensa del Estado de Chile, “esta nueva medida era una necesidad, es lo mínimo que podía existir, y va a servir para proteger a este sector vulnerable que creció tan de repente bajo una gran inversión”.
Según Gonzalo Torre, director del proyecto Casino del Pacífico, “se trata de una buena iniciativa pues busca establecer ciertos resguardos y estructurar la industria del juego con legitimidad, credibilidad y transparencia”.
La normativa requiere que los casinos implementen cuatro controles principales:
1. Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT): un Comité integrado por la junta directiva o administradores de cada sociedad operadora del casino deberá crear el SPLAFT, que incluirá una política de conocimiento y registro de clientes y normas preventivas de lavado de dinero.
El SPLAFT será monitoreado por la junta directiva de cada empresa, y será evaluado antes de su implementación por la UAF y la Superintendencia.
2. Política de conocimiento y registro de clientes: identificar, conocer y almacenar por un plazo mínimo de cinco años la información de las personas que realicen operaciones iguales o superiores a US$ 3.000. En estos casos deberá requerir el documento original y determinar el nombre, nacionalidad, número de cédula de identidad o de pasaporte, profesión, dirección, país de origen o de residencia y teléfono de contacto.
La normativa también requiere una diligencia debida mejorada sobre PEPs, y los define como personas que ejercen o han ejercido cargos públicos. Pero no cita nada sobre los familiares directos y su entorno. Al preguntar a la UAF por esta omisión en el texto dijeron que no lo especificaron porque “la definición de PEP que aplica a la normativa es la que da GAFISUD donde sí se recoge el concepto de familiar directo y entorno”. Por su parte, Peñafiel entiende que “este pequeño malentendido de concepto puede ser debido a que la normativa recién se aplica a los casinos y en Chile es un tema que aún está muy verde y queda mucho por discutir”.
3. Capacitación de personal: se deberá realizar por lo menos una vez al año sobre la prevención de lavado y sus consecuencias, las obligaciones de los empleados en cuanto a la detección de señales de alerta, y la aplicación de los procedimientos adecuados frente a las operaciones sospechosas.
4. Auditorias internas: los casinos deben evaluar el sistema y verificar el funcionamiento de su SPLAFT, ya que posteriormente la UAF y la Superintendencia realizarán una evaluación para determinar el cumplimiento de la normativa. En caso de que se encontraran fallas en el sistema aplicado o el casino no cumpliera con los requisitos, los dos organismos reguladores podrían sancionar administrativamente a los casinos.
Las sanciones que puede aplicar la UAF van desde la amonestación hasta una multa de US$29.000. La Superintendencia puede aplicar sanciones de hasta US$5.200.
Según Leiva, “obviamente, siempre existe la posibilidad de aplicar la sanción última de revocación del permiso de operación”.
Un proceso en marcha
Según Peñafiel, “esta normativa no se ha creado hasta ahora porque no era un objetivo prioritario. Primero hemos pasado por un complejo proceso de adjudicación de licencias a varias empresas que competían por abrir un casino y ahora viene la segunda parte que es la de implementar la normativa”.
A pesar de no tratarse de un tema prioritario, Torre recuerda que “estamos frente a la consolidación importante de una nueva industria”, y que “hay que destacar que la normativa es de carácter preventivo, más que erradicador ya que trata de mantener a los casinos de juego bajo los estrictos estándares de transparencia y credibilidad con que operan”.
